Sevilla anuncia un protocolo con la Administración de Justicia para anticiparse a los desahucios

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se reunido este martes con el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez; la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y el juez decano, Francisco Guerrero, un marco en el que ha anunciado la próxima firma de un protocolo de colaboración con la Administración de Justicia con el objetivo de intentar encontrar una solución ante la amenaza de desahucio antes de que se produzca un lanzamiento.

Al término del encuentro, Espadas ha explicado que el plan que plantea para actuar ante estas situaciones cuenca con tres fases, estando la primera de ellas ya culminada, como es la creación de la denominada oficina antidesahucios. Se trata, según detalla, del reflejo en las Unidades de Trabajo Social (UTS) ubicadas en los distritos de la comisión interna creada en el Ayuntamiento, con responsables de Emvisesa, de los servicios sociales comunitarios y de urbanismo, para coordinar la oferta de viviendas públicas ante situaciones de emergencia y alquiler social.

“Esta comisión específica, presidida por el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, tiene ya un despliegue en cada una de las UTS de toda la ciudad”, indica, destacando la coordinación en cada uno de los servicios sociales comunitarios de los barrios para que “cualquier persona que tenga un problema pueda ser atendida de manera integral en su distrito, en su UTS”.

La segunda fase está en proceso de activación con la puesta en marcha de un número de teléfono de asistencia las 24 horas, que se baraja que esté atendido por el propio Cecop social o por la Unidad de Emergencia Social del Ayuntamiento, para que dé orientación integral sobre su centro de referencia sobre cualquier problema relacionado con su vivienda y también para identificar las necesidades de suministros básicos, como el pago del alquiler o para el pago de la factura del agua y la luz. “Será a modo del triaje en los hospitales”, matiza.

Por último, la tercera fase es la que ha sido expuesta este martes a las autoridades judiciales, como es el protocolo de colaboración que se firmará con la Administración de Justicia para intentar anticiparse al desalojo en aquellos casos que están ya en sede judicial, intentando que “no se llegue al final del proceso” y encontrando una alternativa con anterioridad al lanzamiento.

La experiencia de Granada con funcionarios antidesahucios

Explica que ese protocolo tendría como referencia el puesto en marcha hace unos años en Bilbao y cuenta con la experiencia piloto de la Administración de Justicia en Granada, en la que con el Programa Adriano se incorpora, con la autorización de la familia, una serie de información que permitiría que el Ayuntamiento facilitara apoyo desde los servicios sociales, asesoramiento y orientación para la búsqueda de una vivienda.

“El objetivo es, con carácter preventivo, intentar alejarnos lo más posible del momento fatídico, actuando y buscando una solución. Si conseguimos ese objetivo, no vamos a vivir situaciones como las que se han visto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desalojando a una familia. Mi objetivo es que la solución venga antes, con mucho más margen de tiempo, que sea estudiada y garantizada por los servicios sociales”, recalca, incidiendo en que para ello ha de contar con un parque público de viviendas y capacidad para adjudicar de manera definitiva o temporal a las familias en esta situación.

Según detalla, ahora mismo lo que hay es una “labor voluntariosa” por parte de los juzgados que ven una situación de estas características y remiten un escrito a distintas instancias para ver “si alguien puede echar una mano a una familia ya que el propio juzgado esta viendo que va a acabar en un lanzamiento”. Espadas quiere que esto se “institucionalice, se reglamente y protocolice” para evitar las situaciones que se viven “cuando hay alguien que tiene que sacar sus enseres de mala manera y salir con la policia en la puerta”.