Anticorrupción pide cinco años de cárcel para el exfutbolista 'Pizo' Gómez por una ayuda de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción, dentro del caso de los ERE fraudulentos, ha reclamado cinco años de cárcel y 15 años de inhabilitación para el exfutbolista 'Pizo' Gómez por las ayudas a la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre).

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público atribuye a José Antonio Gómez Romón, conocido como 'Pizo' Gómez, que fuera trabajador de la empresa y exfutbolista del Osasuna y Atlético de Madrid, delitos de prevaricación y fraude en concurso medial con un delito de malversación.

Asimismo, la Fiscalía solicita la misma pena de cinco años de prisión y 15 de inhabilitación para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y el exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.

De igual modo, pide que los cuatro acusados indemnicen con 491.424,43 euros a la Junta de Andalucía.

La Fiscalía también acusa en su escrito, consultado por Europa Press, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, aunque recientemente la juez María Núñez Bolaños decidió apartarlo de esta pieza tras aplicar por primera vez el criterio marcado por la Audiencia Provincial, que ha dictaminado que sólo haya un juicio para los ex altos cargos imputados en la pieza 'política'.

Así, Anticorrupción relata que el exconsejero y Guerrero encomendaron “sin sujeción a procedimiento alguno” a Miguel Errecalde Treviño, que actuaba en representación de Cenforpre, la realización de las actividades formativas en materia de prevención laboral previstas en el protocolo de colaboración entre la Consejería de Empleo y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de fecha 14 de abril de 2005.

“AUSENCIA DE PROCEDIMIENTO”

“La ausencia de procedimiento alguno para la realización de los trabajos de formación y divulgación” encomendados a Cenforpre “determinaba que no pudiesen ser abonados” por la Junta, por lo que Fernández y Guerrero “propusieron” a Miguel Errecalde que facilitara los datos de una persona física para que, a través de pólizas de renta concertada con compañías de seguro, se procediera al abono que Cenforpre reclamaba “sin justificación alguna y obviando la reclamación que, en su caso, pudiera haber entablado en vía contencioso-administrativo”.

La Fiscalía añade que Miguel Errecalde, “con el conocimiento y consentimiento” de 'Pizo' Gómez, “facilitó” a Guerrero y Fernández los datos del exfutbolista para la suscripción de las pólizas “como forma de obtener los fondos que decía se le debían a Cenforpre”.

El 1 de agosto de 2007, “y a través” del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, “se suscribieron sin sujeción a procedimiento alguno” una serie de ampliaciones de pólizas, siendo el tomador la Consejería de Empleo y figurando como asegurado 'Pizo' Gómez, que, por cuenta de Cenforpre, percibió en concepto de rentas mensuales hasta abril de 2008 la cantidad de 176.909,73 euros como beneficiario de las pólizas.

Asimismo, percibió 314.514,70 euros como resultado de la compra por el Consorcio de Compensación de Seguros del crédito correspondiente al mismo como beneficiario de los capitales diferidos previstos en las pólizas como resultado del proceso de liquidación de la entidad Fortia Vida a cuota fija.

La Fiscalía señala que las primas de las pólizas reseñadas “fueron inicialmente abonadas” por la Dirección General de Trabajo “mediante el sistema conocido como 'pagos cruzados'”, es decir, emitiendo Guerrero, “con el conocimiento y consentimiento” del exconsejero de Empleo y del exdirectivo de Vitalia, “orden directa a las compañías de seguros para que con fondos públicos recibidos de la agencia pública IDEA para el pago de determinadas pólizas detraigan las cantidades necesarias para atender las primas derivadas, entre otras, de las pólizas reseñadas”.

JUICIO ORAL Y FIANZA DE 640.000 EUROS

Posteriormente, y según indica el Ministerio Público, fueron abonadas las primas pendientes por la Dirección de Trabajo al Consorcio de Compensación de Seguros “dentro de la regularización de pagos efectuados como consecuencia de la liquidación de Fortia de compromisos asumidos por la Dirección de Trabajo mediante la suscripción de pólizas de seguros”.

“En ambos casos, fondos que habían sido transferidos desde la Consejería de Empleo a IDEA mediante el mecanismo de las transferencias de financiación del programa presupuestario 31 L, 'ayudas sociolaborales y a empresas en crisis', ocasionando una merma importante de recursos que, conforme a las leyes de presupuestos de la Junta, se debían haber destinado a atender situaciones de crisis sociolaborales de trabajadores y empresas de la comunidad”, concluye la Fiscalía.

Recientemente, la juez María Núñez Bolaños abrió juicio oral e impuso una fianza de 640.000 euros al exfutbolista 'Pizo' Gómez, a Guerrero, al exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, y al exdirector gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño.