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La mujer en la economía social o cómo convertirse en un soporte del empleo

El programa prestará especial atención a las mujeres que vivan en el medio rural y a las víctimas de violencia machista

Juan Miguel Baquero

En las empresas, tradicionalmente, dar empleo a una mujer ha sido considerado en muchos casos como un problema. Sin embargo, las cosas están cambiando y así lo demuestran las nuevas redes empresariales: en la economía social (cooperativas, sociedades laborales) la mujer ha pasado de considerarse rémora a convertirse en soporte.

Además, la mujer ha entrado en la estructura empresarial reclamando cambios: planteamientos sociales renovados, modificar responsabilidades. Y ahí aparece la economía social andaluza como un espacio garante de la igualdad de género. Una tendencia que se respalda en cifras: más del 49% de empleos del sector los copan mujeres y la paridad es un escenario recurrente en órganos directivos.

Son nuevos modelos de productividad que sustituyen la exclusión por la participación compartida. Corresponsabilidad de hombres y mujeres. Compartir, en suma, trabajo, familia, ocio… vida.

Cooperativas y sociedades laborales brotan así como parte “de la solución al desempleo y si es femenino, aún más”, señalan desde la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A). Bajo prioridades tipo empleo de calidad, democracia participativa o desarrollo sostenido. Autoempleo y asociacionismo en modo catalizador de cohesión económica y social. Sin obviar “que las administraciones públicas determinen políticas transversales a favor de la igualdad”.

Liderazgo del emprendimiento femenino

De este modo el sector elabora un sistema “participativo, igualitario, sin roles en los puestos de trabajo y flexibles, basados en la adaptación al entorno y al mercado”, apuntan los expertos. La vicepresidenta de la confederación empresarial mayoritaria y presidenta de la Confederación de Autónomos de Economía Social de Andalucía (CAESA), Rosa María Martínez, va más allá: “El liderazgo del emprendimiento femenino es ya un hecho”. Todo pese a la dificultad, añade, que en ocasiones supone alcanzar la conciliación laboral y familiar.

“El papel que juegan las mujeres en las empresas de economía social es muy significativo, queda camino aún por recorrer pero comparado con sociedades tradicionales la participación es mucho mayor”, subraya el presidente de CEPES-A, José María Algora. Aquel modelo mercantil “tiene un sistema jerárquico indiscutible al que no se puede acceder fácilmente y en este sector se va conquistando ese espacio que merecemos las mujeres”, expone Rosa María Aguilera, vocal de la comisión ejecutiva de la patronal.

Para satisfacer necesidades laborales y personales, la igualdad de género llega acompañada de valores como la autogestión, la responsabilidad social, la prevalencia del capital humano sobre el monetario o la identificación territorial y del trabajador con la empresa. Principios cruciales para tiempos en que la “pérdida de derechos” no está condicionada solo por la crisis económica “sino también por condicionantes ideológicos que afectan de manera singular a las mujeres”. Una combinación que trae, según CEPES, “comportamientos falsamente protectores”. Caso de la reducción de ayudas a la dependencia, desigualdades laborales persistentes o la diferencia en el acceso a puestos de responsabilidad.

Alternativas al modelo neoliberal, otra forma de gestión

“La implicación de las instituciones para hacer frente al elevado desempleo femenino es”, por esto, “fundamental”. También para evitar la precarización laboral que se promueve con nuevas formas de producción cooperativa. Alternativas al modelo hegemónico neoliberal que muestran “otra forma de gestión eficiente sin perder el norte de la responsabilidad social”, dice Rosa Martínez. Capital humano y crecimiento sostenible como “beneficios prioritarios”. Aportes que traen, al cabo, números positivos.

En cifras, la economía social femenina en Andalucía alcanza el 40% en un sector que la región encabeza a nivel nacional con casi 7.000 empresas, una cuarta parte del total, para un 13% del PIB andaluz. La cuota de autónomas andaluzas muestra un crecimiento lineal, hasta el 34%, sobre todo en servicios (enseñanza, textil, turismo, sanidad o comercio). Cada vez más mujeres, muchas veces con formación universitaria, y un 54,3% de las cuales tiene menos de 40 años.

El empleo femenino en la economía social andaluza representa el 49,3%, unos 33.800 puestos de trabajo. Creció, el pasado año, un 7,8% y en el primer trimestre de 2014 un 20,7%. El 85% de la labor está en cooperativas y el resto en sociedades laborales, con un 45,7% de empleos indefinidos y un 54,4%, en empresas de más de 100 empleados. Por sectores, servicios genera el 64,5% de la actividad, agricultura el 28,5%, industria el 6,3% y construcción el 0,6%. En puestos directivos, la inserción linda el 35%, cifra superior a otras fórmulas societarias.

Como asientan los datos, y en un contexto de recesión, la economía social funciona “muy bien” aún con el “problema de que las grandes empresas multinacionales que vienen a nuestro territorio es que no tienen los mismos valores que nosotros y no competimos igualitariamente”, indica Rosa Aguilera. Respuesta efectiva que se debe, en opinión de José María Algora, “a que las empresas de mujeres demuestran mayor flexibilidad para el mantenimiento de su capacidad económica y del empleo creado”.

“La mujer empresaria, autónoma y líder de equipos comienza a tener el sitio que le corresponde en los principales foros políticos, económicos y de gestión aunque todavía quedan muchos pasos que dar”, precisa la presidenta de CAESA. Para cimentar se creó en 2008 la Federación Empresarial de Mujeres para la Economía Social de Andalucía (FEMPES), integrada en CEPES. Una organización dedicada a valorar el papel, y el peso, de la mujer como “destacado agente” de la economía social andaluza. Y a superar, en palabras de Aguilera, “el principal escollo, la mentalidad de la sociedad”. Que así termina, por algún motivo, el artículo 9.2 de la Constitución Española: “(…) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

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