La Fiscalía Superior censura la “lamentable” falta de recursos para atender a menores víctimas de trata en Andalucía

En su memorial anual, consultada por Europa Press, el departamento que dirige Jesús García Calderón aborda la problemática de la trata en mujeres que no reconocen su condición y que están acompañadas de menores, así como el vacío legal que por ahora no permite el control de los menores nacidos en España hijos de estas féminas.

“La protección de estos menores es muy difícil”, según reconoce el Ministerio Público, siendo el principal obstáculo la falta de colaboración de las mujeres. Son víctimas de violencia de género que se niegan a ser protegidas, pero que tienen“ un adecuado vínculo afectivo y comportamiento con sus hijos”.

En este contexto, los servicios sociales y los Equipos de Tratamiento familiar no intervienen, tampoco el Servicio de Protección.

En la comunidad andaluza, agrega la Fiscalía Superior, “no hay recursos” para atender a estos menores ni para acoger a sus madres cuando no reconocen su condición y están en proceso de identificación de ADN, lo que de existir podría “evitar la traumática separación de uno y otro”.

Así, concluye la Fiscalía Superior que “si se contara con esos recursos que evitaran la separación de los menores y garantizara la posibilidad de trabajar con las madres, posiblemente el Servicio de Protección adoptaría medidas sin tantas reservas o incluso podrían derivarse directamente por las ONG”.

CRIMINALIDAD EN MENORES

El análisis que realiza la memoria anual de la Fiscalía sobre la criminalidad en el ámbito de menores, arroja que las infracciones más frecuentes de este colectivo son contra el patrimonio y el orden socioeconómico, como el robo con fuerza, con violencia o intimidación.

Respecto al maltrato, las fiscalías de Menores de Andalucía coinciden en que, generalmente, la conducta punible de los menores maltratadores se circunscribe al estricto ámbito familiar, siendo denunciada generalmente por los padres.

En la mayoría de los supuestos se trata de una situación de violencia prolongada en el tiempo y no denunciada hasta que la convivencia doméstica resulta del todo imposible por el carácter violento y agresivo de estos adolescentes; por lo que llegado a este extremo los padres acuden a las fiscalías exigiendo una respuesta inmediata.

Se trata de “menores egocéntricos, con falta de habilidades sociales, con frecuente fracaso escolar, materialistas, que no acatan las normas y que, en no pocas ocasiones, son herederos de la violencia física o psíquica vivida en el ámbito familiar”.

“Desde esta triste perspectiva, son víctimas, menores con problemas de drogadicción o de salud mental”, en el marco de una conducta en el que existe una equiparación de sexo, aunque se observa un repunte de mujeres.

VIOLENCIA ESCOLAR

Sobre los delitos de violencia escolar --como lesiones, amenazas, vejaciones o maltrato-- el nivel de comisión de hechos delictivos es similar al de años anteriores, si bien ha aumentado la complejidad de los asuntos a investigar dada su relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A ello suma la Fiscalía Superior “la reticencia de determinados centros escolares”, a pesar de que todos tienen protocolos suscritos contra el acoso escolar.

En esta materia, las fiscalías andaluzas ponen de manifiesto la importancia que en estas conductas están teniendo las redes sociales, que operarían como plataformas para la comisión de hechos delictivos, como amenazas y coacciones, entre menores que se conocen dentro del círculo escolar. No obstante, muchas conductas de este tipo son cometidas por menores de 14 años.

REBAJA DE LA EDAD PENAL

Aunque, en general, la mayoría de las infracciones cometidas por menores de 14 años no son graves, en ocasiones las fiscalías andaluzas se encuentran en una “difícil situación frente a las víctimas”.

Es el caso de infracciones muy graves, como las agresiones sexuales, en las que hay que explicar a los padres de las víctimas que “la conducta es totalmente reprochable y antijurídica, pero que el Ordenamiento Español no contempla una respuesta penal”.

Algunas de las fiscalías, como las de Sevilla, Almería o Córdoba, se inclinan por una rebaja de la edad en materia de responsabilidad penal de los menores de 14 años para resolver algunas de las cuestiones más problemáticas de la Ley, en los caos de delitos graves.

Otras, la de Granada, es partidaria por su parte de extender a todo el territorio andaluz el Programa de Intervención Socioeducativa de menores de 14 años puesto en marcha por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social en las provincias de Granada, Almería y Jaén, como forma de prevención del delito y como mecanismo de derivación de los menores infractores al sistema de protección de menores y, de esa forma, detectar posibles situaciones de riesgo social.