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La CEA no es partidaria de ampliar la Concertación y no ve favorable la creación de un banco público andaluz

EUROPA PRESS

SEVILLA —

González de Lara se ha pronunciado de este modo en rueda de prensa tras reunirse con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dentro de la ronda que la ronda de contactos que ha mantenido también con los máximos responsables CCOO-A y UGT-A para abordar cuestiones económicas y sociales y relanzar la actividad productiva.

El presidente de la CEA ha insistido en su petición de “desregulación” y simplificación administrativa y se ha mostrado partidario de otros mecanismos para facilitar el acceso al crédito, como sociedades de garantía recíproca o sociedades de capital riesgo. Asimismo, ha apostado por reducir la presión fiscal y ha rechazado los “impuestos al empleo” que suponen las medidas del Gobierno central encaminadas a incrementar las cotizaciones sociales.

En su intervención, González de Lara ha alertado sobre la falta de crédito y ha apuntado la necesidad de potenciar nuevas formas de financiación como las sociedades de garantía recíproca o las sociedades de capital riesgo.

Sobre el Instituto de Crédito Público o banco público, González de Lara ha indicado que no está de acuerdo ni es favorable a su creación, pero no por el instrumento en sí sino por su carácter público, toda vez que “son demasiadas y excesivas las herramientas públicas que tenemos”.

“Lo que importa el contenido, lo de menos es el instrumento y la forma”, ha aseverado González de Lara, quien no comparte la creación del Instituto de Crédito Público “por su carácter público, pero queremos un instrumento y mecanismos que sean útiles y den estabilidad financiera”.

González de Lara, quien ha destacado el carácter “cordial y denso” la reunión con la presidenta de la Junta, donde la CEA “no viene a pedir sino a ofrecer”, ha explicado en la reunión los problemas que aquejan a las empresas andaluzas relativos a dificultades de acceso a la financiación y cómo mejorar la financiación de las pymes.

Sobre la Concertación Social, que González de Lara considera fundamental para la “búsqueda de soluciones” y como expresión de “un instrumento de interlocución reconocido en la Constitución y en el Estatuto”.

En ese sentido, González de Lara apunta que la CEA “no está cerrada a nada ni a ningún planteamiento”, aunque recuerda que “los agentes económicos y sociales están reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía”.

De esta forma, frente a las sugerencias de que forman parte de la Concertación otros actores o fuerzas políticas o ayuntamientos, González de Lara deja claro que no es partidario de ese formato “ni de abrir un dialogo social que está perfectamente estipulado por la Constitución”.

“Ello no significa que no quiera que la economía social tenga su propio pacto, que lo tiene y lo ha desarrollado”, ha aseverado González de Lara, quien asegura ser “persona de diálogo” y estará abierto al formato que se establezca, aunque insiste en que el diálogo social tal y como se reconoce “está formado por sindicatos mayoritarios y la CEA, algo que no es una imposición de la CEA sino un reconocimiento legítimo de la representatividad”.

Ha recordado que la CEA cuenta con “miles de autónomos y cientos de cooperativas que forman parte de la economía social, la CEA representa a todos, a los grandes, pequeños y autónomos” e insiste en que “no debe estar en el acuerdo quien no ha acreditado aún su legitimidad”.

DESREGULARIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Por otro lado, ha reiterado su “petición permanente” de acometer la desregularización y simplificación administrativas en lo que atañe a la inversión empresarial, con vistas a “cómo facilitar la inversión productiva a las empresas”.

González de Lara destaca que Díaz “ha mostrado su comprensión, preocupación e interés” en ir llevando a cabo esa desregularizacion “ordenada y sostenible, de los procedimientos, no de derechos, que siente las bases de homogeneización normativa”. “No son tiempos de intervencionismo económica y laboral, intervención que impide la actividad empresarial y limita el dinamismo de las empresas”, agrega.

Tras insistir en la necesidad de simplificación burocrática, ha recordado que en breve el Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el decreto de simplificación de más de 200 trámites administrativos“, algo aplaudido por la CEA, pero reconoce necesario que el resto de administraciones públicas, como Estado y ayuntamientos, que regulan otros 250 procedimientos, hagan lo mismo, pues hay cerca de 500 procedimientos administrativos. ”Si la Junta es capaz de limitar este volumen desproporcionado iremos en la dirección correcta“, ha agregado.

Asimismo, deja claro que la aplicación normativa “no puede realizarse de espaldas al mercado, sin hacer una evaluación previa del impacto que tendrá en la actividad económica”. “Hay una mala tradición legislativa, de legislar sin saber qué efecto va a tener en la actividad empresarial; es una asignatura pendiente, pues no se conoce con claridad cual es el formato”, ha agregado

González de Lara ha recordado que uno de los problemas que viene reivindicando es la supervivencia de autónomos y pymes, toda vez que “más de 50.000 pymes han desaparecido durante la crisis”. “La supervivencia de la empresa es la supervivencia de la economía andaluza y el modelo económico y social depende del tejido productivo basado en estas empresas”, asevera.

Considera necesario “actuar todos y poner todas los esfuerzos” para luchar contra el desempleo y ha recordado que los puestos de trabajo “no los crea la administración pública, que sólo procura las condiciones adecuadas para que la iniciativa privada se desarrolle libremente”.

“Hay que estimular la inversión productiva y evitar que se pierda ninguna inversión, pues hay capital que quiere invertir y tenemos que poner las cosas fáciles dentro de la legalidad”, ha aseverado.

OTROS ASUNTOS

González de Lara ha indicado que en la reunión se ha hablado de la construcción sostenible, que “va en la dirección correcta para recuperar un sector dinámico que ha pagado demasiados platos rotos, como si fuera el responsable de la crisis”.

Espera que el marco normativo y regulatorio que se genere en ese sentido facilite la aprobación de planes generales de ordenación urbana y del territorio, pues “hay más de 400 municipios que no tienen aprobados sus PGOU, algo difícil de entender”.

Asimismo, otros retos apuntados por González de Lara se centran en que los empresarios “deben hacer más autocrítica, ser más responsables con la sociedad y estar más vinculados con el futuro social de Andalucía”, además de pedir mayor peso de la industria, en cumplimiento con el objetivo de la UE, que las empresas tengan más dimensión y más competitividad, y que tengan más capacidad para internacionalizarse, toda vez que “las empresas que exportan siguen siendo insuficientes”.

Insiste en una administración pública “redimensionadada, con mas austeridad y más eficiente”. Reclama mayor seguridad jurídica y menor presión fiscal, con costes para las empresas más reducidos.

González de Lara ha indicado que la mayor presión fiscal “resta competitividad” y asegura que la presidenta “es consciente del alto volumen de impuestos”, tras lo que rechaza la medida del Gobierno central de aumentar las cotizaciones sociales, que supone “un impuesto para el empleo”, que supone “perder competitividad”, por lo que reclama que se bajen las cotizaciones sociales, pues España “es uno de los países con mayor penalización respecto de las cotizaciones sociales”.

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