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Varias defensas protestan al tribunal de los ERE por la intervención “acusatoria” de los peritos del Estado

Defensas protestan al tribunal de los ERE por la intervención "de parte acusatoria" de la IGAE

Europa Press

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Media docena de abogados de los 22 ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio de la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha elevado protestado al tribunal por la intervención realizada en la sesión de este martes por los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) pues “excede de una pericial para convertirse en casi en un informe de parte, de parte de la acusación”.

La protesta ha sido puesta de manifiesto por Pedro Apalategui, abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y a la misma se han adherido los abogados del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román y el letrado del ex secretario general técnico de Empleo Javier Aguado.

Tras una larga intervención de Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, sobre las transferencias de financiación y su finalidad, y la “fraudulenta” elaboración del proyecto de presupuestos por la que se “indujo a error” al Parlamento, Apalategui ha pedido la palabra para elevar protesta a la Sala de la Sección Primera de la Audiencia, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña.

Las transferencias de financiación y su destino han vuelto a centrar una sesión más del juicio. Así, Turrión ha señalado que existen “cuarenta y tantas normas” que las definen como instrumento de financiación “sólo para cubrir pérdidas” y ha precisado que los peritos de parte argumentan que pueden dedicarse a otro fin distinto en base a que la Ley de Presupuestos para el año 2002 deroga la Ley 15/2001 de Acompañamiento, pues a juicio de los peritos de las defensas el legislador fija cada año en la Ley de Presupuestos el destino de los créditos.

“En ningún modo se deroga el artículo 18 de la Ley de Acompañamiento de 2001 sobre las transferencias de financiación”, ha afirmado Turrión, que ha expuesto instrucciones de la Intervención General de la Junta, 20 leyes de Presupuestos, dos de Acompañamiento y la Ley General de Hacienda Pública, dos decretos de reglamento de Subvenciones, 15 órdenes de la Consejería de Hacienda --tres de ellas dictadas por imperativo de la Ley General de Hacienda Pública-- y doce órdenes de Hacienda de normas para la elaboración de los presupuestos que se expresan en el sentido de las tesis de la IGAE.

En este sentido, ha indicado que el artículo 38.2 de la Ley General de Hacienda Pública señala que los créditos son limitativos y vinculantes siendo “nulos de pleno derecho los actos administrativos que infringan esta norma”, añadiendo Turrión que tienen que respetar la clasificación presupuestaria.

Ha expuesto que las memorias de las cuentas anuales del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el informe de fiscalización de las ayudas de la Cámara de Cuentas y otros informes sobre el uso de las transferencias a otras entidades públicas y sentencias del Tribunal de Cuentas, en las que se dice sobre las transferencias: “cuyo fin por imperativo legal era cubrir pérdidas y no pagar subvenciones, y como consecuencia de esto quedaron al margen del control previo de la Junta”.

“No es un juicio de valor, sino que está apoyado en informes y sentencias, así como por los máximos órganos fiscalizadores -Cámara de Cuentas, Tribunal de Cuentas e Intervención General de la Junta--”, ha asegurado.

“CONFLICTO NORMATIVO”

Por su parte, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, considera que el argumento defendido por la IGAE incurre en “un error metodológico” pues no es que el artículo 18 quede derogado sino que existe un “conflicto normativo” con la Ley de Presupuestos de 2001 y en este caso “ley posterior deroga ley anterior y ley particular a ley general”.

La Ley de Presupuestos consigna las transferencias de financiación del programa presupuestario 31L a IFA/DIEA para el pago de subvenciones, ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que, “con todo el respeto a las instituciones mencionadas por Turrión, ”no son fuentes de derecho“, y ha rechazado que el Tribunal de Cuentas diga que las transferencias no sirvan para pagar ayudas sino que señala que ”se han usado inadecuadamente en su ejecución presupuestaria“.

“Es el legislador con la Ley de Presupuestos quien establece el destino de los créditos sin más sometimiento que los parámetros del Estatuto y la Constitución”, ha manifestado Zornoza, para quien está “meridianamente claro que un legislador puede destinar las transferencias al pago de las ayudas”.

Por su parte, Juan Antonio Carrillo, perito de parte de la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha señalado que cada transferencia va por su carril y esto es “la prueba del nueve”. Las transferencias de financiación dirigidas para cubrir pérdidas de explotación corresponde a la consejería de adscripción del ente y las del 31L, con finalidad distinta, van por otro carril, pues cuando IDEA se adscribe a Innovación sigue la Consejería de Empleo presupuestándolas.

Carrillo ha expresado sus dudas sobre la naturaleza de norma jurídica de instrucciones y resoluciones expuestas por la IGAE, que son “instrucciones de servicios”, aunque para Turrión “sí son normas”.

Juan Ramallo, perito propuesto por la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, tras leer el artículo 18 de la Ley de Acompañamiento, ha indicado que éste dice que “cuando sean para la cuenta de explotación se usarán transferencias de financiación”, pero “no impide otras” finalidades.

“¿QUIÉN MÁS LO TIENE QUE DECIR?”

“¿Quién más lo tiene que decir, qué es lo que no se entiende de que las transferencias de financiación tiene que ir a cubrir pérdidas, en que artículo o Ley dice lo contrario?”, ha cuestionado Turrión.

En este sentido, ha expuesto lo que considera “el mundo al revés” y es que la Junta en los años 2000 y 2001 tenía los instrumentos de financiación “legales” para pagar las ayudas como subvenciones a familias y entidades sin fines de lucro y subvenciones a empresas e hizo modificaciones presupuestarias para usar las transferencias de financiación y desde 2002 hasta 2009 “pudieron hacer una modificación presupuestaria en la Consejería de Empleo para el pago de las subvenciones y no lo hicieron”.

Además, ha vuelto a repetir que como consecuencia de una elaboración “fraudulenta” del proyecto de Presupuestos, en cuanto al uso “inadecuado” de las transferencias de financiación, se “indujo a error” al Parlamento. “La fraudulenta presupuestación es doble, en Empleo y en IFA/IDEA, mediante consignación de gastos ficticios e inexistentes porque nunca se iban a producir, ya que el ente se limitaba a pagar y cuando alguien paga por cuenta de un tercero no gasta”.

“El Parlamento fue inducido a error porque pudo pensar que las subvenciones las iba a dar IFA/IDEA, pero no fue así”, ha concluido Turrión.

Tras esta intervención del jefe del equipo de la IGAE, Zornoza ha expresado que “ya pueden citar tres millones más de disposiciones que es en la Ley de Presupuestos quien fija el destino de los créditos y por tanto de las transferencias”.

Para Ramallo, si el Presupuesto está “fraudulentamente” elaborado y existe fraude en su ejecución, es “imprescindible” que exista “fraude” en la fase del medio, es decir, en la aprobación del Presupuesto por parte del Parlamento, pero ha salido en defensa del Parlamento andaluz: “No se puede decir que hubo fraude al Parlamento”. Turrión, en este sentido, ha aclarado que “nunca” han hablado que el Parlamento elaboró algo fraudulento, si no que fue “inducido a error”.

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