Andalucía culmina la segunda expropiación de una vivienda con la posibilidad de recurso todavía de fondo
Omar Abattouy y Umkiltoun Sarroukh, con cuatro hijos de entre 7 y 16, residentes en una vivienda de 55,62 metros cuadrados en Torremolinos (Málaga), se han convertido este martes en la segunda familia sin recursos que se libra de terminar sin un techo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la segunda expropiación contra Banesto -temporal porque es por tres años como máximo- de una propiedad desde la entrada en vigor hace dos meses de la Ley de la Función Social de la Vivienda. Es el segundo expediente que se completa -hay 33 abiertos y un centenar en trámite- y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha querido dar cuenta de él para celebrar que “en Andalucía se está haciendo justicia social”. Y se ha alegrado también por que se haya aprobado en el día en el que se conmemora el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ha reconocido, no obstante, que de fondo sigue la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley por parte del Gobierno de la Nación, que tenía cinco meses para hacerlo. De hecho, la Junta de Andalucía, no descarta que esté buscando el momento político más idóneo para hacerlo, igual que en su día recurrió el decreto que precedió a esta ley y que había sido aprobado en abril. “Vuelvo a pedirle por enésima vez que convoque la comisión bilateral para intentar solucionar por esta vía, perfectamente legal, los puntos de conflicto”, ha recalcado, convencida en todo caso que no hay ninguna inconstitucionalidad en la norma. Es más, tiene muy claro el mecanismo de la ley más allá de su filosofía: igual que se expropian terrenos, por ejemplo para hacer una carretera, por el interés general, en Andalucía se pueden enajenar ahora viviendas para que sus habitantes no crucen el último peldaño que los llevaría a la exclusión social.
En la misma línea, ha insistido en que el Gobierno de Andalucía “tiene un objetivo innegociable contra los desahucios”, destacando que ya se están viendo sus frutos porque la norma -que además de la expropiación por tres años de la vivienda y sanciones para las entidades financieras que no las saquen el alquiler pese a tenerlas vacías- ha tenido un efecto disuasorio. “Se constata porque así nos lo están trasladando las familias y porque, además, ya no se ve aquí, como en otras comunidades autónomas, imágenes de la policía interviniendo en un desahucio, como si fuera un problema de orden público”, ha aseverado la consejera de IU.
Ha apuntado también que hay 17 entidades financieras que han aportado a la consejería información sobre las viviendas de protección oficial que controlan y están desocupadas, para incluirlas en el registro de demandantes, tal y como fija la norma, si bien no ha dado datos sobre el número de inmuebles. “Entiendo que las entidades financieras que no nos han facilitado esta información es porque no tienen este tipo de viviendas”, ha continuado. Sí ha reconocido que la voluntad de colaboración en otros sentidos es nula. Es el caso del protocolo que la Junta de Andalucía invitó a firmar para negociar salidas que eviten llegar al desahucio o la expropiación. ¿Cuántas entidades financieras lo han firmado? “Ninguna”, ha admitido la consejera.
Consciente de que un recurso podría dejar paralizada esta ley, y a expensas de lo que digan los propietarios y los juzgados a las familias que se han beneficiado de las mismas mientras se resuelve, ha deseado por ello una pronta respuesta de Madrid porque su silencio no la deja “nada tranquila”.
