Andalucía es uno de los territorios donde el esfuerzo inversor del Gobierno de la Nación es menor
Una de las quejas eternas de la Junta de Andalucía con el modelo de financiación es que el Gobierno de la Nación no invierte en Andalucía por el peso de su población, o sea, lo que recoge la disposición adicional tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía, que en estos momentos supondría un poco más del 18% del total del país. Esto se viene incumpliendo sistemáticamente y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, cifraba hace unas semanas en 2.525 millones de euros lo que el Gobierno de España adeudaría a la comunidad autónoma por ello, si bien el total, incluyendo otras reclamaciones, superaría los 8.600, unos 600 más que hace un año por estas fechas.
Sin embargo, en lo de la DAT se topa con un inconveniente y es que ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional por una reclamación en este sentido del Gobierno de Cataluña que determina que la última palabra está en las Cortes Generales a la hora de reparto. Por el contrario, más allá de esto, otro aspecto en materia de inversiones que puede generar también contestación es la diferencia entre la apuesta por ellas del Gobierno de la Nación y la que hacen los propios territorios. O sea, el esfuerzo inversor de cada uno.
Según datos de 2015, el último con todos los presupuestos autonómicos cerrados y por tanto comparables, el esfuerzo inversor se ha repartido entre un 54,5% para las CCAA y un 45,5% para la Administración General del Estado (AGE). Pero eso, que viene ser casi mitad y mitad, fue la media, porque hay grandes desequilibrios.
Y esos desequilibrios son hacia los dos lados. Por una parte, están las comunidades autónomas que cargan con un esfuerzo inversor por encima de la media del que hace la AGE, entre las que está Andalucía [ver cuadro]. De este modo, la inversión en Andalucía para este ejercicio a punto de terminar se ha presupuestado en 5.176 millones de euros, de los que el 62,1% (3.216,4) corresponde a la autonomía y el 37,9% (1.959,7 millones de euros) a la AGE. O sea, la inversión de la Junta de Andalucía en 2015 es 1,6 veces la aprobada por el Gobierno de España en la región. Tan sólo en el caso de Baleares, Canarias, Extremadura, País Vasco, Navarra y La Rioja hay más distancia.
Y por otra parte, están las CCAA en las que la balanza se inclina claramente a su favor, también por encima de la media, y a veces más de 10 puntos. Como Castilla y León o Madrid, donde más del 60% de la inversión en la región la lleva a cabo la AGE, como casos más destacados, o aquellas otras en las que supone más de la mitad, como Galicia (52,7%) y Murcia (52,1%).
Cabe recordar que las inversiones se recogen en los respectivos presupuestos autonómicos (capítulos 6 y 7 de gastos). En 2015, lo presupuestado en las 17 CCAA sumó 13.442,5 millones de euros, según se recoge en los datos consolidados que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recoge como inversión regionalizable, que para este ejercicio ha sido de 11.217,1 millones de euros.
Pues bien, para 2016, según recogen los PGE, la inversión regionalizable para Andalucía será menor que en el ejercicio que ahora termina, en concreto 1.820,64 millones de euros frente a los referidos 1.959,7 de 2015. Esto, unido a que los recién aprobados presupuestos autonómicos contemplan un destacado incremento de la inversión (casi del 10%) va a incrementar este desequilibrio en la responsabilidad de cada administración.
En este contexto, la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía recoge en un informe que “el stock de capital físico y humano constituye la representación más palpable de la riqueza de un territorio, y un factor determinante de su crecimiento y desarrollo económico”. Por ello, recuerda que la política economía del Gobierno de la Nación, que tiene entre sus objetivos reducir los desequilibrios interterritoriales, “debería priorizar la inversión en regiones con menores niveles de renta, como es el caso de Andalucía”. Por el contrario, subrayan que, “consciente de la distancia que aún separa Andalucía en términos de riqueza por habitante con el conjunto del país”, desde la propia comunidad autónoma “se viene realizando un esfuerzo inversor netamente superior” con el objetivo de reducir dicho desequilibrio.
