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Andalucía se juega sus presupuestos para 2014 si el tope de déficit no sube del 1,3% del PIB

Los socialistas exigen un trato diferenciado, dentro del margen de estabilidad impuesto, para que la comunidad autónoma pueda seguir manteniendo los servicios públicos esenciales.

Mario Jiménez augura que la ciudadanía reaccionará si el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 31 no flexibiliza sus condiciones y "terminan cerrándose colegios y hospitales".

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Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias votan contra el objetivo de déficit

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La clave para la elaboración de los presupuestos autonómicos de 2014 está en la reunión este miércoles del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se cita con las comunidades autónomas y se fijará el tope de déficit para este año, que el pasado mes de junio ya se anunció que no podría superar el 1,3% del PIB en el conjunto de regiones. La Junta de Andalucía, dentro del trato diferenciado que reclama para las comunidades autónomas en función de su realidad, insiste en la necesidad de elevar esta cifra, aprovechando que la Comisión Europea ha flexibilizado sus condiciones de ajuste de la deuda pública para España. Y unas décimas más o menos no son poca cosa. "Cada décima supone 145 millones de euros para Andalucía".

"No hay mayor injusticia que tratar de manera igual a los desiguales. Queremos un trato diferenciado, entre otras cosas porque Andalucía está por debajo de la media en el nivel de endeudamiento y eso tiene que reconocerse, porque ha hecho bien los deberes", ha defendido este lunes el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, quien ha pedido "diálogo" y que la reunión del día 31 "no sea una trágala, donde se imponga el límite de déficit sin más".

En su opinión, "está en juego el Estado de bienestar en Andalucía y que se puedan seguir manteniendo las políticas en educación, salud y los programas de lucha por el empleo y contra la exclusión social", ha puntualizado. Está en juego, de hecho, el pacto de gobierno con IU en el sentido de que la coalición de izquierdas presionará por unas políticas que considera irrenunciables frente al "austericidio", pero si las cuentas no cuadran será difícil comprometerlas en los presupuestos autónomicos para el próximo año. "Vamos a esperar a ver qué dice el Consejo de Política Fiscal y Financiera y qué cambia, pero es clave que Andalucía tenga un objetivo de déficit específico", ha recalcado el número 2 del PSOE-A.

"Evidentemente, con un déficit por debajo del 1,3%, aunque esperamos que se puedan fijar elementos de flexibilización, se hace muy difícil la elaboración de los presupuestos autónomicos, y por eso pedimos sensibilidad y que se entienda que Andalucía está abordando la salida de la crisis con otras medidas que están funcionando", ha insistido. El déficit de Andalucía hasta el pasado mes de mayo equivale al 0,19% del PIB, el sexto más bajo de entre todas las regiones, y por debajo de la media nacional, que es del 0,43%. En la misma línea, ha señalado que "dentro del respeto a los principios de austeridad a unos márgenes de endeudamiento razonables, es posible aplicar políticas de estímulo de la economía y de mantenimiento de los servicios públicos".

Si Andalucía se viene de Madrid con una negativa a sus planteamientos (un déficit del 1,7% como mínimo y un máximo del 2,2%), ha augurado que la ciudadanía reaccionará. "Los andaluces no van a aceptar que con las cifras impuestas se tengan que cerrar colegios u hospitales, cuando además sabe que la Junta de Andalucía está haciendo todo el esfuerzo por mantenerlos", ha avisado, consciente de que "de la reunión del 31 dependen los presupuestos autonómicos y el mantimiento de unos servicios públicos esenciales".

La Consejería de Hacienda y Administración Pública ya dejó claro hace un mes que "no es razonable" este tope para todas las comunidades autónomas cuando el Gobierno de la Nación se reserva un 5,2%, del 6,5% de margen que le ha concedido la UE a España. Andalucía conforma, junto a Canarias, Cataluña y Asturias, el frente de las cuatro comunidades que se oponen abiertamente a este objetivo, mientras que las gobernadas por el PP (salvo Cantabria que se ausentó de la reunión del mes pasado) votaron a favor de la propuesta del ministro Cristóbal Montoro, y Navarra y el País Vasco se abstuvieron.

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