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Competencia traslada a agentes económicos y sociales las nuevas medidas de la Junta para reducir trabas a empresas
El acto será presidido por el presidente del Consejo, Ángel Gallego Morales, y contará con la participación de los miembros del Pleno, entre los que se encuentran los representantes de los consumidores y usuarios, así como de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), según señala en una nota la Administración andaluza.
Maria Victoria Román González será la encargada de efectuar la presentación y dar paso a las ponencias, que correrán a cargo del director del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la ADCA, Félix Riscos Gómez, y la secretaria general de la Agencia, María Ángeles Gómez Barea.
El objetivo de esta jornada informativa es dar a conocer a todos los miembros del CES las nuevas funciones asumidas por la Agencia de la Competencia en materia de mejora de la regulación y unidad de mercado, así como el proceso de la reducción de trabas administrativas que ha desarrollado la Junta de Andalucía.
El CES Andalucía es un órgano consultivo y de participación social del Gobierno andaluz en materia socioeconómica, que sirve de canal de diálogo permanente entre la sociedad civil organizada y la Junta de Andalucía. En él están representadas las organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el sector de la economía social, los consumidores y usuarios, las corporaciones locales, las universidades y un grupo de expertos.
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) es la entidad administrativa que promueve y defiende la competencia efectiva en los mercados en el territorio autonómico de Andalucía. Entre sus nuevas funciones figura también la de contribuir a la mejora de la regulación económica, fundamentalmente, informando las leyes y decretos antes de ser aprobadas, para eliminar trabas burocráticas, simplificar los procedimientos y proteger los derechos de los consumidores y usuarios.
La ADCA ha sido designada recientemente “punto de contacto” en el territorio de Andalucía para defender a los operadores económicos cuando detecten obstáculos a las libertades de establecimiento o circulación, protegidas por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
