La defensa de Aguayo dice que “el único órgano” que pudo suspender ayudas de los ERE fue la Intervención

El abogado Víctor Moreno Catena, que ejerce la defensa de la exviceconsejera de Hacienda de la Junta Carmen Martínez Aguayo, ha apuntado este martes que “no se puede soslayar que el único órgano que podía suspender y reparar los pagos” de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos era el interventor delegado en la Consejería de Empleo o el interventor general, el acusado Manuel Gómez Martínez.

Moreno Catena, en su informe final, cuya lectura ha continuado en la sesión de mañana de este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos acusados de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, ha reprochado que el Ministerio Fiscal y las acusaciones han realizado “una acusación global y coral, donde todos los encausados tenían capacidad para todo y todos tenían que haber hecho algo”.

En este sentido, ha añadido que se preguntan “si Hacienda podía haber hecho más”, pretendiendo derivar en la Consejería competencias como si fuera “un órgano plenipotenciario y preminente” en materia presupuestaria y de control sobre el programa presupuestario 31L con el que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y del que enviaba fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación para que el ente público materializara el pago de las ayudas.

LAS AYUDAS “NECESARIAMENTE DEBIERON SER FISCALIZADAS”

Moreno Catena ha insistido en que las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo “necesariamente debían ser fiscalizadas y controladas” y si no se hizo “no se puede achacar a la presupuestación, sino a la gestión, ejecución y control del crédito”, pues, según ha añadido, “no existe norma que impida que se fiscalice ayudas financiadas por transferencias de financiación”, como son las investigadas en esta causa.

Pese a que las acusaciones han buscado sin éxito “norma de cualquier rango” para sustentar que era imposible la fiscalización previa o que Ángel Turrión, perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hizo de portavoz durante la prueba pericial, dijo que no se podían fiscalizar las ayudas porque ya se habían fiscalizado las transferencias de financiación y se había agotado el crédito, el abogado ha insistido en que “cabía y debía haberse sometido a fiscalización previa las ayudas en la Consejería de Empleo”.

A su juicio, la “prohibición” de la fiscalización es “una idea preconcebida por las acusaciones que quieren criminalizar las conductas de los acusados”, pues, ha reiterado, que el agotamiento del crédito no es causa para no haber fiscalizado.

Para Moreno Catena, “ha quedado acreditado” que la Intervención General conocía las ayudas, la gestión de la Dirección General de Trabajo, el sistema de concesión, las irregularidades y el uso inadecuado de las transferencias de financiación.

En este sentido, ha indicado que, si el interventor delegado en Empleo, al fiscalizar las transferencias de financiación, consideraba que su uso era inadecuado debió reparar las transferencias. Pero la inexistencia de reparo alguno a este respecto, el abogado concluye que “la Intervención General consideró que las transferencias podían usarse para pagar las ayudas, como así lo aprobó el Parlamento”.

Para la defensa de Martínez Aguayo, la Dirección General de Trabajo “tenía obligación de someter a fiscalización previa las ayudas”, añadiendo que la Intervención General, tras conocer desde 2001 la existencia de convenios específicos entre la Dirección General de Trabajo e IFA/IDEA para conceder y pagar ayudas, no analizó expedientes de ayudas hasta 2004 para el informe adicional de Control Financiero Permanente referido al ejercicio de 2003 y conocido en 2005. Tampoco sugirió “analizar” más expedientes una vez que se tuvo conciencia “clara” de las irregularidades a través de dicho informe adicional, entre ellas, que las ayudas no se fiscalizaban.

Moreno Catena ha reiterado que Martínez Aguayo “no tenía competencias de control sobre la legalidad de la gestión económica de los entes públicos como IFA/IDEA y no se puede extender las competencias 'ad infinitum', pues una administración se rige por los principios de descentralización, coordinación y legalidad”.

PENSAR QUE AGUAYO SE LEYÓ INFORMES DE LA INTERVENCIÓN ES “IRRACIONAL”

La Viceconsejería de Hacienda recibió entre 2004 y 2013 un total de 630 informes de Control Financiero Permanente de empresas públicas, entre ellas IFA/IDEA. “Presumir que Martínez Aguayo meramente por ser viceconsejera analizó todos los informes es irracionable y desatiende a la lógica del cometido de su departamento”, ha manifestado el abogado, añadiendo que “no los leía ni analizaba”.

Ha indicado que su representada conocía por parte de su equipo, encargado del análisis de los informes, un resumen de los mismos, donde se aludía a deficiencias pero “no a irregularidades. De haberlas se lo hubieran dicho”.

En otro bloque de su informe final ha profundizado en el informe adicional del año 2003, elaborado tras analizar la Intervención de la Junta una veintena de expedientes de ayudas y que concluyó, entre irregularidades, que se estaban concediendo ayudas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y sin control. Un “diabólico” informe que “contamina” al que lo conoce y se usa por las acusaciones para acusar de malversación a Martínez Aguayo.

“El que no lo recibió está libre de pecado, el que sí --IFA/IDEA, Empleo, Innovación y Hacienda-- es culpable de permitir la gestión de la Dirección General de Trabajo”, ha manifestado el abogado, precisando que los interventores “nunca consideraron” que las irregularidades recogidas fuesen “infracciones grave que ocasionaran riesgo de menoscabo o que conllevara otra actuación de la Intervención General”, como el informe de actuación.

Moreno Catena ha puesto en duda la metodología usada para el análisis de los 20 expedientes, advirtiendo que durante el tiempo investigado no se volvió a repetir la revisión de más expedientes de ayudas.

El informe adicional “no estaba reglado” y “no es sustitutivo de un informe de actuación, sólo recoge irregularidades administrativas”, rechazando que éste tuviera desencadenar actuación alguna de la exviceconsejera, “por su desconocimiento del informe y porque no se le atribuye actuación alguna”, añadiendo que Martínez Aguayo “cumplió con todos los deberes inherentes a su cargo en el control de las empresas públicas”.

Además, el reproche del uso inadecuado de las trasferencias recogido en el informe adicional es “más de oportunidad que de ilegalidad”.

LOS PARLAMENTARIOS “NO SON DÉBILES MENTALES”

Sobre las memorias de la Intervención General de la Junta para los acuerdos anuales de Control Financiero Permanente que aprobaba el Consejo de Gobierno y a través de las cuales, según las acusaciones, Martínez Aguayo y el propio Consejo debieron conocer las irregularidades de los ERE, el abogado ha indicado que éstas sólo recogían “discrepancias contables y fiscales o irregularidades en la contabilización de las transferencias de financiación”.

Con respecto al “engaño o fraude” al Parlamento del que hablan las acusaciones para que la Cámara aprobara los presupuestos incluyendo el uso de las transferencias para sufragar las ayudas creyendo que eran para cubrir pérdidas, Moreno Catena considera que no se puede sostener este “ataque frontal a la capacidad de los parlamentarios, que no son débiles mentales”, insistiendo en que estas tesis suponen “un auténtico disparate jurídico y político, que atenta a la soberanía de la Cámara”.