Andalucía rechaza más autonomía fiscal sin una reforma del sistema de financiación
La Junta de Andalucía rechaza una mayor autonomía financiera para las comunidades autónomas como la que se ha dejado entrever “con globos sonda” desde el Gobierno de la Nación tras la reforma fiscal aprobada en el último Consejo de Ministros, porque entiende que primero debe abordarse un cambio en el sistema de financiación de las autonomías que garantice que éstas pueden prestar los servicios públicos. Lo ha explicado este martes la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien tras arremeter contra “la presunta reforma fiscal” del Gobierno de Mariano Rajoy, ha dejado claro que Andalucía no comparte que la presumible caída de los ingresos se quiera compensar a costa de que las comunidades autónomas incrementen los tributos que les corresponden o incorporen algunos nuevos.
“Mientras no haya un nuevo modelo de financiación y no se garanticen los recursos mínimos para los servicios públicos, la Junta de Andalucía no va a estar de acuerdo con una mayor autonomía fiscal ni en materia de impuestos medioambientales ni en ninguna otra”, ha dicho la consejera. Y precisamente ha criticado que en el orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará (CPFF), que tendrá lugar este jueves en Madrid, no figure nada en relación con el modelo de financiación, pese a que los últimos meses las comunidades autónomas elevaron sus correspondientes informes para intentar mejorar el modelo, incluida Andalucía, tal y como les requirió el Gobierno de España.
Por ello, pese a que no está en el orden del día, la Junta de Andalucía sacará el tema en la reunión de esta semana y espera que lo hagan otras comunidades autónomas. “Éstas no son las reglas de juego y el Gobierno de España no puede jugar el papel de bajar él los impuestos y, conocedor de que las comunidades autónomas van a recibir menos ingresos, darles la patata caliente de que sean ellas las que los suban de cara al programa de estabilidad planteado ante Bruselas”, ha reprochado María Jesús Montero.
Ésta ha querido dejar claro que este asunto no tiene nada que ver con la fiscalidad ecológica incluida en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE-A e IU porque se trataba de un impuesto “disuasorio”, tendente a reducir prácticas que son agresivas con el medioambiente, mientras que entiende que el Gobierno de la Nación plantea un tributo “con afán recaudatorio que nada tiene que ver con esto”. De hecho, ha dejado claro que su departamento abordará “en su momento” este punto incluido en el acuerdo que rubricaron los dos socios del Gobierno de Andalucía.
Posible derogación “ilegal”
Por otro lado, ha criticado que entre los cambios impulsados por el ministerio de Cristóbal Montoro se incluya que las comunidades autónomas revisarán, con fecha tope del 31 de enero de 2015, la parte que les corresponde de la recaudación por el IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) por entender que “no se puede derogar por esta vía una norma que es competencia de las autonomías”. En este sentido, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian hasta qué punto puede el Gobierno de la Nación obligarlas a modificar sus tramos dando por sentado que queda “derogado” un sistema previamente establecido por las mismas. Quieren comprobar si esto pudiera ser “ilegal”.
De igual modo, pese a que esta reforma fiscal supondrá una merma en los ingresos, no se podrá apreciar hasta el año que viene. Entretanto, la Junta de Andalucía tiene que trabajar ya con las previsiones para los presupuestos autonómicos de 2015 y la consejera insiste en pensar todavía que pueden ser “expansivos”. Quiere ser cauta hasta conocer las previsiones de ingresos a cuenta, en prinicipio dentro de unos días. Éste es el dinero que el Gobierno de la Nación pasa a las autonomías y que representa prácticamente el 90% de los ingresos de los que disponen para sus cuentas. En caso de que no hubiera un incremento con respecto a lo estimado para el presente ejercicio, “no sería entendible en un contexto de mejora de la economía como el que está vendiendo el Gobierno de España”, entre otras cosas porque ha estimado “un incremento de los ingresos por el IVA de entorno a un 5%”.
Ese dinero lo quieren ver las comunidades autónomas reflejado en los ingresos a cuenta. Si no, será “imposible” preparar los presupuestos autonómicos para el próximo año, como ha advertido María Jesús Montero, quien ha recordado que sólo para cumplir las exigencias del déficit fijado en dicho ejercicio -0,7% del PIB, o sea tres décimas de recorte con respecto a lo fijado para 2014- se contaría con unos 400 millones de euros menos, “lo que Andalucía no se puede permitir”.
Paralelamente, la Junta de Andalucía no renuncia a pedir que el Gobierno de España no renuncie a las tres décimas sobre lo exigido por la Unión Europea para el equilibrio presupuestario del país. Cabe recordar que Mariano Rajoy prometió a Bruselas que España acabaría con un déficit del 5,5% en lugar del 5,8% estipulado. Andalucía quiere que ese 0,3% de margen “se reparta entre las comunidades autónomas en lugar de regalarlo”, de manera que por ejemplo Andalucía podría acabar este año con un déficit del 1,3% en lugar del 1% al que está obligada y así contar con unos 400 millones de euros más para “sus políticas sociales” y, sobre todo, para pagar el complemento de las pagas extra que los empleados públicos llevan sin cobrar desde 2012.
