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La Diputación de Huelva no mueve al técnico y miembro del PSOE que llamó “zorra” a Sáenz de Santamaría

Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación Provincial de Huelva.

Fermín Cabanillas / Fermín Cabanillas

Huelva —

Jesús Díaz Robles, el miembro del comité provincial del PSOE de Huelva que llamó en Facebook “zorra” a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no verá peligrar su puesto en la Diputación de Huelva. El presidente de esta institución, Ignacio Caraballo, que es también secretario general del PSOE no tiene intención alguna de destituirle. De hecho, es uno de sus hombres de confianza, como refleja no solo que sea el jefe del área de Desarrollo Local, sino miembro del comité provincial socialista.

Entre los cargos de este miembro del PSOE onubense se encuentra haber sido secretario general de su partido en Moguer, la localidad de Mario Jiménez. Con todo ello, los insultos parece que le van a salir gratis, aunque sí ha pedido la baja como militante de su partido, sin que las fuentes consultadas en el PSOE hayan aclarado cuando habrá sido dado de baja totalmente.

Al considerar que ha cometido una falta grave, como ha comprobado eldiario.es/andalucia en los estatutos del PSOE, se le aplica un reglamento que solo puede gestionar la dirección nacional del partido. Es un proceso que puede durar semanas, así que no debería tener problemas para, por ejemplo, ser interventor socialista en las próximas elecciones municipales.

Ignacio Caraballo lo ha dicho en Onda Cero, en unas declaraciones que recoge el digital Huelva24, donde señala que no tocará su puesto pese a los comentarios vejatorios dirigidos contra distintos responsables del PP, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría o el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez. “Zorra”, “mala perra” o “chochea” son algunos de los calificativos lanzados desde su perfil de Facebook, aunque el presidente de la Diputación dice que todo ello se produjo “fuera de la Diputación” y “ha pedido disculpas, así que nosotros no tenemos nada que decir”.

Sin embargo, el portavoz del PP en la institución provincial, Guillermo García, recuerda que se trata “de un jefe de área de un servicio fundamental para lospueblos de la provincia como es el desarrollo local y nos tememos que el reparto de dinero a los diferentes municipio también lo ha hecho de una manera sectaria”.

Perfil de Facebook cerrado

Sin que haya consecuencias disciplinarias para el autor de los insultos, al menos sí las ha habido cibernéticas. Su perfil de Facebook, desde el que lanzó los referidos insultos, ya no existe, sin que nadie haya aclarado si lo ha cerrado por su propia voluntad o ha sido obligado a hacerlo.

De hecho, aunque Díaz Robles aseguró este martes que se daba de baja de forma voluntaria del PSOE como militante, el alcalde y secretario general del PSOE de Moguer, Gustavo Cuéllar ha asegurado que fue él “personalmente” quien le comunicó “el inicio del procedimiento de baja de militancia, mientras que Díaz aseguraba que  fue él quien solicitó la baja en el partido”.

A este respecto, desde el PSOE se señala que se le ha aplicado, o se le aplicará, el artículo 21 del Reglamento de los afiliados, que señala que “ El afiliado o afiliada que observe mala conducta cívica o ética, falte al Programa o a los Acuerdos o  Resoluciones del Partido, exprese públicamente sus opiniones en términos irresponsables o con deslealtad al Partido o a sus militantes, cometa actos de indisciplina, injurie o calumnie a alguna persona afiliada, o de cualquier otra forma viole las obligaciones que a todos los miembros del Partido imponen nuestras normas, será sancionada, previos los trámites reglamentarios y mediante decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión en aplicación de las normas internas vigentes”.

Entre los motivos de la suspensión, señala el artículo 40 que se puede realizar por “Hacer públicos, por cualquier medio de difusión, opiniones, ideas o comentarios opuestos a la línea política del Partido”.

Los insultos proferidos a Sáenz de Santamaría y Pedro Rodríguez parecen entrar en ese epígrafe, aunque sí dicen los estatutos que una falta grave prescribe a los nueve meses de producirse,  de modo que si no se actúa con rapidez podría seguir con su carnet de socialista en el bolsillo cuando esta marejada pase.

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