El Ayuntamiento dice que ha cumplido con los informes de Corrala Utopía

La concejal delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación del Ayuntamiento de Sevilla, Dolores De Pablo-Blanco, ha afirmado que el Gobierno de Juan Ignacio Zoido ha “cumplido en todo el proceso con la remisión de los informes sociales elaborados por sus trabajadores sociales con carácter prioritario”, mientras que la Junta es “responsable de sus decisiones desde el momento en el que entregó las llaves a las ocho familias ocupas anteriores como a las que ha anunciado que entregará este martes”.

En un comunicado, De Pablo-Blanco ha explicado que la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés, ha tramitado un expediente para esa entrega de llaves, por lo que considera que es “de su exclusiva responsabilidad, sin que el Ayuntamiento pueda ni avalar ni dejar de avalar lo realizado por la Consejería”. “Lo único que hace el Ayuntamiento es cumplir con la obligación impuesta en la ley de emitir los informes sociales con calificación de situación de vulnerabilidad, exclusión social y baremada”, añade.

Según la concejal de Asuntos Sociales, “desgraciadamente en Sevilla hay muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad por contar con algún indicador de exclusión (desempleo, víctima de violencia de género, discapacidad, menores, dispersión de miembros de la familia en distintos hogares, entre otros)”, una situación ante la que indica que el Ayuntamiento aprobó el baremo que determina la prioridad de entre todos ellos, “garantizando así los principios de igualdad de trato, máxima transparencia, objetividad y garantía”.

Ha señalado que “la Junta de Andalucía tendrá que explicar a la ciudadanía por qué ha tomado esas decisiones y por qué ha realojado a personas que, según los informes sociales, no están todas en exclusión social”. Así, De Pablo-Blanco se ha preguntado que “por qué unos tienen más derecho qué otros, hay familias en Sevilla que están en la misma situación que las personas que van a realojar y que también tienen un solo indicador de exclusión para optar a un realojo, provisional o definitivo”.

En este sentido, se pregunta que “si sólo han tenido en cuenta esto por qué se ha priorizado a estas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda”. Afirma que “lo primero” que la Junta debe aclarar es qué criterio de selección han seguido para realojar, “por qué se puede realojar a personas ocupas ilegales”. “No se debe premiar a aquellos que dan una patada a la puerta”, ha destacado De Pablo-Blanco.

Así, cuestiona “qué es lo que ha cambiado desde que entregaron las llaves, qué ha cambiado ahora cuando pidieron a este Ayuntamiento que elaborará los correspondientes informes sociales, entregados en tiempo y forma y que parece que no han tenido muy en cuenta”. Recuerda a la Consejería que la adjudicación de vivienda “tal y como viene contemplada en la Ley es competencia del Ayuntamiento, por lo que nunca puede amparar la ley una situación de origen ilegal como ellos pretenden”.

“Todo realojo, provisional o no, implica adjudicación”, ha señalado De Pablo-Blanco, que ha concluido que “la Junta no busque en el Ayuntamiento ni avales ni excusas”. “Hemos actuado como marca la ley y dándoles prioridad en todo momento para atender a estas familias”, sentencia.