La Fiscalía Superior advierte del “colapso judicial” en los órganos de protección frente a la violencia de género

La Fiscalía Superior de Andalucía ha advertido en su última memoria del “colapso judicial” que existe en los órganos especializados de violencia de género que han asumido por ley la competencia de los quebrantamientos de penas y medidas de alejamiento derivados de los delitos por violencia machista.

En su memoria anual correspondiente a 2017, a la que ha tenido acceso Europa Press, la fiscal superior, Ana Tárrago, precisa que, de acuerdo a los datos arrojados por el sistema informático Fortuny, el año pasado hubo un total de 23.721 procedimientos incoados en la comunidad autónoma por violencia de género.

Las ciudades con más actividad judicial han sido Sevilla con 6.151 asuntos incoados, Granada con 5.530 asuntos y Málaga con 4.820 asunto. Precisamente en Málaga se ha conocido este jueves que la muerte violenta de una mujer en el municipio malagueño de Torrox ha sido provocada por su actual pareja, que tenía orden de alejamiento de la víctima.

Tárrago sostiene que la especialización del Ministerio Fiscal en violencia a la mujer es “un hecho”, cumpliendo así uno de los objetivos prioritarios de la Ley Integral y creándose con ello “una auténtica red de fiscales que con dedicación exclusiva atienden, despachan y asisten todos los procedimientos” de violencia sobre la mujer.

Este mapa se ha visto reforzado con la creación de los Juzgados Penales de enjuiciamiento exclusivo de violencia a la Mujer que desde el 1 de enero de 2010 están funcionando en la capital de Málaga en exclusividad.

La Fiscalía Superior dedica en su memoria un apartado a la adopción y eficacia de las medidas de protección. Al respecto expone que existe un “colapso judicial” en los órganos encargados de este asunto, al asumirse competencias no atribuidas inicialmente por ley como delitos de genero.

Así, ve necesario la conversión de órganos penales específicos en género, dada “la importante diferencia cuantitativa y cualitativa de asuntos donde --según subraya-- la especialidad se quiebra precisamente en el enjuiciamiento”.

El Registro de Fortuny arroja un total de 803 órdenes de alejamiento y 1.485 órdenes de protección. De todas ellas se denegaron 491 y se adoptaron solo con medidas penales 678, siendo con medidas civiles y penales en 244 y con medidas civiles exclusivas en 71.

No obstante, en la memoria se precisa que son datos “muy pobres” que se apartan ostensiblemente de la realidad por una falta de ingreso de datos por parte de la Oficina de Fiscalía.

Para la fiscal superior, las incidencias más importantes derivadas de las nuevas competencias de los Juzgados de Violencia a la mujer han sido sin duda el mayor número de litigiosidad derivado de los nuevos tipos penales.

Agrega, que el complejo control de las medidas de protección y sus incumplimientos suponen una importante carga procesal derivada de la fuerte ligiosidad en esta materia sin olvidar que los nuevos tipos penales hacen aumentar los tipos penales dentro de estos juzgados.

Ha destacado además el resurgimiento de delitos de control en redes sociales y el hostigamiento a través de Whatsapp, que sin embargo tienen un “máximo acomodo probatorio” a través de las transcripciones de todos los mensajes que sirven para reconstruir “pruebas irrefutables para fundamentar condenas”.