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El Consejo Económico y Social critica que la futura Ley de la Juventud de Andalucía "no cumple las expectativas"

El dictamen de este organismo reprocha, entre otras cosas, sus "pocas novedades" y que se trata más bien "de un compendio de instrumentos normativos ya existentes"

Rechaza que no prevea presupuesto suficiente y que la participación se vea mermada por la "excesiva tutorización" por parte del Instituto Andaluz de la Juventud

Reunión en el Consejo Andaluz de la Juventud.

Reunión en el Consejo Andaluz de la Juventud.

La esperada Ley de la Juventud de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno en 2014, no se adecua "a las expectativas creadas desde su anuncio" hace más de cuatro años. Lo dice un informe del Consejo Económico y Social (CES), que ha dictaminado recientemente sobre un texto que estaba previsto que fuera tramitado por el Parlamento de Andalucía el pasado año, pero que todavía necesita el visto bueno como proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno, por lo que acumula un notable retraso.

En esta línea, pese a que el CES le otorga, en general, "una consideración positiva", lamenta que no presente "elementos novedosos que faciliten el diseño y la adopción de las medidas y acciones que la realidad del colectivo requiere de manera imperiosa". Se trata más bien "de un compendio de instrumentos normativos ya existentes para conformar un solo marco normativo con rango de ley, y dotar así de unidad y homogeneidad a las distintas y diversas actuaciones que el Gobierno de Andalucía desarrolla en materia de juventud", un problema que ya se detectó en otras normas del ejecutivo de Susana Díaz. 

Por otra parte, el CES señala que es un texto "más propio en determinados apartados de normas de rango inferior", no consuma carácter "integrador que desde un posicionamiento global y equilibrado abarque todos los aspectos que inciden en el desarrollo" de los jóvenes; y aparecen materias propias que precisan de más profundidad y "otras que se solapan o pertenecen a otros ámbitos jurídicos, por lo que sería recomendable realizar una revisión" del mismo. Echa en falta, por ejemplo, materias como pueden ser medidas de prevención de adicciones y drogodependencia o el empleo de calidad y la iniciativa empresarial juvenil. "En materia de juventud, sin la centralidad del trabajo, resulta complicado y poco realista hablar de acceso a una vivienda, emancipación y ciudadanía plena", apunta. 

Por otro lado, el CES llama la atención sobre que una propuesta de este calado "debe contar con la dotación necesaria de recursos económicos, materiales, infraestructuras y, por supuesto, equipos de trabajo", lo que no ve reflejado en la memoria económica del anteproyecto de ley, "puesto que según pone de manifiesto, su aprobación no va a suponer un incremento de gastos en el presupuesto de la Junta de Andalucía".

En materia de participación, el CES considera que "se desprende a lo largo del texto la excesiva tutorización por parte del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en la mayoría de los procesos relevantes. Por ello, insta a establecer cuáles son las competencias de los distintos consejos de juventud existentes en Andalucía. Y es en este punto donde se hace eco de una anomalía en la comunidad autónoma: hay que dotar de personalidad jurídica propia al Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA), órgano con más de 30 años de vida y que sin embargo sigue dependiente del IAJ. Con ello se incumplen incluso los principios para estar integrado en el Consejo de la Juventud de España (CJE). De hecho, pese a que cuando en febrero de 2017 se debatió en el pleno del Parlamento de Andalucía una moción de Podemos que entre otros puntos exigía personalidad jurídica propia para el CJA, los socios de investidura (PSOE y C's) la tumbaron con la justificación de que se abordaría en el marco de esta ley. Sin embargo, no se menciona en este texto, todavía pendiente del Consejo Consultivo de Andalucía.

Por último, el organismo llama la atención sobre la excesiva remisión de la norma al desarrollo reglamentario posterior, sin que se señalen plazos para este proceso, "lo que puede dar lugar a que los principios y medidas que en la misma se propugnan queden vacíos de contenido, al alargar sine die su desarrollo, restando eficacia a su plena aplicación". 

 

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