La Junta critica que el Ayuntamiento intente “generar confusión” sobre el realojo de Corrala Utopía

El Ayuntamiento de Sevilla ha enviado una carta a la Junta de Andalucía en la que señala que “solo dos personas” de la Corrala Utopía, desalojada el pasado 6 de abril, cumplen los requisitos del 'Baremo para la adjudicación de vivienda a familias en proceso de intervención social'. La Consejería de Fomento y Vivienda, ante esta información, ha alertado de que el Consistorio “intenta generar confusión” en torno al proceso de realojo provisional de familias con menores y en exclusión social, “un procedimiento de emergencia distinto a la adjudicación de viviendas, tanto a través del registro de demandantes como de la lista de familias baremadas”.

En la carta remitida este miércoles, el Ayuntamiento de Sevilla explicaba que de las 17 familias sobre las que la Junta había pedido información sólo 14 aparecen como desalojadas en el informe de la Dirección General de la Policía, y son las que han sido evaluadas. Ese día se habló de que había 22 familias en el inmueble desalojado. El Consistorio afirma haber realizado las 'Notas informativas sobre la circunstancia de necesidad de vivienda social' requeridas por la Junta de Andalucía para saber si procedía realizar algún realojo más aparte de los ocho que, hasta la fecha, se han producido.

Pero, según la Junta, el Ayuntamiento “no ha actualizado aún los informes sociales de las 17 familias, tal y como se le solicitó por escrito el lunes, limitándose a una respuesta incomprensible que nada tiene que ver con la solicitud cursada y que únicamente parece orientada a dilatar el proceso y a generar confusión”. “Es especialmente llamativa la confusa y continua alusión al baremo cuando el gobierno local del PP sabe perfectamente que los procesos de realojo quedan excepcionados de esa lista, tal y como aprobó la Junta de Gobierno local”, apuntan desde la Consejería de Fomento, que no saben concretar si las personas a las que este jueves se refería el Ayuntamiento se encuentran entre las ya realojadas.

A juicio de la Junta, “con esta actitud, el gobierno local parece querer enfrentar a las familias demandantes que esperan la adjudicación de una vivienda a través de registro con aquellas en exclusión social o con menores que han sido o pueden ser realojadas a través de un procedimiento de urgencia y por mandato judicial”. Las fuentes han precisado, asimismo, que el lunes solicitó por escrito al Ayuntamiento de Sevilla la actualización de los informes sociales de las ocho familias realojadas provisionalmente, así como de otras nueve cuyo realojo ha quedado suspendido hasta la actualización de la información.

El informe del Ayuntamiento

Según el informe de Ayuntamiento, una de las 14 familias está en el puesto 100 de la lista de reserva para tres dormitorios en la que figuran 134 baremadas, y otra ocupa el número 122 para dos dormitorios, junto a 163 estudiadas. De acuerdo con esta carta, y según la información de la que dispone el Ayuntamiento de Sevilla, el resto de los desalojados no cumplen los requisitos. Según el Ayuntamiento, dos de las familias no han acudido nunca a su Centro de Servicios Sociales, por lo que la Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación no ha podido realizar nota informativa alguna pues “no posee datos sobre ellos”, siendo remitidos los informes pertinentes de las doce restantes.

Se da la circunstancia de que la Consejería de Fomento y Vivienda había procedido al realojo provisional de ocho de estas familias y estaba estudiándose la situación de otras nueve, para lo que se agarra a un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que además de ordenar el desalojo del inmueble que ocupaban en la avenida Juventudes Musicales de Sevilla desde mayo de 2012, también mandataba a las admininstraciones a proveerlas de los recursos necesarios para las que estuvieran en riesgo de exclusión social.

Respondía de esta manera al argumento de la Consejería de Fomento y Vivienda reclamando una actualización de la situación de las familias y asegurando “haber tenido en cuenta para proceder a la entrega de llaves” para alojamientos provisionales de estas personas “dichas notas informativas” en el marco de la mesa de negociación promovida por el Defensor del Pueblo Andaluz. No obstante, según el Ayuntamiento de Sevilla, en la citada mesa de negociación, lo que se acordó es que se emitieran notas informativas sobre la circunstancia de necesidad de vivienda social sobre “aquellos que, empadronados en la ciudad, acudieran voluntariamente a su Centro de Servicios Sociales”.

Del resto de personas del listado (12), el Consistorio afirma que se emitieron 'Notas informativas sobre la circunstancia de necesidad de vivienda social' “sólo a los efectos de acreditar ante 'Ibercaja' la situación de necesidad social para el ofrecimiento de vivienda en alquiler social de su programa 'Llaves solidarias' y en base a unos indicadores preestablecidos y de sencilla cumplimentación”, coincidentes con los señalados en el Programa de Ayuda a la Contratación regulado en el Decreto de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Lucha contra la Exclusión Social en Andalucía del Ejecutivo autonómico.

Crisis de gobierno

El realojo de estas familias provocó la mayor crisis en el Gobierno de Andalucía al retirarle la presidenta, Susana Díaz, las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, porque no obedeció a sus órdenes de parar el proceso para ver que se estaban dando todos los pasos marcados por la ley. La cuestión que se zanjó con un decreto devolviéndoselas al día siguiente tras intensas horas de negociación entre la coalición de izquiedas y el PSOE-A. De dichas negociaciones salió un acuerdo por el que se devolvían las competencias a IU una vez que los realojos quedaban limitados a ocho, en los que ambas fuerzas coincidieron en que tenían expedientes que demostraban su vulnerabilidad, y a la espera en todo caso de que los técnicos del Ayuntamiento de Sevilla evaluaran a estas y al resto de familias.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, pretende comparecer en el Parlamento de Andalucía para ofrecer explicaciones sobre todo el proceso. Su intención es que pueda hacerlo en el próximo pleno, la semana que viene, en lugar de esperar a la Comisión de Fomento y Vivienda a final de mes.

Desde el Gobierno de Andalucía, ni PSOE-A ni IU aclaran qué consecuencias tendrán estos informes del Ayuntamiento de Sevilla. Insisten en que es un caso que obedece a un auto y que, además, está recogido en la ley para alojamientos provisionales que nada tienen que ver con adjudicación de vivienda protegida, que sería donde estarían esos baremos que cita el Ayuntamiento de Sevilla en su carta. “Esperemos a esos informes y ya veremos”, respondía este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, cuando se le preguntaban cuestiones como que si se les iban a quitar las llaves a los que ya las tenían.

La Consejería de Fomento y Vivienda, que ha indicado que estos informes requieren un trabajo social de carácter técnico que incluye entrevistas con las familias y recopilación de datos, ha solicitado este jueves al Ayuntamiento “celeridad en la emisión de los informes”.