Noticia servida automáticamente por la Agencia EFE
Esta información es un teletipo de la Agencia EFE y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es.
Andalucía recurre al TC la ley que permite retener recursos a las comunidades autónomas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso contra la Ley orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, que permite al Estado retener recursos de las comunidades para saldar la deuda comercial. Son ya 23 los conflictos de competencias entre las dos administraciones abiertos en el TC, los más recientes contra la Lomce y contra la reforma de la Administración Local. Otra norma estatal que podría acabar también camino del Constitucional es la de establecer una única licencia deportiva.
De todos los conflictos abiertos, 12 han sido planteados por el PP desde 2006 (cuatro por el grupo parlamentario y ocho por el Gobierno de España), nueve por la Junta de Andalucía (todos ellos en la presente legislatura) y uno por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, no ha descartado más si el Gobierno sigue legislando “contra las comunidades autónomas”.
La Junta ha motivado este último recurso contra la norma del Estado que permite retener recursos a las comunidades para saldar deudas en invasión de competencias e infracción de principios constitucionales. Vázquez ha afirmado que el Ejecutivo central por la vía de la normativa estatal básica quiere “derribar o dinamitar el Estatuto de Autonomía”, que es de “obligado cumplimiento”.
Según ha explicado Vázquez, la norma gubernamental excede el sentido del principio de estabilidad presupuestaria, incorporado a la Constitución Española tras la reforma de su artículo 135, al incluir en el concepto de deuda pública la deuda comercial de las administraciones con sus proveedores.
Con ello, el Gobierno central “se arroga indebidamente la atribución de retener recursos financieros de las comunidades autónomas para el pago directo a los acreedores y no sólo para corregir desviaciones sobre los objetivos de déficit”, ha censurado. A juicio del Gobierno andaluz, esta limitación vulnera los principios de autonomía financiera y de gestión de las comunidades, garantizados por el texto constitucional en sus artículos 156.1 y 137, respectivamente.
De igual modo, al equiparar deuda pública y comercial, la ley contraviene el citado artículo 135, que establece como prioridad absoluta el pago de la primera a través de mecanismos de corrección de desviaciones que en ningún caso incluyen el pago a proveedores.
La Junta sostiene que esta retención de recursos genera una merma a su autonomía financiera al otorgarse prioridad al pago a proveedores sobre las obligaciones financieras relacionadas con la prestación de servicios públicos fundamentales de gestión autonómica, como la educación o la salud. Con ello, el Estado “interviene en el presupuesto de la comunidad autónoma decidiendo el destino de fondos cuya gestión no le corresponde, sin que ello encuentre justificación en el principio constitucional de estabilidad presupuestaria”, ha denunciado Vázquez.
