La patronal y los sindicatos urgen abrir el diálogo social pero sin nuevos agentes

El diálogo social es una de esas asignaturas que le ha quedado para septiembre al Gobierno de Andalucía, porque a estas alturas poco se ha avanzado, después de que el VII Acuerdo de Concertación Social expirará el 31 de diciembre de 2013. El principal motivo es que se trata de un marco que deberá experimentar una profunda revisión, como han defendido desde el Gobierno de Andalucía, y también, por las vicisitudes por las que han pasado sus protagonistas, después de los escándalos de corrupción que han llevado a relevos en las cúpulas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y del sindicato UGT-A, que junto a CCOO-A son los tres agentes que han firmado históricamente estos compromisos.

Precisamente, estos tres han presentado este martes un manifiesto con el que intentan frenar una de las intenciones que tiene el Gobierno de Andalucía -hasta el momento la han compartido tanto PSOE-A como IU- y es la de incluir en este modelo a la economía social, en principio a través de su organización más representativa en Andalucía (Cepes-A), e incluso a otros agentes, que hasta la fecha no se han concretado.

Paralelamente, insisten en que este manifiesto “no es ningún tirón de orejas” a la Junta de Andalucía, ni tampoco pretenden “dar ningún toque”, sino que tiene un afán “positivo y constructivo”, por lo que esperarán “con paciencia” la respuesta. En este sentido, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha insistido en que es necesario que la Junta de Andalucía “cuanto antes clarifique su postura sobre el diálogo y la nueva concertación social, establezca las materias sobre las que quiere negociar, así como la metodología a emplear, los tiempos y calendarios y delimitar los mecanismos de control y seguimiento”.

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha abogado de hecho por “respetar el ordenamiento jurídico vigente”, donde se establecen los agentes legitimados para pactar. En los mismos términos se expresaba el presidente de la CEA: “No se prejuzga quién debe estar pero sí que esté que acredite, y debe estar legitimado. Y a nosotros nos acredita la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía, y Cepes-A no está legitimada en ese sentido”. Recordaba también que la economía social no supera el 5% del tejido productivo de Andalucía por lo que no tiene cabida, a su juicio, en una estrategia de las dimensiones que supone este marco.

Para oponerse a la entrada de nuevos agentes, la patronal y los sindicatos mayoritarios apelan a la “legitimidad y representatividad” que les otorgan la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía. Pero se topan con una cuestión y es que la Junta de Andalucía pretende redefinir el modelo “cambiándole el nombre incluso si es necesario”, según apuntan fuentes del Gobierno de Andalucía, que ven “poco probable” que continúe con la terminología de concertación social. Desde la Junta de Andalucía también apelan al Estatuto de Autonomía para defender que el marco de representación también ha cambiado. Y de eso deberán convencer a los eternos agentes de la concertación social que no ven legítima la entrada de nuevos actores.

Por parte del Gobierno de Andalucía se ha pronunciado este martes su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, quien ha asegurado que se prevé tener listo “en pocas fechas” el “marco general del nuevo modelo de diálogo social” porque continúa siendo un “instrumento fundamental” para la planificación económica “de la mano de los agentes económicos y sociales”. En la misma línea, subrayaba que pese a que ya se han superado varios acuerdos de concertación social “con buenos resultados, hay elementos que mejorar y ahí es donde estamos: en la redefinición del modelo”. Respondía también, en relación al manifiesto, que habrá que ver “quiénes participan” entendiendo que “estamos en nueva realidad y en una nueva coyuntura en la que hay nuevos actores sociales y económicos”.

Cabe recordar que hace unos meses la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, dejaba claro que hay que “revisar todo el modelo”, no tanto por la cantidad de dudas que han caído sobre sus protagonistas, sino porque “hay cosas que no han funcionado”, fundamentalmente el objetivo principal: la generación de empleo en la comunidad autónoma. “Cuando hablaba de un nuevo modelo productivo, hablaba de no dar nada por sentado y de abrir la economía en canal, revisando todas las herramientas, entre ellas, la concertación social”, ha expresado la presidenta en reiteradas ocasiones.