La Fiscalía añade delito de prevaricación contra la exalcaldesa de Jerez en el juicio por desvío de fondos

El juicio por el denominado 'caso desvío de fondos' contra la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) y actual directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, Pilar Sánchez, se ha suspendido a petición de su abogado, toda vez que el fiscal ha añadido un presunto delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones que ya se le imputaba y por el que pedía tres años de cárcel. La nueva vista ha quedado fijada para el día 17.

Así las cosas, el juicio no queda este miércoles visto para sentencia como estaba previsto, al añadir la Fiscalía este nuevo delito. De esta manera, eleva su petición de pena a tres años de cárcel, 12 años de inhabilitación especial para cargo público --nueve por prevaricación y tres por fraude de subvenciones-- y una multa de 8,6 millones de euros.

La cuantía de la multa coincide con la cantidad que supuestamente habría desviado del Plan E cuando estaba al frente del Ayuntamiento para destinarlo al pago de la nómina de la plantilla municipal o las concesionarias, es decir, a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos.

El tribunal ha aceptado la petición formulada por el abogado de Sánchez, Juan Manuel Montes, que ha alegado la “indefensión” que genera a su patrocinada la inclusión “sorpresiva” de este delito, que ya solicitó en la fase de instrucción pero que fue retirado en su escrito de calificación de los hechos.

Además, en las modificaciones de su escrito de acusación, el fiscal resalta que el 64,5 por ciento (unos nueve millones) de las cantidades ingresadas en la cuenta restringida inicialmente por el Gobierno central (15,8 millones) para los más de 40 proyectos incluidos en el Plan E fueron “retirados” para el pago de nóminas a la plantilla municipal y a las concesionaria de Limasa y Acasa.

Asimismo, señala que en el caso del convenio para hacer actuaciones en la Ciudad del Flamenco, el Ayuntamiento “dispuso” para fines “distintos” del cien por cien de los fondos concedidos con cargos al Plan E (3,5 millones), mientras que el 93 por ciento del total de las certificaciones de las obras no se habían pagado.

De igual manera, el Ministerio Público ha desglosado los débitos que presentaban algunos de los proyectos que se vieron afectados por los “desvíos” cuando se presentó la denuncia, resaltando que el Consistorio debía el 72 por ciento del dinero ingresado por el Gobierno en obras como Escuela Oficial de Idiomas, el 62 por ciento del Centro Polifuncional Blas Infante o el 50 por ciento del montante ingresado para el proyecto de la Ciudad de los Niños y de los Claustros de Santo Domingo.

En la vista de este miércoles también ha declarado un aparejador externo encargado de la dirección de la obra de la Escuela Oficial de Idiomas, quien han confirmado la “paralización” de los trabajos “porque las empresas no cobraban”.

El director del Área de Protección y Patrimonio del Ayuntamiento, que también ha comparecido como testigo, ha asegurado desconocer el uso que el Ayuntamiento hacía de la cuenta restringida a los fondos del Plan E.

No obstante, ha detallado que la “misión” de su área era “convencer a los contratistas de que no había problemas y que más tarde o temprano cobrarían”, tras admitir que “había comentarios continuamente” de los empresarios por los retrasos en los pagos.

En la tercera sesión del juicio también ha declarado como testigo de la defensa la letrada del gabinete jurídico municipal y en ese momento directora de la unidad administrativa creada para licitar los fondos de los distintos planes de inversión.

La testigo ha asegurado que, a excepción del proyecto del Museo de Lola Flores, “todo se adjudicó” y “todas las obras se pagaron hasta julio de 2011”, coincidiendo con la llegada del nuevo gobierno local del PP.

El juicio por el 'caso desvío de fondos' se retomará a las 9,30 horas del próximo día 17 en el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Frontera.