La patronal andaluza hipoteca su sede central por ocho millones para saldar su deuda

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha aprobado este jueves la reforma de sus estatutos, un código ético y una serie de instrucciones internas de contratación, que contemplan, entre otras cuestiones, expulsar a los afiliados por incumplimiento grave del código ético o por no pagar las cuotas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que ha anunciado que en los próximos días se cerrará una operación hipotecaria por valor de ocho millones que supondrá saldar parte de 12 millones de euros de deuda de la organización.

Este préstamo sindicado se suscribirá con tres bancos y permitirá afrontar la deuda mantenida con 15 acreedores comerciales. Dicho préstamo supone hipotecar la sede central de la CEA, en la isla de la Cartuja de Sevilla.

González de Lara ha presentado esta 'nueva CEA' en compañía de los cuatro vicepresidentes de la organización, y ha precisado que estos nuevos documentos se basan en cuatro pilares, “transparencia, participación, gestión eficiente y reputación”. Entre las medidas se encuentra la limitación de edad para acceder a la Presidencia a los 70 años.

El presidente de la CEA ha resaltado que estos documentos del plan de acción se han elaborado en tres meses, un tiempo “record”, y ya están aprobados por lo que entran en vigor este mismo jueves, aunque deberán ser ratificados por la asamblea general en 2015.

González de Lara ha explicado que este jueves se han reunido tanto la junta directiva como el comité ejecutivo de la organización, y considera que “ahora podemos decir que la nueva CEA está en marcha, estamos dándole la vuelta como un calcetín”.

Así, en estas reuniones se ha presentado el plan de acción elaborado para “sentar las bases para que la nueva organización sea más sólida y más estable, manteniendo la representación de las empresas”, y a través de las estrategias institucional, económica y reputacional.

Tras apuntar que en los últimos tres meses se han analizado tres versiones de reforma de estatutos, código de buen gobierno e instrucciones de contratación, ha explicado que estos borradores se han remitido a 120 organizaciones y más de 200 empresas, con 500 representantes miembros de la organización, y se han efectuado más de un centenar de aportaciones en un “proceso participativo y transparente”.

Sobre la reforma de los estatutos, González de Lara ha explicado que se incluyen principios orientadores de la organización, como la transparencia, participación más fluida, eficiencia en los recursos, eficacia en objetivos y buen gobierno y diligencia debida de la entidad.

Tanto el código ético como las instrucciones internas de contratación deben tener referencia en dichos estatutos. Dichos estatutos profundiza en las competencias, en la mayor agilidad de comisiones o consejos.

Asimismo, se crea el llamado comité consultivo de empresas asociadas donde podrán participar hasta cinco vocales con voz pero sin voto, y que permite “dar voz a las empresas, no sólo a las organizaciones”. Además, se incluye aspectos como la sostenibilidad, promoción de la cultura preventiva o responsabilidad social empresarial, unos “factores básicos que no estaban y se concentran como elemento central”.

Además se establecen los 70 años como límite de edad para ejercer la Presidencia, se flexibiliza el procedimiento electoral, se potencia la resolución extrajudicial de conflictos y se promueve el lenguaje no sexista y la igualdad de género. En ese punto, pretende trasladar tanto a mujeres como a jóvenes empresarios que “no se unifiquen en una misma organización y puedan tener doble participación, integrándose en las organizaciones sectoriales”.

Por otro lado, sobre el código ético y de buen gobierno, éste contempla valores éticos de la organización “no como elemento puramente declarativo sino como elemento articulado, con rango normativo, en concordancia con las normas legales de transparencia que existen”.

González de Lara ha dejado claro que “se va a exigir a todos, no para unos pocos sino a todos los miembros de la organización, con más igualdad, más transparencia y más colaboración, reconociendo derechos y obligaciones”.

Se creará un órgano colegiado y consultivo, como será la Comisión de Buen Gobierno, encargada de velar por el cumplimiento del código. Dicha comisión elaborará un catálogo de cuáles son las situaciones tipificadas como vulneración del código, algo que deberá ser aprobado por el comité ejecutivo. Esta comisión establecerá el procedimiento y delimitará y tipificará los casos de vulneración y establecerá las sanciones oportunas, incluido la expulsión de la organización si no se cumple con el mandamiento del código ético.

Las sanciones no se han tipificado, aunque deja claro que “todo el que vulnere los comportamiento razonables, éticos y lógicos será motivo de expulsión, no se dejará comportamiento espúreos al margen de la legalidad y tampoco se permitirá ir en contra de los acuerdos que adopte la organización, o si no se contribuye al sostenimiento económico de la organización y no pagan las cuotas, podría estar fuera”.

En ese sentido, sobre si estar imputado puede ser motivo de expulsión, González de Lara cree que “hay que ser cautelosos, ver si la imputación tiene o no fundamento, o si existe resolución judicial, si eso ocurre no tiene discusión”. Ha agregado que el código ético de la CEA “bebe de la CEOE y de Cepyme y es coherente y está en sintonía, pero es distinto y tiene singularidades”.

Por último, en cuanto a las instrucciones internas de contratación, González de Lara ha recordado que es una organización privada, por lo que se trata de contratos de derecho privado, aunque será unas instrucciones inspiradas en la Ley de contratos del sector público y que se harán públicas en el llamado 'perfil del contratante', por Internet. Dicha regulación pretende “garantizar la transparencia, los contratos con los criterios de concurrencia, para que los contratos sean adjudicados a la oferta económica más ventajosa económicamente”.

Se establecerá un órgano que velará por las contrataciones, que se efectuarán “por publicidad, concurrencia competitiva, transparencia total; seremos tremendamente rigurosos y rígidos”.

PLAN DE VIABILIDAD

El presidente de la CEA ha explicado que se está trabajando en el plan de viabilidad de la organización para que “pueda tener mayor capacidad económica y seguir en la política de ajuste de reducción de gastos corrientes e incremento de los ingresos”.

“Ha sido un año muy duro y muy difícil, de compromiso y esfuerzo personal”, ha indicado González de Lara, quien se muestra confiado en “salir adelante, cumplir objetivos, encontrar soluciones y seguir trabajando” y se ha mostrado orgulloso de su equipo.

Ha indicado que el presupuesto es de 3,8 millones de euros, está “muy ajustado”, aunque arrastra factores negativos, y ha precisado que en los próximos días se firmará la operación financiera de carácter hipotecario con tres bancos, algo “más sensato y más realista”, para hipotecar la sede y obtener ocho millones de euros --después de que la última tasación del edificio fuera de 16 millones--, algo que “nos permitirá ponernos al corriente con más de 15 acreedores comerciales”, como proveedores materiales, informáticos o papelería.

“Intentamos dar la cara con responsabilidad y responder a los problemas”, ha aseverado González de Lara, que espera salir adelante con esta operación, mientras que el resto de la deuda espera solventarla mediante otros mecanismos financieros, como fondos europeos u otros programas.

González de Lara ha resaltado el incremento de la recaudación por cuotas en el ultimo año en cerca de 150.000 euros, gracias a nuevas incorporaciones de empresas y organizaciones, de forma que “no ha habido fugas en esta nueva CEA”, de forma que actualmente hay 180.000 socios.