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Las reformas de Gallardón, nuevas piedras en el camino de la lucha ecologista

Hasta ahora, las ONGs ecologistas tenían derecho a la asistencia jurídica gratuita. La Ley de Tasas Judiciales, por primera vez, incluye a estos grupos. 

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha elevado una queja de oficio a la Defensora de las Cortes Generales, Soledad Becerril, por considerar que esta ley "bloquea la actividad judicial de las asociaciones ecologistas". 

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite que las organizaciones ecologistas ejerzan de acusación popular como venían haciendo. 

Grupos ecologistas acusan a Gallardón de desplazarles con sus reformas legislativas

El hotel Algarrobico es uno de los casos más emblemáticos de la lucha ecologista en los tribunales.

Es difícil estimar el coste de los 16 procesos judiciales que Greenpeace mantiene abiertos en todas las instancias, desde lo contencioso administrativo al Tribunal Supremo, en relación al proyecto hotelero de El Algarrobico en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería. ¿A cuánto hubiera ascendido la factura de las tasas judiciales en caso de que tuvieran que pagarlas?, y sobre todo, ¿habrían podido hacer frente a esos gastos? Estas preguntas, que hasta el año pasado eran hipotéticas, son hoy la realidad del día a día de los departamentos legales de las principales organizaciones ecologistas. 

"Nos quieren quitar de la circulación". Así de tajante se muestra Mario Rodríguez, director de Greenpeace. Tanto la nueva Ley de Tasas Judiciales como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal afectan directamente a la actividad judicial de los grupos ecologistas. La primera porque incluye a las asociaciones en defensa de la naturaleza, que hasta ahora se beneficiaban del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La segunda porque, según el Informe de Expertos encargado por Ruiz Gallardón, podría evitar que las ONGs ecologistas puedan formar acusación popular. 

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha elevado una queja de oficio a la Defensora de las Cortes Generales, Soledad Becerril, por considerar que la Ley de Tasas Judiciales "bloquea la actividad judicial de las asociaciones ecologistas". En el documento, la entidad muestra su "seria preocupación" dado el "retroceso sobre el camino ya andado" que supone el que se impongan determinadas tasas judiciales al acceso a la justicia "a quienes han demostrado ya una gran eficacia en la defensa del derecho a un medio ambiente adecuado para toda la ciudadanía". Además, sugiere a Becerril que las asociaciones ecologistas queden exentas a la hora de litigar, como venía haciéndose.

Desde el Ministerio de Justicia explican que "el anteproyecto de ley de acceso a la justicia gratuita contempla que las asociaciones de interés público que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en defensa de su objeto social podrán beneficiarse de la justicia gratuita". Una medida que a los ecologistas les parece insuficiente y discriminatoria. Según Rita Rodríguez, responsable del departamento legal de WWF, "si una ONG tiene insuficiencia de recursos prácticamente está muerta, no tiene proyectos. Entonces tampoco tendrá capacidad de ir a los juzgados". 

¿Conservar una playa virgen o arruinarse económicamente? 

¿A cuánto ascienden hoy las tasas de una demanda como la interpuesta por Ecologistas en Acción de Andalucía en relación al proyecto urbanístico de Valdevaqueros? Según Ecologistas, a unos 440 euros. Pese a que en este caso la cifra pueda parecer asumible, lo cierto es que muchos grupos ecologistas como los anteriormente citados u otros como WWF,  SEO Bird-Life o Amigos de la Tierra han desempeñado un papel fundamental en la protección y la conservación del medio ambiente ejerciendo como acusaciones populares en múltiples causas y, ahora, las facturas se acumulan. La rotura de la balsa de lodo tóxico de Boliden Apirsa en Aznalcóllar; en el entorno de Doñana, la construcción de viviendas en el Parque Natural Sierra de las Nieves o el complejo hotelero de Malcucaña-El Palmar en Vejer de la Frontera, Cádiz, son algunos ejemplos de los últimos años. "Muchos de los grupos locales o provinciales se juntan con un buen número de procesos y los costes pueden llegar a ser muy cuantiosos", sostiene Juanjo Carmona, abogado expero en materia medioambiental. "Para las asociaciones pequeñas es un desastre", afirma. Según Carmona, "sólo el grupo provincial de Sevilla de Ecologistas en Acción tiene abiertos 13 expedientes en lo que va de año y cinco recursos en lo contencioso administrativo. Al final eso supone unos 5.000 ó 6.000 euros, lo que es un dineral", explica.

Los portavoces de estas organizaciones han comenzado a replantearse muchos procedimientos e incluso piensan en instrumentos de financiación colectiva, como el crowdfunding. "Nosotros nos dedicamos a realizar proyectos de mejora y conservación del medio ambiente y, hasta ahora, a eso hemos dedicado nuestro presupuesto. No contemplábamos partidas judiciales", cuenta Rita Rodríguez de WWF. Esta organización interpuso el año pasado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el dragado de profundización del río Guadalquivir. Rita Rodríguez explica así cómo les afecta la Ley de Tasas: "Esta ley trata igual a una entidad sin ánimo de lucro que vela por los derechos constitucionales de la ciudadanía que a una entiendad mercantil. Es decir, pone al mismo nivel los intereses comunes con los intereses de unos pocos". Mario Rodríguez, de Greenpeace va más allá: "Está claro que tendremos que estudiar en qué procesos nos podemos meter o no". "Aunque poco tendremos que hacer si finalmente no podemos ejercer como acusación popular", concluye. 

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