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El fiscal anticorrupción pide el ingreso en prisión del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín por el Caso ERE
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del exdirectivo de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín, imputado por la juez Mercedes Alaya en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.
Tras una declaración que se ha prolongado por espacio de 7 horas, el Ministerio Público ha solicitado a la magistrada el ingreso en prisión de Albarracín al entender que, durante el tiempo que trabajó en Vitalia -de 1995 a 2011-, “incrementó mucho su patrimonio”.
El abogado Antonio Albarracín, exdirectivo de la mediadora Vitalia Vida imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, ha tachado este caso de “enorme fraude propiciado por la Junta de Andalucía”, añadiendo que “la responsabilidad recae en los cargos políticos, que no se preocuparon de que las condiciones (de los ERE) fueran correctas”.
El imputado ha prestado declaración este jueves ante la juez de Sevilla Mercedes Alaya por espacio de cuatro horas, entre las 12,20 y las 16,25 horas, cuando la instructora ha ordenado un receso de 40 minutos para almorzar, periodo tras el cual se reanudará el interrogatorio, que podría alargarse durante toda la tarde.
En dicho receso, el letrado de Albarracín, Francisco Rubiales, ha asegurado en declaraciones a los periodistas que su patrocinado fue “un simple trabajador, sin ni un triste poder notarial para firmar un contrato”, de Vitalia, mediadora en la que trabajó como asesor jurídico entre 1995 y 2011. “No era apoderado ni administrador de ninguna sociedad”, ha reiterado.
Al hilo de ello, el abogado de Albarracín ha señalado que éste “seguía las instrucciones” que recibía desde la “jefatura” en Barcelona, pero “no recibió instrucciones para cometer delito ni para hacer ningún tipo de trama con la Junta”. Ha añadido que “la acusación es injustificada” porque “ha quedado acreditado que era asesor jurídico, empleado en nómina”.
Por último, ha aseverado que la juez Alaya “no tiene argumentos suficientes para tomar una medida tan severa” como la prisión provisional contra su patrocinado, tal y como ordenó este miércoles para el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.
A su juicio, al menos el 80 por ciento de las 60 personas imputadas hasta el momento en la causa de los ERE dejarán de estarlo cuando concluya la instrucción, pues “se ha metido en el saco a todo el mundo cuyo nombre, por activa o por pasiva, aparece en esta historia”.
