C's se abona a la rentabilidad de las rebajas fiscales y relega las exigencias a Susana Díaz sobre regeneración democrática
C's ha encontrado en las rebajas fiscales más rentabilidad de cara a su electorado que en las promesas en materia de regeneración democrática, con las que quiso marcar diferencia como nuevo partido, a la hora de presionar a sus socios de investidura. Por eso en el momento más importante de cada ejercicio para el Gobierno de Andalucía, la elaboración de sus presupuestos autonómicos, centra toda la presión sobre Susana Díaz en este tema.
Se vio en 2015 con la rebaja del tramo autonómico del IRPF y el pasado año y éste con la del impuesto de sucesiones y donaciones, que ni siquiera está en el pacto de investidura que firmaron con los socialistas. En los terceros presupuestos autonómicos de la legislatura, para los que los socialistas han hipotecado de nuevo toda la negociación a C's, vuelve a ser el tema con el que quieren marcar diferencia. De manera que C's ha celebrado esta semana haber conseguido una rebaja fiscal con la que entierra el impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía.
Pese a que en los primeros meses de la legislatura empezaron fuerte con estas exigencias, por ejemplo para pedir que se apartaran cargos públicos implicados en causas por corrupción política, las demás medidas de regeneración democrática que podrían incomodar a los socialistas -están por ello atascadas- ni salen en esta negociación. Lógicamente sí se ponen sobre la mesa las clásicas a las que ningún partido se va a negar -por lo menos con micrófonos por delante- como “más dinero para los servicios públicos” y para generar empleo en la comunidad autónoma, que terminan casi como decorativas en medio de la gran apuesta: la rebaja fiscal.
Cabe recordar que en el pacto de investidura que firmaron el PSOE y C's se incluyeron 70 medidas repartidas en tres bloques: en materia de economía y empleo hay 17, incluida la reducción entre el 2% y el 3,5% del tramo autonómico del IRPF; otras 18 referidas a los servicios públicos; y 35 compromisos de regeneración democrática de los partidos y las instituciones. Es decir, este último bloque acaparó la mitad de las medidas, lo que demuestra la importancia que se le dio, pese a que de esas 35 es cierto que siete (la quinta parte) se limitan a “instar a que el Gobierno de España” haga tal cosa e incluso hay un par que ni son competencia de la autonomía.
Por el contrario, como se ha dicho, en ese pacto de investidura ni siquiera está la reducción hasta prácticamente su eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que C's ha convertido en su caballo de batalla, en su carrera para que el PP, para el que ya era prioritaria esta modificación, no le coma terreno.
El hecho de que haya dejado en segundo plano estas promesas no pasa desapercibido a C's y por eso en la reunión que el pasado mes de mayo mantuvieron la presidenta y Juan Marín para evaluar el grado de cumplimiento del pacto de investidura, acordaron precisamente “priorizar” estas medidas, en concreto, la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y la eliminación de los aforamientos. Pero ese “priorizar” quedó definido con una vaguedad que nada tiene que ver con la garantía que requiere la aprobación de los presupuestos autonómicos.
Los seis casos clave
Comenzando por una de las medidas más ambiciosas de regeneración democrática, la citada reforma de la Ley Electoral de Andalucía, está en el punto 11 del pacto de investidura. No es nueva: se lleva hablando de ello en Andalucía desde hace años e incluso se creó un grupo de trabajo la pasada legislatura. El que se ha puesto en marcha en la presente, por ese compromiso PSOE-C's, se ha visto frenado porque el grupo de trabajo ha sido prorrogado después de cumplir el plazo para su informe sin resultados. Para esta reforma, C's propone cambios que garanticen la proporcionalidad, listas abiertas o desbloqueadas o la reducción a la mitad de los gastos electorales en un 50%.
Inmediatamente después, en el punto 12, está la también mencionada eliminación de los aforamientos a nivel autonómico. No se han dado pasos en este sentido e incluso pese a que a Susana Díaz le gusta presumir de que Andalucía ha sido “pionera” o “está la vanguardia” frente a otras comunidades autónomas en temas como la transparencia o la lucha contra la corrupción, lo cierto es que en la eliminación de los aforamientos se le han puesto por delante tanto Murcia, con mediación de C's por cierto, como más recientemente Cantabria.
También sin cumplir y sin que haga presión C's con ello, el punto 13, el de la limitación de mandatos de presidentes. Es más, en este tema el PP presentó una proposición de ley que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía hace casi un año. Pero el PSOE no comparte su contenido en los niveles de exigencia que ha puesto los populares, como la limitación a dos mandatos por presidente o como que sea extensible a los consejeros. Se agarra por ello a un informe del Consejo Consultivo de Andalucía, no vinculante, que duda de su validez jurídica porque debería estar incluida en el Estatuto de Autonomía.
Pero hay más, en el subepígrafe de regeneración democrática dedicado a las administraciones, se incluye en dicho pacto de investidura la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, “que defina con mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso de incumplimiento de sus deberes”. Está en el calendario legislativo de 2017, por lo que le quedan poco más de tres meses al Gobierno de Andalucía para cumplirlo y que vaya a Consejo de Gobierno el proyecto de ley.
Lo mismo le pasa con la Ley de Subvenciones de Andalucía, que figura en dicho calendario legislativo y está también incluida en este apartado del pacto de investidura en el compromiso de “avanzar en la eficiencia y control de los fondos públicos”. De momento, sin noticias.
En cuanto a la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía “para reforzar la obligatoriedad de colaboración de las administraciones con la acción fiscalizadora de este órgano, estableciendo la posibilidad de imposición de multas coercitivas a los responsables públicos que no rindan cuentas” ni siquiera está en el calendario legislativo de este año. Tan sólo periódicamente IU llama la atención sobre ello en el Parlamento de Andalucía y PSOE y C's se encargan de bloquear sus proposiciones de ley que no consiguen pasar el trámite de toma en consideración, como se vio el pasado mes de abril en el pleno.
En realidad, sólo una de las cuatro leyes incluidas en este paquete de medidas pactado por el PSOE y C's se ha aprobado por el Gobierno de Andalucía ha sido la Ley de Participación Ciudadana, que venía de la legislatura previa y superó el debate a la totalidad en el Parlamento de Andalucía tres años después, en concreto el pasado mes de febrero.
Pero el caso es que en la negociación de 2015 para los presupuestos autonómicos de 2016, el pulso estuvo para conseguir la reducción del tramo autonómico del IRPF, que se cifró entonces en un 2% y en una primera reforma del impuesto de sucesiones y donaciones. Mientras, el pacto que se firmó para los presupuestos autonómicos de 2017 incluyeron la previsión de entrada en vigor de los cambios en el impuesto de sucesiones y donaciones. Las cuentas para 2018, de nuevo se atascan en la reforma fiscal, esta vez para dar un paso más en el impuesto de sucesiones y donaciones.
