El Defensor abre queja de oficio para conocer las medidas para prevenir muertes por sobredosis en cárceles de Andalucía

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio para conocer los sistemas de intervención en materia de drogodependencia que se aplican en el ámbito de los Centros Penitenciarios en Andalucía, tras el reciente fallecimiento de algunos internos por posible sobredosis.

Además, con esta actuación, que está dirigida a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Ministerio de Interior, y a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Maeztu quiere tener información sobre los acuerdos, convenios o instrumentos de mutua colaboración en vigor o que hubieran sido aplicados.

Así, según el texto de la queja, consultado por Europa Press, la Defensoría señala que, a través de diversos medios de comunicación, ha tenido conocimiento de recientes fallecimientos de internos en centros penitenciarios de Andalucía por posible sobredosis.

Según explica, se alude a “que, en lo que va de año al menos, se habrían producido tres fallecimientos en el centro penitenciario de Albolote (Granada), dos en el centro penitenciario de Huelva, cuatro en los distintos centros penitenciario de El Puerto de Santa María y cinco en el centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras)”.

De este modo, Maeztu recuerda que “consagrado” como un derecho fundamental, las penas privativas de libertad “deberán estar orientadas a la reeducación y reinserción de los internos, ejercitándose la actividad penitenciaria respetando su personalidad y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, teniendo derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, integridad y salud, y por tanto a adoptar medidas para impedir que estar muertes se produzcan”.

Asimismo, señala que “un elevado porcentaje” de los internos en los centros penitenciarios son drogodependientes y, en muchos casos, cumplen condenas por delitos relacionados con este motivo, por lo que “el hecho de que tengan acceso a dichas sustancias es una cuestión grave que dificulta, cuanto no, imposibilita su reinserción”.

Igualmente, destaca que en esta cuestión, las medidas preventivas que se deben tomar dentro de los centros por la administración penitenciaria, “deben de tener su respaldo también en aquellas otras medidas alternativas que, en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, tiene atribuida la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales”.

Al respecto, añade que “es evidente” que el ejercicio de estas políticas de prevención, tratamiento y superación de las drogodependencias “exigen la coordinación en esta materia entre los distintos estamentos implicados, priorizando programas de prevención, desarrollando estrategias de intervención y agilizando el acceso a los recursos establecidos”.

Por todo ello, la Institución ve “oportuno” incoar esta actuación de oficio para obtener información sobre este asunto por parte de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.