La Diputación de Huelva carga cuatro días después contra el registro “desmedido” de la Guardia Civil
“La Guardia Civil ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. Así se rotunda se ha expresado este martes la Diputación Provincial de Huelva cinco días después de que fuesen registradas sus instalaciones de la capital onubense por orden del juzgado de Valverde del Camino. Hasta que ha llegado este comunicado no había explicación oficial alguna, aunque sí valoraciones de representantes políticos. Lo que se ha enviado a los medios es una nota que, además, no está firmada por nadie y que ataca directamente a los agentes de la Guardia Civil que realizaron el registro.
Ya en el primer párrafo, el órgano provincial es duro, al señalar que “entendemos que no se compagina el auto con el que el juez autoriza la entrada y el registro en la Diputación para la búsqueda de documentación, con las formas de la Guardia Civil para conseguir esa documentación”. “Existe una vulneración absoluta del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento criminal que el juez pide taxativamente en el auto que se cumpla. Este artículo dice así: Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción”.
La Diputación es tajante al señalar que “se ha producido un incumplimiento por parte de la Guardia Civil de la Ley de Enjuiciamiento criminal ordenado expresamente por el juez. Se trata de una interpretación tremendista del auto del juez”.
“Número de efectivos desproporcionado”
El mismo comunicado considera que “el número de efectivos es absolutamente desproporcionado, tanto dentro como fuera de la Diputación. De hecho, en el interior de las instalaciones, mientras el personal facilitaba la información requerida, había presencia de agentes armados y uniformados”.
Eso sí, entre líneas aporta, posiblemente sin quererlo, una valiosa información, ya que informa de que no es la primera vez que se actúa en este caso: “Con anterioridad al pasado viernes, en dos ocasiones se había facilitado documentación requerida sin necesidad de despliegue policial. Nuestra colaboración siempre ha sido absoluta, por tanto, no podemos entender ni el despliegue ni el cierre de la Diputación durante toda la jornada”.
Critica también que el registro “se ha llevado a cabo en cuatro despachos (PFEA, Personal, Mantenimiento e Intervención) de los 115 que existe en esta sede de la Diputación Provincial”. Por tanto, “no había necesidad ninguna de cerrar la Diputación entera. No podemos obviar tampoco el desconcierto que se produjo entre la población, ya que muchos usuarios se vieron afectados por la inactividad de la Diputación durante toda una mañana. Por tanto, se ha paralizado el funcionamiento normal de una institución democrática por una actuación excesiva y arbitraria de la Guardia Civil”.
“Una actuación tan desmedida por parte de la Guardia Civil, interpretando de manera desproporcionada un auto judicial en unas fechas tan cercanas a dos procesos electorales, puede estar significando una injerencia al normal y correcto funcionamiento del sistema democrático”, cita la nota, que alude, incluso, a una posible injerencia del juez, al acusarle de que “son unas diligencias abiertas por una denuncia de un particular hace dos años, y se espera a las elecciones para hacer un despliegue desproporcionado e injustificado”.
A causa del registro “se perdieron 1.000 horas de trabajo de empleados públicos (dinero que pagamos todos los españoles), con un coste de más de 25.000 euros, más el personal del dispositivo judicial y el de la Guardia Civil. ¿Quién se va a hacer responsable de todo esto? Alguien tendrá que dar explicaciones”, explica la misma nota.
“Si se siente perjudicada, que vaya a un juez”
No ha hecho falta esperar mucho para conocer la respuesta de la Guardia Civil a esta nota, aunque no ha sido directamente a través de este cuerpo como ha llegado sino mediante un comunicado remitido directamente por la Subdelegación del Gobierno en la provincia.
A diferencia de los dos folios empleados por Diputación, a la Subdelegación le han bastado cuatro párrafos para recordar que “la actuación llevada a cabo por la Benemérita el pasado viernes responde a un mandato judicial. En este sentido, desde la Subdelegación se recuerda, igualmente, que si la Diputación se siente perjudicada o tiene alguna queja sobre la actuación de la Guardia Civil, está en su derecho de acudir a los tribunales de justicia”.
Asimismo, “la Subdelegación del Gobierno en Huelva quiere mostrar su rechazo a cualquier intento de poner en duda la profesionalidad y el prestigio de la Guardia Civil con el propósito de crear un conflicto donde no lo hay, utilizando para ello como arma arrojadiza a la Benemérita”, para recordar, por último, que “la Guardia Civil es la institución pública mejora valorada por los españoles que, encuesta tras encuesta del CIS, muestran su confianza y cariño por un Cuerpo de Seguridad que merece el respeto de todos por su labor en defensa de los valores democráticos del país”.
