Andalucía tiene casi 110.000 demandantes y un número impreciso de VPO vacías
Todos los partidos con responsabilidad de Gobierno en la crisis de la Corrala Utopía -el PSOE e IU en la Junta de Andalucía y el PP en el Ayuntamiento de Sevilla- han hecho referencia durante el conflicto a los miles de demandantes de vivienda protegida que hay en Andalucía. ¿Cuántos son exactamente?: a 31 de marzo de 2014, los inscritos en los registros ascienden a 108.076 personas en 414 municipios de la comunidad autónoma. Frente a las personas, miles también de viviendas libres y protegidas desocupadas: concretamente, 637.221, según el último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que representa el mayor porcentaje de todas las comunidades autónomas: 18,5% del total de vivienda ofertada.
Pero no se ofrecen en concreto el total de VPO vacías, más allá de cifras sueltas: 528 que la Consejería de Fomento y Vivienda le ha contabilizado al Ayuntamiento de Sevilla; 1.096 en manos de la banca que se enfrenta a multas millonarias por no haberlas puesto a disposición de los registros de demandantes; un 8% de las 29.251 de promoción estatal y autonómica entre los años 2009 y 2012, es decir, más de 2.300... ¿Pero cuántas VPO vacías tiene, si las tuviera, el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo? La Junta de Andalucía ha asegurado que está trabajando en la recopilación de todos estos datos.
Partiendo de que todos los inscritos en los registros de VPO no quiere decir que tengan derecho a una vivienda protegida ni tampoco que, llegado el caso, vayan a aceptarla o a poder hacerlo, sí es clarificador el caso de los demandantes especialmente vulnerables y con riesgo de exclusión social. En la capital hispalense, rondan el millar, según fuentes municipales. Se suman a esos “más de 12.000 demandantes” de VPO de los registros a los que se referían la pasada semana la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, al que tanto el PSOE-A como IU le echan en cara 528 viviendas protegidas vacías.
El alcalde argumenta que están “en proceso de adjudicación”, defendiendo que a sus destinarios no se les van a colar por delante “los que optan por dar la patada en la puerta”, en referencia a la ocupación de la Corrala Utopía. Y entretanto, sobre estas viviendas sobrevuela la amenaza de los fondos buitre, como han insinuado tanto IU como el PSOE en reiteradas ocasiones. Estos fondos buitre podrían interesarse por un parque al que está costando dar salida porque la mayoría son en régimen de venta y no hay muchas familias que estén en condiciones de comprar ahora en medio de la crisis. Es decir, casas complicadas de encajar cuando los posibles adjudicatarios no consiguen crédito.
De hecho, respecto a las causas de que existan VPO desocupadas, la Junta de Andalucía reconoce a Soledad Becerril, Defensora del Pueblo que detecta que el mayor porcentaje “se debe a la falta de adaptación del parque ofertado a la demanda existente, incluida la dificultad de financiación a los adjudicatarios de viviendas protegidas en régimen de propiedad”. Viene expresado en el informe monográfico del Defensor del Pueblo, que recogía que entre 2009 y 2012 se habían calificado definitivamente en Andalucía un total de 29.251 viviendas protegidas. Estas casi 30.000 están las financiadas tanto con planes estatal como autonómico, pero no incluye las de iniciativa municipal. Según este estudio, un 8% de esas viviendas protegidas de nueva construcción no tienen contrato de adquisición, es decir, siguen aún vacías. No se dice mucho más. El propio Defensor del Pueblo reconoce “las dificultades para tener una cifra”, porque muy pocas comunidades autónomas diferencian entre viviendas protegidas desocupadas no disponibles (por ejemplo, por haber ocupantes ilegales o por necesitar reparaciones y arreglos) y disponibles.
Posibles soluciones
La propia Junta de Andalucía se ha impuesto como obligación no acumular VPO vacía. Para ello ha optado por pasar de la venta al alquiler para librarse del stock que ha reconocido que tenía. Hace un año tenía 638 en esta situación y, a 31 de diciembre 2013, ya había adjudicado 501 a demandantes incluidos en los registros. Se trabaja “para poner el contador a cero”, apuntan desde la Consejería.
Paralelamente, tanto PSOE-A como IU han criticado que el Gobierno de España ponga trabas a los instrumentos ideados en Andalucía para intentar solucionar este problema. El más importante es la Ley de la Función Social de la Vivienda, que fue recurrida en el Tribunal Constitucional (TC), y que contempla la expropiación temporal a personas jurídicas que no sacaran al mercado del alquiler sus viviendas vacías. Precisamente, este martes recibía la Junta de Andalucía otro varapalo: el TC no va a levantar la suspensión cautelar que pesa sobre los artículos más importantes de la norma. Sí está en vigor el que permite multar por no poner la información relativa a sus VPO a disposición de los demandantes. Esto ha permitido saber que nueve entidades bancarias han ocultado 1.096 VPO vacías en la comunidad autónoma, la mayor parte de la Sareb, con 911. Por ello, se enfrentan a sanciones que superan los 120 millones de euros.
