Exculpados del caso ERE los 15 exaltos cargos que quería volver a imputar Manos Llimpias

El 1 de junio de 2016, cuando 26 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, veían ya muy cerca que se sentarían en el banquillo de los acusados, otras 24 personas fueron exculpadas. Aquelló pasó más desapercibido que el procesamiento en sí, pero contra 15 de ellos recurrió el archivo el pseudosindicato Manos Limpias. Ahora, la Audiencia de Sevilla los ha exculpado definitivamente a todos ellos en varios autos conocidos en estos días y les exculpa de participar en la creación o mantenimiento del llamado “procedimiento específico”, la rama política de la causa.

Este viernes, según ha informado Europa Press, la Audiencia ha confirmado de forma definitiva en sendos autos el archivo de la causa contra el exsecretario general de Empleo de la Consejería y miembro del antiguo IFA entre los años 2000 y 2003 Juan Francisco García Martínez, y el que fuera interventor delegado de la Consejería de Empleo entre 2008 y 2013 Juan Luque Alfonso.

En ambos casos, la Audiencia señala que “desde la perspectiva de que en la presente causa, desgajada de la matriz, se dilucida la posible responsabilidad de cargos públicos que hayan podido intervenir en el denominado 'procedimiento específico', no se puede predicar que concurran indicios sólidos para entender que” estos dos exaltos cargos “hubieran podido participar en la creación y mantenimiento” de dicho procedimiento.

La Audiencia apunta que “cuestión distinta” es que, como afirma la Fiscalía Anticorrupción en su informe, “puedan apreciarse otras responsabilidades penales en la concreta decisión de concesión de ayudas con fondos de la Junta a empresas inmersas en procesos de reestructuración empresarial mediante ERE así como otras ayudas directas a otras empresas que están siendo objeto de investigación” en piezas separadas de la causa matriz. Todo ello, según precisa el tribunal, “para el caso de que en la investigación concreta a dichas empresas se desprenda responsabilidad penal atribuible” a alguno de estos dos exaltos cargos.

En cualquier caso, el tribunal define el procedimiento específico como “el entramado jurídico creado en el año 2000 y mantenido hasta el año 2009, en el que de manera torticera, palmaria y grosera, se vulneró la legislación en materia de subvenciones para conceder de modo arbitrario ayudas sociolaborales y a empresas en crisis”.

“Quiero que me dejen vivir”

“Todo esto supone un desgaste físico y emocional brutal, no se puede explicar si no se vive”, dice uno de los exculpados, que prefiere no desvelar su identidad por consejo de su abogado pese a tener “muchas ganas de poner abiertamente en duda la instrucción”. “Quiero que me dejen vivir, que se olviden de mí”, confiesa.

“Cuando te imputan es como un shock. Te preguntas esto a qué viene, por qué si no has hecho nada. Pasas de una primera fase de incredulidad a empezar a trabajar en tu defensa y a buscar argumentos. Luego entras en una fase demoledora en la que solo te queda tu familia y cuatro amigos a los que no tienes que dar ninguna explicación. Arrastras a los tuyos y alteras totalmente tu vida personal, familiar y profesional. Es como si te soltaran en mitad de Marte. Pierdes todas las referencias, aunque tienes la fortaleza mental que te da la seguridad de tu honradez”, confiesa.

Este exculpado reconoce que ha tenido que ir al psiquiatra. “Todo esto te provoca desequilibrios emocionales. Depresión y ansiedad, un desgaste físico y emocional brutal. No se puede exlicar si no se vive. Es un sinvivir. Te levantas todas las mañanas con esa losa. También te rehaces y luchas, y tu defensa se convierte en el centro de tu vida. Te obsesionas. Hay que tener una fortaleza mental brutal para sorportar esta situación. Cuando queda demostrado que no has hecho nada, a mí al menos me queda una paz interior. Nada de rencor. No quiero vendetta. Quiero que me dejen vivir, que se olviden de mí. Cuando sabes que eres libre, es unos de los días más felices de tu vida. Creo que todo esto ocurre porque la sociedad ha entrado en una dinámica en la que necesita el triunfo, la cabeza de alguien, cada semana la de un político, a la que exhibir publicamente. Me parece una irresponsabilidad colectiva. Creo que se mezclan los delitos reales con meras sospechas”, apunta.

Desde el punto de vista de los hechos en sí, este exculpado considera que “en el caso hipotético de que hubiera alguna irregularidad por parte de alguna persona, se trata de cuestiones de derecho administrativo. Es una involución tremenda, una aberración jurídica que esto se esté viendo en la vía penal para todos igual. Aquí no hay filtros: los juzgados admiten todo. Todos imputados y luego ya veremos. Perdone, no son terroristas ni narcotraficantes, y se producen detenciones injustificadas. En la UCO y en la UDEF hay funcionarios que se ponen a escribir atestados sin tener ni idea de derecho ni de contabilidad ni de mercantil, y enjuician en lugar de describir hechos. Y eso, el juzgado de turno lo convierte en criterio para empezar una causa y unas detenciones”, denuncia.

Tres exconsejeros

Esta misma semana, el tribunal exculpó definitivamente a nueve exaltos cargos: Isabel de Haro, que fue secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético y miembro del Consejo Rector de IDEA; el que fuera técnico de la Dirección de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois, y el exdirector general de Presupuestos Buenaventura Aguilera.

También ratificó el archivo respecto a las exsecretarias generales de Telecomunicaciones y miembros del Consejo Rector de IDEA Pilar Rodríguez y Ana María Peña Solís; el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; el exdirector de Industria Jesús Nieto; el exsecretario general de Innovación Ángel Garijo, y el exdirector de Administración y Finanzas del antiguo IFA Pablo Millán.

En otros autos anteriores, asimismo, la Sección Séptima de la Audiencia ya rechazó el recurso de Manos Limpias y confirmó el archivo de la causa contra los exconsejeros Antonio Ávila, Manuel Recio y Martín Soler, y contra el exviconsejero José de Haro Bailón.

Recientemente, además, la Audiencia archivó la causa contra el exviceconsejero de Innovación Gonzalo Suárez y, de este modo, dejó en 25 el número de acusados en la pieza 'política' de los ERE, contra quienes se ha abierto ya juicio oral.