El abogado de Magdalena Álvarez dice que las acusaciones “no han acreditado que conociera quién gastaba y pagaba” en los ERE

El abogado Rafael Alcácer, que ejerce la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado este lunes que las acusaciones “no han acreditado prueba o elemento probatorio” que permita afirmar que su defendida tuvo conocimiento del modelo de gestión de las ayudas investigadas, “ni quien gastaba ni quien pagaba”.

Alcácer ha continuado este lunes en la sesión del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla con la última parte de su informe final, subrayando que “no hay datos” que acredite que Magdalena Álvarez conoció el modelo de gestión, es decir, que la Dirección General de Trabajo concedía las ayudas y que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), pagaba con fondos del 31L allegados al ente público a través de transferencias de financiación.

Se trata de un modelo, según ha recordado Alcácer, que para la acusación determina “el uso inadecuado de las transferencias de financiación y la falta de fiscalización previa de las ayudas, así como la omisión del procedimiento legalmente establecido”.

En este sentido, la defensa ha recordado que las acusaciones apuntan a que el Parlamento no pudo conocer el modelo de gestión de las ayudas “pese a toda la documentación que manejaban”. “Cómo Magdalena Álvarez pudo conocer algo que no pudieron hacer los parlamentarios y si éstos cayeron en el error de pensar que IFA/IDEA concedía y pagaba, por qué no pudo hacerlo la exconsejera. Qué fuente de información adicional tuvo Álvarez que no tuvo el Parlamento”, se ha preguntado Alcácer.

HACIENDA TENÍA “MENOS INFORMACIÓN” QUE EL PARLAMENTO

Descartada la “confabulación previa” de todos los acusados para poner en marcha el sistema de concesión y pago de las ayudas, “no hay base para acreditar que Magdalena Álvarez dispuso de información sobre el modelo de gestión. Más bien al contrario, según el abogado, ”la Consejería de Hacienda disponía de menos información que el Parlamento“ relativa a la documentación de los presupuestos de la Junta para conocer el modelo de gestión de las ayudas porque ”no tenía acceso a la cuenta general ni al debate de las enmiendas presupuestarias, que sí conocía el Parlamento“.

Tampoco la documentación anexa a los presupuestos de 2003 y 2004 “recogía con claridad el modelo de gestión”.

Alcácer, que no comparte la tesis de que el Parlamento no conocía el modelo de gestión, como dicen las acusaciones, pues contaba con información “más que suficiente” para ello, considera “una sorpresa” que la Fiscalía apele a la documentación anexa y a la mención nominal al convenio marco de 2001 en los presupuestos de 2003 para fundamentar el conocimiento de Magdalena Álvarez, documentación que no sirve para el conocimiento del Parlamento, reprochando “el doble rasero” del Ministerio Público.