Denuncian “enchufes” de familiares y cargos del PP en tribunales de selección del Ayuntamiento de Granada
El sindicato CGT ha denunciado públicamente presuntas prácticas “irregulares o al menos poco éticas” en los tribunales de selección de oposiciones del Ayuntamiento de Granada, al presentar un dossier de personal que repite habitualmente y que apunta directamente a 8 de los 9 miembros de una oposición a punto de resolverse, la de los 15 puestos de subalternos para la que existen hasta 2000 aspirantes.
La información, que adelantó en parte el diario Ideal de Granada el pasado viernes, apunta directamente a Antonio Fernández Lupión, actualmente secretario del Área Electoral del PP de Granada capital. En 2011, Fernández Lupión fue condenado por un delito de falsedad en documento oficial a 20 meses prisión e inhabilitación especial, aunque al recurrir la condena se les rebajó a sólo seis meses. El tribunal consideró que tanto él como la entonces Concejal de Juventud, Cristina Almagro, también del PP, eran culpables de haber manipulado de forma “palmaria” las actas de la Asociación de Vecinos del Albaicín para ser elegidos presidenta y vicepresidente de la misma, respectivamente.
Fernández Lupión ya ha cumplido su condena, que lo habría inhabilitado en otro caso, por lo que su participación sería legal, aunque el portavoz de CGT, Justo Fernández, considera que “como mínimo, no es ético, si sabemos que es alguien que manipula documentos oficiales para su propio beneficio”. Añaden, además, que sin dejar de tener cargo en el PP, ha sido parte de los tribunales de oposiciones a administrativo de 2009 y 2010 y el de monitores de Participación Ciudadana de ese mismo año, por lo que su “cuarta” aparición les resulta “sospechosa”.
Presidente del tribunal de las oposiciones a subalternos que el sindicato pone en duda será Concepción Muñoz Sánchez, secretaria de Área de Movimiento Electoral en el actual Comité Ejecutivo Provincial del PP de Granada. Su principal incompatibilidad es que como actual Coordinadora del Área de Educación, Consumo y Empleo, un cargo de confianza, no debería formar para de los tribunales de selección. Además, fue directora del antiguo Instituto Municipal para el Fomento del Empleo (IMFE) sin reunir los requisitos legales.
Del mismo tribunal forma parte el propio marido de Concepción Muñoz, Antonio Hurtado González, que fue director general de Organización y Prevención de Riesgos Laborales, un cargo de confianza que nombra el concejal de Personal, Juan Antonio Fuentes (PP), y actualmente ocupa un puesto de director general en el Área de Urbanismo. CGT pone en duda que pueda participar en los tribunales dado que su puesto pertenece a la Administración Especial.
Más polémicos son aún Javier Montero Peña y Pilar Macarena Gómez Montero, respectivamente tío y sobrina, condición ya incompatible con el tribunal, que se agrava, entiende el sindicato, en tanto la segunda es hija de Pilar Montero Peña, hermana del anterior y con el que ha compartido tribunales en el pasado. Los Montero Peña han ocupado importantes cargos en el organigrama municipal, siendo él Jefe de Sección de Consumo en la actualidad y ella Jefa de Servicio de Selección y formación hasta su jubilación. En cuanto a la hija y sobrina, es coordinadora de un centro cívico.
La cuestión con los Montero Peña es que son tíos -y la hija y sobrina, por tanto, prima- del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada desde 2003, Juan García Montero (PP), también hermano del conocido poeta. Precisamente el concejal ha defendido la gestión del Ayuntamiento y la legalidad de los tribunales indicando que “ha habido gente de todo tipo e ideología, incluso militantes del PSOE. No son personas que trabajen para una ONG, sino que lo hacen para el Ayuntamiento y están capacitadas para participar en los tribunales”. Sobre sus familiares, indicó que la presencia de estos en el Ayuntamiento es anterior a su llegada al mismo como edil.
Finalmente, apunta CGT a la antigua directora general de Personal, que perdió la condición de funcionaria al cumplir los 70 años pero se le hizo un contrato laboral. Dicha contratación fue denunciada por irregular y el Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) para que el puesto lo pudiese ocupar personal no funcionario. Tanto ella como un sobrino suyo, de nuevo otra repetición de familiares que el sindicato considera irregular, han participado en diferentes tribunales entre 2010 y 2014.
Justo Fernández de CGT indicó también que esperan que el Ayuntamiento no sólo “rectifique” sino que estas prácticas “no se vuelvan a repetir en el futuro”, aunque no aclaró si su sindicato tomará medidas legales al respecto si finalmente la composición del tribunal se mantiene. En noviembre del pasado año, los concejales de IU y UPyD también señalaron presuntos “enchufismos” por la repetida presencia de familiares de altos cargos en los tribunales de selección.
