La Cámara de Cuentas advierte de “desfases” en los programas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cifrado en 302,1 millones de euros el “desfase” entre la dotación presupuestaria del programa 43A de la Consejería de Fomento y Vivienda sobre “vivienda, rehabilitación y suelo” y los gastos generados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en los programas. De este modo, a cierre de 2011 estaba cuantificado en 256,6 millones de euros, y se ha incrementado un 18%.

En su informe de fiscalización sobre dicho programa, apunta que los estados del programa 43A “expresan la imagen fiel de la ejecución del presupuesto de 2015, de conformidad con la norma y con los principios contables y presupuestarios”, salvo por una serie de salvedades. Entre otras cosas, “no se ha facilitado la cuenta a la que se ha imputado el presupuesto de gastos del programa 43A, lo que ha imposibilitado la verificación”.

También considera que “la imputación en el presupuesto por el importe neto de los ingresos y gastos de las fianzas por arrendamiento y suministros resulta contraria al principio de presupuesto bruto” y además ha indicado que “los compromisos derivados de la concesión de préstamos reintegrables no han sido reflejados en su totalidad en la liquidación”.

En materia de cumplimiento de la legalidad, la Cámara de Cuentas también considera que las actividades realizadas de las áreas de transferencias, subvenciones, devolución de fianzas, contratación, encomiendas y convalidación de gastos del programa “resultan conformes con la norma”.

No obstante, entre las salvedades en este apartado, indica que la justificación de las transferencias nominativas de 2015 a AVRA para actuaciones del Renove y del programa de rehabilitación integral, renovación urbana y erradicación del chabolismo, “se basa en certificaciones de pagos que no acreditan la realización de la actividad” en cuestión.

Igualmente, cree que la cobertura indirecta del déficit del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de AVRA no es “adecuada”, en la medida en que “no exige para su justificación la acreditación de la aplicación a la finalidad establecida de los fondos obtenidos con los préstamos subvencionados”.

Incumplimiento de plazos

El informe apunta que en las subvenciones estatales al promotores de viviendas y alojamientos protegidos, las ayudas a inquilinas en situación de vulnerabilidad, las subvenciones para la adecuación funcional básica y el programa de rehabilitación autonómica y transformación de infravivienda, “se observa incumplimiento del plazo máximo de resolución y notificación”. En este último caso, además, “no consta el desarrollo con carácter previo a la concesión, de los criterios, como cumplimiento de principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación”.

El informe asimismo ha apuntado que los libramientos pendientes de justificar del programa presupuestario 43A, “a cierre de 2015 acumulan una demora superior a cuatro años desde el vencimiento del plazo y ascienden a 4,3 millones de euros”. Subraya que “si bien constan requerimientos de justificación, dada la antigüedad de los vencimientos, el riesgo de prescripción es muy elevado, debiendo analizarse si procede o no la exigencia de reintegro o depuración de saldos”.

El ente fiscalizador considera que la tramitación de expedientes de subvención y subsidiación a promotores de vivienda “adolecen de falta de verificación del coste de la actuación subvencionada”. Y también que en la convocatoria 2014 de subvenciones a personas en vulnerabilidad para el alquiler, “se observan retrasos en la publicación de las bases, concesión, justificación, revisión de justificaciones y la exigencia de reintegro, que inciden en el elevado índice de incumplimientos por beneficiarios”.

Entre sus recomendaciones, la “comprobación las justificaciones presentadas por AVRA de las transferencias”; una regulación del programa de rehabilitación del patrimonio de interés arquitectónico de titularidad municipal “que garantice los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación”; la reducción de plazos mediante la agilización de los procedimientos para publicar la normativa de las diferentes subvenciones, así como la tramitación y resolución de solicitudes; y la adecuación de las convocatorias de subvenciones a la dotación presupuestaria existente.