Andalucía recobra su autonomía financiera tras 8 años y coloca 600 millones de deuda en los mercados

El pasado 14 de septiembre, el Consejo de Ministros del muy reciente Gobierno de Pedro Sánchez autorizó a la Junta de Andalucía volver a salir progresivamente a los mercados para financiarse, abandonando así la dependencia del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un instrumento de inyección de capital del Estado a las comunidades con más dificultades para sostener sus servicios públicos y plena crisis y pagar a tiempo a sus proveedores.

Andalucía ha estado sujeta a las condiciones del FLA -que implican una tutela política y económica por parte del Gobierno central- desde 2010. Fue la ex consejera de Hacienda, María Jesús Montero, quien firmó la solicitud para librarse de esa tutela por parte del anterior Ministerio de Hacienda, en manos de Cristóbal Montoro, y empezar a colocar deuda pública en los mercados privados. Y ha sido la propia Montero, ahora como ministra, quien ha firmado esa autorización, según adelanta el diario Expansión.

La Junta de Andalucía preparaba una colocación de bonos sénior a 10 años, aunque finalmente la colocación de bonos ha sido mayor: 600 millones de euros frente a los 500 millones que se barajaron en un principio. La demanda se ha elevado hasta la cota de los 1.300 millones de euros, permitiendo rebajar el diferencial respecto al coste de financiación del Tesoro Público hasta los 29 puntos básicos desde los 33 puntos básicos barajados inicialmente. El cupón final de la emisión se ha fijado en el 1,875%, según el citado diario. La Consejería de Economía, que ahora dirige Antonio Ramírez de Arellano, ha confirmado estas cifras. Por prudencia financiera, Andalucía aún no puede financiarse en los mercados a más de 50 puntos básicos sobre el interés que pagaría el Tesoro.

Desde principios de septiembre, el departamento que dirige Arellano ha mantenido contactos con algunas entidades financieras y expertos en colocación de deuda pública en Barclays, BBVA, Crédit Agricole, HSBC y Santander, en busca de potenciales inversores a nivel nacional e internacional.

Siendo aún consejera de Hacienda del Gobierno andaluz, Montero siempre se había quejado de los elevados intereses que el Ministerio de Hacienda imponía a las comunidades autónomas sujetas al FLA -1.800 millones desde 2011, según cálculos de la consejería-, además de las limitaciones a la hora de disponer para qué se destinaba este dinero, que básicamente era para pagar a proveedores y reducir la deuda pública.

La Junta contaba con el respaldo del Parlamento de Andalucía que hace unos meses aprobó una proposición no de ley (PNL) instando a solicitar la salida a los mercados privados. Contaba, para ello, con una valoración positiva de las agencias de calificación, que en sus últimos informes le habían dado un voto de confianza a la comunidad autónoma por su reducción de la deuda pública. El saneamiento de las arcas de la Junta de Andalucía, el cumplimiento del objetivo de déficit en los últimos años, la contención de la deuda pública y el pago a proveedores en tiempo y forma ha devuelto la confianza de los inversores privados en muchas comunidades, que en 2010 retiró los préstamos a las autonomías con una elevada prima de riesgo.

Andalucía es la primera comunidad autónoma española, de entre las que recurrieron al FLA, en volver al mercado. Castilla y León, Canarias, Galicia, Asturias, Madrid, La Rioja, País Vasco y Navarra no están adheridas al FLA. Baleares también cuenta con la autorización del Consejo de Ministros para volver al mercado, aunque esperará a 2019 para apelar a los inversores.