Bruselas y Madrid se contradicen sobre la conversación de Barroso y Rajoy

Dos versiones, una conversación. Como ocurriera con la conversación mantenida el pasado 7 de agosto entre Mariano Rajoy y David Cameron, el diálogo telefónico que han mantenido Rajoy y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dado lugar a dos versiones contradictorias.

Según Bruselas, Barroso ha pedido a Rajoy, que las autoridades españolas “respeten el derecho de la Unión Europea” en su disputa con Reino Unido por las tensiones en Gibraltar, al tiempo que le ha señalado que cobrar una tasa por cruzar la frontera sería “ilegal”. Sin embargo, según un comunicado difundido por Moncloa, el presidente de la Comisión “en ningún momento planteó ningún aspecto a Rajoy relativo a una posible tasa de congestión”.

Así lo ha explicado el Gobierno después de que el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, asegurara que Barroso había avisado al presidente del Gobierno español de que cobrar una tasa por cruzar la Verja sería “ilegal”. “Cualquier impuesto o peaje cobrado en la frontera basado en el cruce sería ilegal”, ha recalcado.

En ese sentido, según fuentes comunitarias, Barroso ha explicado a Rajoy en su conversación, que ha comenzado a las 13:15 horas y ha durado 12 minutos, si el Gobierno que dirige “tiene en mente” una medida similar, “debe saber que no está en línea” con la normativa comunitaria.

España no plantea un impuesto en la Verja, sino una tasa de congestión

Según fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press, el Gobierno no está estudiando establecer una tasa o impuesto en la frontera con Gibraltar, sino que está analizando la introducción de “una posible tasa por congestión en la Línea de la Concepción”, que “será plenamente compatible con las normas comunitarias”.

La tasa se basaría, por tanto, en el sistema de imposición de “peajes a los usuarios de una red particular de transportes en los periodos o áreas de demanda máxima para reducir la congestión del tráfico”. Los motivos aducidos por el Gobierno son “el gran aumento de tráfico que se registra” en la Línea y “los efectos que ello tiene sobre el medio ambiente y sobre las condiciones de vida de sus habitantes”.

El Gobierno está analizando la “compatibilidad” de esta posible tasa de congestión con la normativa comunitaria, si bien considera que “es posible” porque ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones por parte de otros países de la Unión Europea.

De hecho, durante la conversación, Rajoy ha garantizado a Barroso que el Gobierno “aplicará medidas legales en defensa de la propia legalidad española y europea y de los intereses de España y los españoles”. Así, ha defendido los controles en la Verja, de los que se han quejado el Gobierno británico y las autoridades del Peñón. Rajoy ha explicado que España ejerce “sus obligaciones legales al establecer controles aleatorios, proporcionales y no discriminatorios en la frontera”.

Rajoy invita a Comisión Europea a enviar una delegación a Gibraltar

Al margen de esta cuestión, Rajoy y Barroso también han hablado sobre el envío de una delegación de la Comisión Europea a Gibraltar. Tal y como hiciera Cameron, Rajoy ha solicitado al presidente de la CE que envíe una delegación a España y Gibraltar para hacer “verificaciones”, en su caso, con un “enfoque global”. En concreto, le ha instado a “controlar” que la actividad económica en el Peñón “no vulnere la normatia europea relativa a blanqueo de dinero, contrabando y fiscalidad”.

En un comunicado, la Unión Europea ha garantizado la disposición de enviar esa delegación “tanto pronto como sea posible” con el fin de “examinar in situ las cuestiones relacionadas con el control y el movimiento de personas y bienes en la frontera”

Según Moncloa, el jefe del Ejecutivo español ha recordado también al presidente de la Comisión Europea que el “acto unilateral de lanzamiento de bloques de hormigón en las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades gibraltareñas es inaceptable y supone una violación de la normativa medioambiental”.

Rajoy ha señalado que su Gobierno trasladó su denuncia cuando se produjo el lanzamiento ante la Secretaria General de la Comisión Europea por violación de la normativa medioambiental europea y ha señalado que espera que el Ejecutivo comunitario “responda a esa denuncia”.