Ex alto cargo de IDEA dice que “en absoluto” sospecharon de irregularidad en convenios de ayudas de los ERE

José Antonio Ávila Quintana, exjefe de la asesoría jurídica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha afirmado este lunes que no sospecharon “en absoluto” de irregularidad en los convenios particulares firmados entre la Dirección General de Trabajo y el ente instrumental para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis, en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, que consideró “legal” tras su conocimiento.

Así lo ha manifestado este lunes Ávila Quintana durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían dichas ayudas en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

El testigo, quien fue jefe de la asesoría jurídica de IDEA desde el verano de 2004 y hasta principio de 2009, ha afirmado que “en absoluto” advirtieron irregularidad en los convenios particulares, si bien ha señalado que la función de la agencia era la ejecución del pago de la ayuda concedida por la Dirección General de Trabajo.

De haber tenido sospechas de la comisión de un delito o de irregularidades en los convenios, “lo hubiésemos comentado”. En este sentido, ha expresado que los convenios tenían “presunción de legalidad” y actuaban desde el “convencimiento” de que estaban dentro del procedimiento. “No teníamos motivos para pensar que no se hubiese estado gestionando bien”, ha añadido. “Partimos de la base de que las decisiones de la Dirección General de Trabajo son legales”, ha insistido.

Al hilo de esto y en sus respuestas a las preguntas de las defensas de los ex altos cargos, Ávila Quintana ha manifestado que no le constaban entonces la existencia reparos por la intervención a estos convenios, al tiempo que ha insistido en que IFA/IDEA no intervenía en la concesión de ayudas ni tenía conocimiento del procedimiento seguido en la Dirección General de Trabajo.

El declarante, cuya respuesta más repetida ha sido “no recuerdo”, ha indicado que la asesoría jurídica de IDEA no conoció los informes de la intervención, en concreto, el informe adicional, conocido en 2005, del informe de cumplimiento del ejercicio 2003 de la agencia, pues a IFA/IDEA no se le requería ninguna actuación.

Ávila Quintana ha precisado que la asesoría jurídica no podía pedir informes al Gabinete Jurídico de la Junta porque no existía convenios. “Ojalá hubiésemos podido para dar tranquilidad en muchas operaciones”, ha expresado el testigo.

De otro lado, ha señalado que los convenios particulares de las ayudas sólo recogían el pago de las mismas y desde la Dirección General de Trabajo, a pesar de estar contemplada esta opción en el convenio marco, no se pedía ni asistencia técnica ni comisión de seguimiento.

Ávila Quintana, que ha reconocido que IFA/IDEA contrató asesoría jurídica externa en cuestiones concretas como contables, financieras o urbanísticas, aunque con coordinación, ha explicado que la asesoría jurídica revisaba los aspectos formales de los convenios particulares --los dos folios que le llegaban--, “lo fundamental”, pues la capacidad de la agencia era “efectuar el pago” de una “decisión” de Empleo.

“No entrábamos a destripar la operación en sí, sólo revisábamos lo que nos enviaban”, ha añadido Ávila Quintana, quien ha insistido en que “presumíamos que los actos administrativos de la Dirección General de Trabajo eran legales”.

Por otro lado, ha señalado que con la llegada de Miguel Ángel Serrano Aguilar, director general de IDEA entre los años 2004 y 2008, se planteó, aprovechando el cambio de Consejería de Empleo a Innovación del ente instrumental, la posibilidad de que el pago de las ayudas se hiciera a través de un ente de la primera y no de IDEA.

Por último, tras responder a preguntas del Ministerio Fiscal, las acusaciones, las defensas y el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, Ávila Quintana, que aún continúa trabajando para IDEA en Granada, ha indicado que en su época hubo convenios aprobados provisionalmente por el Consejo Rector de la agencia y enviados, por razón de su cuantía (superior a 1,2 millones), al Consejo de Gobierno, que finalmente no fueron ratificados por este órgano o directamente no fueron elevados al mismo por la Comisión General de Viceconsejeros --'consejillos'--, como fue el caso de la ayuda de 3,8 millones de euros a A Novo.

Tras concluir su declaración, la cuadragésima novena sesión del juicio, que tendrá lugar este martes, comenzará con el interrogatorio como testigo a Antonio Lara Revilla, director general de IFA desde el 30 de abril de 2002 hasta el 28 de enero de 2003.