Anticorrupción no comparte que Alaya aparte a la Policía de investigaciones ya en proceso
“Los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente”. La Fiscalía Anticorrupción tira de la la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concreto de hasta tres artículos, para recurrir la decisión de la jueza Mercedes Alaya de ordenar a la Policía Nacional cesar “de inmediato” su investigación de los cursos de formación.
Si bien la Fiscalía señala que comparte el criterio de Alaya “de que no pueden existir dos investigaciones paralelas realizadas por ambos cuerpos” (la jueza quiere que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleve estos asuntos en exclusiva), bajo dicho parámetros “no pueden encontrarse aquellas que legítimamente se encuentran en proceso de investigaciones en otros órganos competentes”.
“Se trata de empresas con el domicilio social en las localidades de cada provincia y donde la actividad desarrollada en fomento de la acción subvencionable se ha llevado a cabo en estas localidades”, “bajo estos criterios se atribuyó competencia territorial a estos órganos judiciales y en ellos es en los que continua la investigación la UDEF”, señala la Fiscalía en su recurso, donde pide a Alaya que complemente el requerimiento dado al Director General de la Policía en el sentido de que no se extienda a aquellas investigaciones “que se desarrollan en cada provincia bajo la suprema autoridad de los respectivos órganos judiciales”.
El Ministerio Público pide que, “sin perjuicio de las atribuciones que como instructora atañen a la juez y la facultad de encomendar a un determinado cuerpo y unidad la investigación, se exija igualmente la coordinación al debido nivel entre ambos cuerpos en lo que al objeto procesal de estas investigaciones se refiere y siempre en aras al buen fin de la investigación, tanto en las actuaciones ya practicadas como en las que pudieran realizarse en el futuro”.
“En meses anteriores se han venido desarrollando investigaciones por la Brigada Central de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía en la llamada operación Edu, donde se ponían de manifiesto igualmente irregularidades en la concesión, gestión y justificación de estos fondos”, recuerda la Fiscalía.
Las diligencias que ya investiga Alaya relativas al exconsejero Ángel Ojeda “no pueden tener el mismo ámbito” que las abiertas en otros juzgados andaluces, “donde se investiga prevaricación, malversación y fraude de subvenciones en el seno de la Dirección General”, argumenta el fiscal aunque “pueden tener un punto coincidente, consistente en un grupo de subvenciones, que bajo el nexo común de la persona, ente o grupo beneficiado, pueda haber percibido subvenciones de distintos programas, unos de la Dirección General y otros de la Delegación Provincial”, caso del grupo de empresas de Ojeda.
