El Gobierno andaluz de PP y Cs rechaza “por defectos de forma” la norma de Vox que derogaba la Ley de Memoria Histórica

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ha rechazado tomar en consideración la proposición de Ley de Concordia, presentada por Vox, aliado de legislatura del Ejecutivo de PP y Ciudadanos. La Junta esgrime “defectos de forma”, aunque los populares y los naranjas ya habían avanzado que el texto alternativo de su aliado no estaba bien trabajado -tiene tres folios y el primer artículo es el derogatorio de la Ley de Memoria- y, sobre todo, no está consensuado con los grupos de izquierdas de la oposición, PSOE y Adelante Andalucía.

La Junta mantiene su intención de sustituir la Ley de Memoria por una nueva Ley de Concordia, pero de momento ha frenado las prisas de su aliado. En las últimas dos semanas, el grupo ultraderechista ha visto cómo el Ejecutivo andaluz daba carpetazo a varias propuestas suyas comprometidas en los acuerdos firmados con PP y Ciudadanos: el rechazo al mal llamado pin parental o veto de las familias a los contenidos curriculares de sus hijos en el colegio; el rechazo a “eliminar las zonas educativas” para propiciar un aumento de la escuela concertada en función de la demanda social; y la negativa a derogar de inmediato la Ley de Memoria.

El rechazo del Consejo de Gobierno a esta iniciativa, que será trasladado al Parlamento de Andalucía, advierte de que en el texto de la propuesta de ley de Vox debería concretarse el concepto de víctima para clarificar el colectivo al que se dirige. Además, señala que “no se incluye ninguna previsión” de las actuaciones de la Administración en relación con los derechos de los interesados para conocer el paradero de las víctimas desaparecidas.

La Consejería de Cultura también afea al grupo de extrema derecha que su iniciativa legislativa no regula el procedimiento específico para rehabilitar el derecho de los familiares a conocer el paradero de dichas víctimas, y entiende que este “contenido mínimo” debe establecerse. “La proposición de ley ”carece de la regulación de un régimen sancionador aplicable en el caso de que se vulneren los derechos de los familiares“, afirma el razonamiento de la Junta, que concluye que el texto de Vox ”deja muchos aspectos fundamentales sin regular“.

El texto que ha registrado Vox tiene tres páginas y media, una extensión inusualmente corta para una ley que pretende sustituir a la profusa y extensa Ley andaluza de Memoria. La norma de Vox limita la condición de víctima a los muertos -“los caídos”- en la Guerra Civil, y deja fuera a los represaliados durante 40 años de franquismo. Mantiene la localización y exhumación de fosas, pero paraliza los trabajos de investigación de asociaciones memorialistas o instituciones.

La premisa que se marcó el presidente Juan Manuel Moreno y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, era sacar adelante esta nueva ley “con un consenso mayor” que la actual Ley andaluza de Memoria Histórica.

Aquella fue aprobada en la pasada legislatura por el Parlamento sin ningún voto en contra, ya que los diputados de PP y Ciudadanos se abstuvieron después de largas sesiones de trabajo para consensuar un texto de mínimos. Ahora tanto los populares como los naranjas admiten que esa norma “no les gusta” y han abrazado la exigencia de Vox, recogida en el acuerdo de investidura firmado entre PP y los de Santiago Abascal, para cambiarla por una Ley de Concordia. La Junta admite, de forma extraoficial, que lograr un consenso mayor sobre este asunto en esta legislatura es prácticamente imposible, dada la polaridad de la vida parlamentaria.