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La fiscalía pide que se investigue a cuatro ediles del PP de Vera por “no devolver” móviles y tabletas

Europa Press

La fiscalía ha solicitado a un juzgado de Vera (Almería) que abra procedimiento penal para investigar la supuesta no devolución por parte de cuatro concejales del equipo de gobierno del PP entre 2011 y 2015 de los móviles y tabletas de los que se les hizo entrega durante el anterior mandato para el ejercicio de su cargo. En su denuncia, considera que los hechos comunicados por el actual equipo de gobierno, liderado por el alcalde Félix López (PA), podrían ser constitutivos, sin perjuicio de una posterior y más depurada calificación, de presuntos delitos contra la administración pública.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, apunta a la supuesta comisión, bien de un delito de malversación de caudales públicos, bien de apropiación indebida “por haberse quedado con esos bienes muebles”, propiedad del Ayuntamiento de Vera, “que recibieron por razón de sus cargos y que no han devuelto, una vez cesados en ellos y pese haber sido requeridos al efecto”.

El fiscal pide al instructor de Vera sobre el que recaiga por reparto la incoación de diligencias previas que tome declaración en calidad de investigados a los cuatro cargos denunciados, dos de ellos actualmente en la oposición mientras que los otros dos no han repetido como concejales. Interesa, asimismo, que se tasen los “móviles y los equipos informáticos referidos” en la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Vera, al que, por otra parte, hace ofrecimiento de acciones para que se persone en la causa como perjudicado.

El ministerio público, que remite a los juzgados de Vera 40 folios de documentación, pide que declare el procedimiento complejo para que el plazo de instrucción se fije en 18 meses dada “la diferente documentación y periciales que durante la instrucción habrán de incorporarse, la existencia de varios hechos punibles y la existencia de varios investigados”.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que la decisión de llevar a la fiscalía los hechos se adoptó en el seno de una junta de gobierno celebrada el 13 de agosto de 2015 y de acuerdo al informe elaborado por los técnicos en los que se informaba de que, al cesar de sus cargos, cuatro ediles no habían hecho entrega de los dispositivos electrónicos “de última generación”, que consta que sí retiraron “porque hay acuses de recibo”.

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