El juzgado de los ERE y la Guardia Civil se centran en seguir el rastro del dinero defraudado
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha expedido diversos mandamientos judiciales dirigidos a diferentes entidades financieras para que faciliten a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los productos bancarios (cuentas, préstamos, cobros…), fecha de apertura, titularidad y autorizados, así como el listado de movimientos relacionadas con las cuentas de los imputados o las empresas investigadas en el período comprendido desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2012.
La jueza Mercedes Alaya señala en un auto de 2 de mayo, conocido tras el levantamiento del secreto sumarial notificado este lunes, que la información requerida a las entidades se facilite directamente y a la mayor brevedad a la UCO, en archivo informático y autorizando expresamente a los agentes actuantes para que puedan solicitar y recibir cuanta documentación complementaria relacionadas con las cuentas de los imputados o las empresas se precisen para el esclarecimiento de los hechos. La jueza recuerda que precisamente la información financiera que se ha ido obteniendo en este sentido había motivado la prórroga del secreto de las actuaciones, entre otros motivos.
El juzgado, que había acordado como medida provisional el bloqueo de cuentas bancarias y productos financieros en la que constan como titulares o autorizados diversos imputados en el caso, hace hincapié en concreto en los movimientos bancarios de las cuentas desde el 1 de octubre de 2012, un mes antes de decretarse el secreto de las actuaciones, hasta la actualidad, para conocer si se han producido otros movimientos. Alaya pide a la UCO que informe al juzgado del saldo de las cuentas en la fecha en que fueron bloqueadas.
En este punto en concreto, los mandamientos se han librado a la Asociación Española de Banca Privado, la Confederación Española de Cajas de Ahorro y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que recaben de sus asociados información sobre los productos bancarios, así como los movimientos en las cuentas.
Identificar el origen de la fianza
Las solicitudes, amparadas en los correspondientes mandamientos judiciales, se ha dirigido a las entidades bancarias para comprobar los movimientos efectuados en las cuentas de los supuestos responsables de los delitos investigados, entre ellas aquellas cuentas vinculadas, por ejemplo, a Ismael Sierra, cuñado del supuesto 'conseguidor' de los ERE, Juan Lanzas, con el objeto, entre otras cosas, de identificar el origen de los 50.000 euros librados en concepto de fianza por parte de su exmujer.
Así, el juzgado ha ordenado librar mandamiento a la compañía Telefónica, donde trabajaba la exesposa de Sierra, para averiguar la fecha efectiva de su supuesto despido, la existencia de una posible indemnización por tal circunstancia, el importe de la misma y la fecha en la que se abonó a la interesada. Dice el juzgado al respecto que la información deberá ser entregada directamente a la UCO para que concluyan las investigaciones que vienen practicando.
Ayudas concedidas “con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable”
La UCO, previamente, había solicitado la emisión de los mandamientos dirigidos a entidades de crédito a fin de esclarecer el papel desempeñado y las cantidades económicas percibidas en diferentes conceptos (servicios profesionales, comisiones…) por las operaciones comerciales (verdaderas o ficticias) mantenidas entre las diferentes empresas tramitadoras de expedientes, mediadoras, aseguradoras, despachos de abogados, asociaciones, personas físicas o jurídicas, etc.
El objetivo también es, según los atestados de la Guardia Civil contenidos en el sumario, aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas concedidas y los mecanismos utilizados para su adjudicación. “De ese estudio se deduce que dichas ayudas habrían sido concedidas con ausencia del procedimiento administrativo previsto y aplicable”, señala la Benemérita.
Para determinar el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas, la UCO viene ejecutando un estudio de la información registral de las empresas beneficiarias, un examen exhaustivo de los expedientes de concesión de las mismas y un análisis de determinada información financiera que considera “decisivo” para esclarecer el verdadero destino y uso de los fondos concedidos.
“Doble financiación” de la mediadora
La Guardia Civil recuerda que, en la fecha en que fueron entregadas las diligencias policiales, el 12 de marzo de 2013, no se habían recibido todas las respuesta de los operativas financieras estudiadas de fondos librados, si bien resultaba de ellas que “el dinero tenía su origen en las compañías aseguradoras que formalizaron las pólizas cuyas primas fueron subvencionadas por la Junta de Andalucía, y por tanto se considera que el origen del dinero se sitúa en esta administración”.
En las diligencias ampliatorias, la UCO alude principalmente a la actividad de la consultora Vitalia, las mediadoras Uniter e Ingotor, el despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís y la persona de Juan Lanzas. En relación a la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, otra de las investigadas, la UCO advierte una “dinámica” que parece demostrar que una vez que la Junta de Andalucía libra las subvenciones concedidas con ocasión del ERE relativo a la misma, dicha asociación transfiere parte de los fondos a Uniter, lo que demostraría la “doble financiación” que esta mediadora recibe, al menos en el ERE de la minería de Huelva, recibiendo simultáneamente ingresos de la compañía aseguradora y de la asociación, incrementando de esta forma la comisión que recibe por su actividad.
Añade la UCO que, una vez que Uniter recibe el dinero, a través del despacho de abogados Villasís, parte del montante es desviado hacia un entramado empresarial, con el fin de ocultar su verdadero origen, y parte es enviado a empresas con las que Francisco Javier Guerrero habría adquirido compromisos económicos.
La Guardia Civil ejecutó el 20 de marzo un total de 23 detenciones y practicó 13 registros en empresas, despachos de abogados y domicilios particulares de Sevilla, Jaén, Cádiz, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas por el supuesto cobro de sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE, desvelando un desvío de 50 millones de euros de fondos públicos.
Esta fase de la investigación se centra en el papel jugado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas. Alaya, atendiendo a la Fiscalía Anticorrupción, ordenó siete ingresos en prisión y dejó libres con cargos a siete personas a las que tomó declaración aquellos días.
