La denuncia por estafa contra Herrero por las VPO suma adhesiones entre los contratistas
La marcha de Santiago Herrero de la CEA, que se hace efectiva este mismo jueves, no va a ser especialmente tranquila si se tiene en cuenta el inminente calendario judicial vinculado al caso de las VPO, bastante completo y diverso. Aparte de la situación en la que deja la confederación empresarial, varios contratistas se están uniendo a la denuncia por delito continuado de estafa que investiga un juzgado de instrucción Sevilla a cuenta del dinero que la CEA debe a proveedores por la construcción de cientos de viviendas en Sevilla Este, que ascendería a unos 600.000 euros. El fondo del asunto, más allá de las denuncias particulares, está siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por un presunto desvío de entre 12 y 14 millones de euros del que informó la Sareb a finales del pasado noviembre.
Santiago Herrero, junto al secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, deberán acudir a los juzgados en mes y medio, el próximo día 5 de marzo. Los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de las inacabadas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, están imputados por los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de los pisos. Según fuentes cercanas al caso, seis presentaron la denuncia y se han adherido recientemente cinco más, estando pendientes tanto la admisión de éstos como documentación para posibles nuevas adhesiones.
Los denunciantes fueron los responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', en la capital hispalense. Los representantes de las empresas denunciadas acudirán a declarar como imputados los días 6 y 12 de marzo, después de los responsables de la CEA. Los perjudicados declararán previamente, el 3 y 4 de marzo.
Más tarde, en septiembre, otro partido judicial se juega en el orden de Primera Instancia, en concreto en el juzgado número 12 de Sevilla, que tiene fijado para el 22 de septiembre la vista previa de la demanda por daños y perjuicios promovida por los vecinos, adjudicatarios de las casi 600 viviendas protegidas promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA. Los afectados, que le reclaman 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas, estuvieron pernoctando en la calle varias semanas para denunciar una situación que, finalmente, está teniendo consecuencias judiciales para los dirigentes de la patronal andaluz en diversas vertientes.
