El exalcalde de Carboneras dice que actuaron en El Algarrobico con “informes favorables de la Junta”

El exalcalde socialista de Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández, ha trasladado este martes a la jueza que investiga si incurrió en una presunta prevaricación administrativa en la gestión urbanística en el sector ST-1 del paraje de El Algarrobico que el acuerdo de pleno por el que se mantuvo la calificación de urbanizable se adoptó con “todos los informes sectoriales en sentido favorable” y contó con la aprobación definitiva por parte de la Junta de Andalucía.

Fernández, que ha destacado que también se habían pronunciado en sentido favorable los informes preceptivos municipales, ha asegurado durante alrededor de 35 minutos de comparecencia, que, en el momento en que se adaptaron las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) a finales de 2009, no había ningún pronunciamiento judicial “en firme” que obligase a cambiar la categoría del sector donde se asienta el hotel de Azata del Sol.

“Si hubiera sido alcalde en 2011, habría asumido todas las resoluciones de los tribunales con respecto al Algarrobico pero eso corresponde ahora al actual equipo de gobierno”, ha indicado en declaraciones a los periodistas el exregidor, quien ha acudido puntual a su cita en los juzgados de Vera, luciendo un 'pin' del Parlamento andaluz en la solapa de la chaqueta ya que ocupó escaño en la Cámara autonómica y acompañado de su hermana, Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde y también imputada en la causa.

Fernández, quien está retirado de la vida política y ha emprendido varios proyectos empresariales, ha insistido en que la adaptación de las NNSS a la LOUA “a la espera de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no permitía cambiar la clasificación de suelo” y ha remarcado que la calificación de suelo urbano consolidado, contó “con la valoración favorable de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística de la Junta”. “Nosotros hicimos lo que se nos dijo”, ha apuntillado.

Cabe recordar que el informe de la citada comisión apuntaba que el sector ST-1 'Algarrobico' aparecía en el documento enviado por el Ayuntamiento como suelo urbanizable ordenado, “debiendo estar clasificado como suelo urbano consolidado al contar con los requisitos que marca la LOUA, según la memoria justificativa de la adaptación parcial”.

Esta adaptación urbanística aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Carboneras tras el informe favorable de la Junta provocó que el TSJA acordase requerir en mayo de 2009 a Cristóbal Fernández para que se abstuviese de actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico so pena de incurrir en un presunto delito de desobediencia ya que existía un auto en el que se ordenaba calificar el sector ST-1 como “espacio protegido no urbanizable”. Al tiempo, le advertía que cualquier ejecución sería “nula”.

“Ese auto no era firme en ese momento y estaba recurrido incluso por la propia Junta andaluza”, ha subrayado ya que el Alto Tribunal andaluz lo que hacía era anular parcialmente el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar que había aprobado la administración autonómica en febrero de 2008. “Nosotros, conscientes de ello, --ha añadido-- incluimos en el acuerdo de pleno un párrafo en el que decía que esa adaptación estaba pendiente de resoluciones judiciales en firme”.

En concreto, el TSJA suspendía cautelarmente de forma parcial, en una decisión que derivó en firme en 2012, el PORN que aprobó la Junta de Andalucía en 2008 desde poco después de su entrada en vigor al considerar, entre otras, que la nueva regulación podría “reactivar” el uso turístico del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico.

En la misma línea se han pronunciado ante la jueza instructora de la causa, María del Mar Alejo, los seis ediles que formaban el equipo de gobierno de Cristóbal Fernández, quien permaneció casi tres décadas al frente de la Alcaldía carbonera.

En declaraciones a los periodistas, el letrado de cuatro de ellos, Juan Manuel Llerena, ha señalado que los concejales “se limitaron” a votar un acuerdo de pleno “de conformidad” con los informes técnicos y jurídicos, “todos favorables, al igual que los de la Junta de Andalucía”, ha destacado.

Llerena, quien defiende, entre otros, a los exconcejales de Urbanismo y de Hacienda, Miguel París y Francisco Ruiz Aguado, ha señalado que el auto de TSJA que retrotraía la calificación del paraje a la que tenía en el PORN de 1996, no era firme y ha argumentado que no correspondía a los ediles “hacer una valoración jurídica del mismo”. “No son los que tienen que hacer un seguimiento ya que, en todo caso, corresponde a los servicios jurídicos y al secretario determinar que se debe hacer en cada caso”, ha trasladado.

Al hilo de esto, ha insistido en que sus patrocinados “se limitaron a actuar de acuerdo a los informes que había en el expediente” y que correspondía a los técnicos “valorar una posible incidencia en el asunto, no solo de ese auto sino de otros procedimientos judiciales en curso con respecto al paraje”. “Desde ese acuerdo, no se ha tramitado absolutamente nada en torno a esa zona”, ha concluido.

En las declaraciones judiciales del anterior equipo de gobierno en calidad de imputados no ha podido estar presente la letrada de Ecologistas en Acción Ana Sanchiz después de que la jueza en una providencia resolviese dar por no personada a la organización debido a un “error material” y se acordase posteriormente la fijación de una fianza de 3.000 euros para poder actuar en la causa como acusación popular.

La jueza instructora deberá tomar declaración, asimismo, en calidad de testigos, la exdirectora del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar Rosa María Mendoza y el que fue asesor jurídico del anterior equipo de gobierno.

El actual alcalde, Salvador Hernández (Gicar), también imputado, señaló ante la jueza en marzo que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE durante el citado pleno celebrado en agosto de 2009 en el que él, desde la oposición, votó en contra.

La Fiscalía de Medio Ambiente, a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, denunció que Hernández no había modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni había procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para construir el hotel en virtud de otras sentencias judiciales que señalan que el inmueble viola la Ley de Costas.

Hernández mantuvo entonces que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declaran el paraje como no urbanizable y de especial protección ordenan al Ayuntamiento que tramite su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En el mismo sentido, apuntó que la adaptación de las normas subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo bajo mandato socialista. .

La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el PGOU en el que aparece como urbanizable.