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Educación, libros de texto y Ley de Memoria: un 'melón' abierto al gusto de (casi) todos

Uno de los aspectos que más consenso despierta de la legislación memorialista que tramita el Gobierno andaluz es la inclusión de la Memoria Democrática en el currículo educativo.

La idea colma una reivindicación tradicional del movimiento civil de reparación y levanta la aprobación de la comunidad educativa aunque existen voces discordantes y, en el horizonte, el choque de competencias con la LOMCE.

Muchas editoriales "vienen a coincidir en un lenguaje equilibrista, igualitarista, superficial, que pasa de puntillas y deprisa por los temas importantes que buscábamos, pocas veces nombrados", sostiene el profesor y antropólogo Juan Sánchez-Lafuente.

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"Donde habite el olvido, / también se habrá zanjado / la pugna del ayer con el mañana", José Manuel Caballero Bonald (Manual de Infractores, 2005). Ahí, en ese duelo histórico, pretende aportar solución la apuesta de la nueva Ley de Memoria Democrática de Andalucía que más consenso ha suscitado: calar el 'melón' educativo. Colma una de las reivindicaciones tradicionales del movimiento civil memorialista y queda al gusto de todos. O casi. La comunidad educativa ofrece una valoración positiva aunque surgen voces discordantes. Y está el conflicto de competencias latente con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que fija la historia como materia troncal. Es decir, con contenidos "comunes en todo el territorio" y "regulados por el Gobierno", por el Ministerio de Educación de José Ignacio Wert.

La Junta de Andalucía, con el nuevo marco legal en trámite, remite cualquier explicación al propio texto que, en su artículo 46 y bajo el epígrafe Actuaciones en materia de las enseñanzas no universitarias, busca "fortalecer los valores democráticos". Para esto, "la consejería competente en materia de educación incluirá la Memoria Democrática en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas".

Los contenidos, continúa, deberán basarse en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica y "con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas adecuadas" se incorporará a sus planes de formación "la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar" en la región. La propuesta legislativa marca también el impulso colaborativo "con las universidades andaluzas" para incorporar esta materia memorialista "en los estudios universitarios que proceda".

Una forma "de enseñar democracia"

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba, Antonio Barragán, percibe la posibilidad de que el estudio de la memoria democrática "se convierta en un núcleo de interés importante para las nuevas generaciones". Supone, en este sentido, recuperar "aspectos de la historia de este país que difícilmente pueden tener reparación" y muestra el "compromiso asumido por la Administración autonómica andaluza de recobrar la dignidad para esas personas que defendieron la legalidad constitucional republicana".

Se trata, en opinión del profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, Miguel Ángel del Arco, de una forma "de enseñar democracia y los valores que este sistema representa" que acabaría siendo incluso "más importante que la retirada de los símbolos fascistas". Existen, prosigue, sendas cuestiones que traen la pertinencia "de que los andaluces en las escuelas aprendan algo sobre su pasado": El carácter "reparador" de la iniciativa y la recuperación de un pasado que muestra "de dónde venimos y dónde estamos". Cuando se habla de memoria histórica "muchas proclamas hablan de abrir viejas heridas" y esto lleva al destino evitable de "olvidar el pasado".

Disienten de estas apreciaciones desde la Asociación de Profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, Hespérides. En Bachillerato, y en los diferentes libros de texto, "se recogen con gran profusión la guerra civil y los momentos posteriores", expone el profesor de Historia y presidente de Hespérides, José Virgilio Sánchez. El problema surge, critica, "cuando las autoridades políticas quieren suplantar a la autoridad académica y hacer herederos actuales de formas de pensar o sentir que obedecen a otras realidades históricas".

No hay 'melón' educativo que abrir cuando "se ha forjado un entendimiento que ha apartado radicalismos, leyendas rosas y excesos" durante "estos últimos 30 años". No entiende, por tanto, una "inquietud" que no existe en el "mundo académico" y que desde "la política se lleva a la escuela" cuando el "gran problema está en las pocas horas dedicadas a la enseñanza de historia". "Reescribir la historia a gusto del poder de turno es un mal ejemplo de consecuencias por todos conocidas", finaliza.

¿Qué tratamiento recibe la memoria democrática en los libros de texto?

Existen sin embargo análisis precedentes. Como el denominado ¿Qué tratamiento se da a la II República, a la Guerra Civil y al Franquismo en los libros de texto de historia de 4º de ESO? del profesor y antropólogo Juan Sánchez-Lafuente, parte de la publicación colectiva La recuperación de la memoria histórica. Una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales (Centro de Estudios andaluces, 2007). Desde aquel informe sobre el material ofertado por seis editoriales (Edelvives, Oxford, Santillana, Ecir, Algaida y Editex) en la educación obligatoria "todo sigue prácticamente igual con la salvedad –matiza– de los aspectos históricos que puedan calar en la enseñanza derivados de la sensibilidad del profesor".

Estos días ha trascendido una publicación, dirigida a niños de Primaria, que decía que García Lorca "murió en la guerra de España" y que Antonio Machado "se fue a vivir a Francia con su familia". "Como si todavía hubiese miedo, el lenguaje que se utiliza, cuando no es descaradamente continuista con el discurso heredado del franquismo (quizás ya los menos), requiere de equilibrios que las más de las veces rayan en el ridículo", dice el profesor. Entonces, II República, golpe de Estado y guerra civil, fosas comunes y crímenes de lesa humanidad, represión, campos de concentración y trabajo esclavo, desapariciones forzadas, exilio… ¿cómo se cuentan?. "De las seis editoriales consultadas, cinco vienen a coincidir en un lenguaje equilibrista, igualitarista, superficial, que pasa de puntillas y deprisa por los temas importantes que buscábamos, pocas veces nombrados", sostiene Sánchez-Lafuente.

Un discurso y un común denominador en el periodo de enseñanza obligatoria: "aquí no ha pasado nada, o casi nada, sobre lo que interese profundizar para educar a la ciudadanía". En contraposición, el ejemplo del tratamiento en los mismos textos de los regímenes totalitarios de Alemania e Italia, de la Segunda Guerra Mundial o los propios centros de exterminio nazis "que aparecen incluso en coloridos y vistosos mapas".

O la muestra de cómo a una editorial "se le va la mano", explica el profesor y antropólogo: "El país estaba dividido y el Gobierno tuvo que hacer frente a la violencia de extrema izquierda (tiene cuidado en ponerla primera) y la violencia de extrema derecha (¿relación causa-efecto?): huelgas, asesinatos, ocupación de tierras y atentados eran muy habituales". "La pugna del ayer con el mañana –concluye– no se ha zanjado aún".

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