La Fiscalía pide inhabilitar 13 años al superintendente de la Policía Local de Sevilla

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 13 años de inhabilitación para el superintendente de la Policía Local, Juan José García, por la presunta filtración de los contenidos de los exámenes en las dos convocatorias de empleo público promovidas en el año 2012 por el Ayuntamiento para cubrir puestos de la Policía Local.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita para Juan José García tres años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, así como diez años de inhabilitación por un delito también continuado de prevaricación.

La Fiscalía también solicita condenas para otros 44 acusados --entre ellos 37 policías locales--, de manera que para los agentes que superaron las oposiciones gracias a la supuesta filtración de los exámenes reclama el pago de una multa de 100.000 euros, con un año de responsabilidad personal en caso de impago, y cuatro años de inhabilitación.

Asimismo, estima que las resoluciones administrativas dictadas en relación a las oposiciones son “nulas de pleno derecho”, por lo que solicita que se anulen las oposiciones en lo que se refiere a los procesados.

“De las consecuencias económicas y de toda índole administrativa que acarree dicha declaración de nulidad responderán” los agentes que se beneficiaron del presunto fraude en las oposiciones de manera solidaria junto al Ayuntamiento, “que lo hará como responsable civil subsidiario”.

DOS CONVOCATORIAS

La Fiscalía relata que fue el 11 de septiembre de 2008 cuando se publicó la convocatoria de selección de aspirantes para cubrir 56 vacantes existentes en el Cuerpo de Policía Local, mientras que el 1 de abril de 2011 se convocó un nuevo proceso de selección de aspirantes para cubrir 47 vacantes, de manera que “pese a la distancia temporal entre la publicación de ambas convocatorias, ambas se desarrollaron en el tiempo de un modo casi consecutivo”.

Comenzando por la convocatoria de 47 plazas, señala que el Tribunal estaba formado por el superintendente, como presidente, y tres vocales que son agentes también del Cuerpo, mientras que como suplentes figuraban otros dos agentes y como secretario había sido designado Luis Enrique Flores, que por su función como secretario general del Ayuntamiento delegó sus funciones en un funcionario municipal.

El fiscal explica que, a dicho proceso selectivo, “se presentaban determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, o familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y aprobar pos los miembros del Tribunal, abstracción hecha de su capacidad y de sus méritos y aún cuando dicha resolución resultara injusta”, poniendo como ejemplo que el superintendente era en esas fechas compañero sentimental de la hermana de un opositor y tío de otro aspirante.

Este último imputado, “pese a concurrir en el mismo causa de abstención por dicho doble motivo, no se abstuvo de participar en dicho proceso ni comunicó formalmente a la autoridad que lo había nombrado miembro del Tribunal dicha causa”, dice el Ministerio Público, quien también cita el caso de un opositor acusado que era hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme).

FILTRACIÓN “SELECTIVA”

Al hilo, dice que uno de los imputados, como afiliado de aquel sindicato, a fecha de la celebración del proceso selectivo era miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, y había compartido “muchos años de labores sindicales” con el padre del opositor citado, que además “era su superior jerárquico en el sindicato”, no obstante lo cual “no se abstuvo de participar en dicho proceso”.

Agrega el Ministerio Público que los miembros del Tribunal acusados “filtraron, de modo intencionado y selectivo, la plantilla de corrección del caso práctico” a un total de 19 aspirantes, precisando que “las bases de la convocatoria ordenan taxativamente a los miembros del Tribunal elaborar el caso práctico y la plantilla de corrección el mismo día del examen e inmediatamente antes de éste”.

Sin embargo, el superintendente y otros cuatro miembros del Tribunal, “con desprecio absoluto de esa norma, elaboraron el caso práctico y la plantilla de corrección días antes del examen y filtraron de modo selectivo e intencionado la plantilla de corrección a los aspirantes a que tenían intención de favorecer”, mientras que, con posterioridad a la elaboración de dicha plantilla de corrección “y su filtrado selectivo a determinados aspirantes”, un vocal del Tribunal elaboró una ampliación o complemento a dicha plantilla “al entender que era preciso complementar algunas de las respuestas en la primera confeccionadas”.

La Fiscalía señala que la plantilla de corrección inicial “filtrada” a los aspirantes seleccionados “contenía varias erratas”, de manera que “los aspirantes beneficiados con la filtración de la plantilla de corrección copiaron todas estas erratas y algunas otras peculiaridades que contenía esta plantilla en sus respuestas al supuesto práctico, así como otras que contenía la plantilla complementaria elaborada”.

“OPACIDAD ABSOLUTA”

“Para garantizar la opacidad absoluta en el proceso, todos los componentes del Tribunal decidieron que la lectura del ejercicio del caso práctico no se llevara a cabo por el aspirante en lectura y audiencia pública, sino por ellos mismos a puerta cerrada”, asevera el fiscal, que sostiene que, tras la realización de las pruebas y “conociendo la manifiesta injusticia de la resolución”, el superintendente y varios miembros del Tribunal firmaron el acta y resolución finales declarando superada la prueba y aptos a los 17 aspirantes mencionados.

Entre los opositores beneficiados por la “filtración” figura el hijo del delegado y responsable de ventas de una empresa suministra ropa a la Policía Local de Sevilla, “beneficiaria de la adjudicación de diversos contratos para el suministro de vestuario” para la Policía Local de Sevilla de 2007 a 2013.

Por lo que respecta al proceso selectivo de 56 plazas, el Tribunal estuvo conformado por el superintendente, tres vocales, un suplente y, actuando como secretario, un funcionario del Ayuntamiento, destacando que “la principal novedad para esta convocatoria era la entrada entre los miembros del Tribunal de dos funcionarias de la Junta”, a cuya instancia se decidió que el caso práctico se leyera por cada opositor en audiencia pública y no a puerta cerrada como en la primera oposición, “lo que dotaba al proceso de mayor transparencia”.

El fiscal asevera que a la oposición “concurrían determinados aspirantes a los que, por razones de vínculos de amistad, familiares o sindicales, había intención premeditada de favorecer y de aprobar” por parte del superintendente “con independencia de sus méritos y aún cuando dicha resolución fuera injusta”.

Según el Ministerio Público, y en lo que se refiere al tercer ejercicio de esta convocatoria, “que era el único en el que podían favorecer a los opositores seleccionados”, el superintendente y otro acusado “idearon una filtración selectiva dirigida únicamente a aquellos opositores aspirantes a los que tenían intención de favorecer”, de forma que “revelaron con antelación al examen 80 respuestas del cuestionario tipo test” a 16 opositores.

“Conociendo la injusticia de la resolución”, el superintendente y otros tres miembros del tribunal aprobaron y firmaron el acta del resultado de la prueba tipo test, “que incluye como aprobados a los 16 beneficiarios de la filtración”, asegura la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que, de los 37 aspirantes presuntamente beneficiados, un total de 32 obtuvieron plaza “con manifiesta injusticia”, los que les ha reportado un “beneficio económico” que va de los 65.886,48 a los 79.679,09 euros, según el caso.