El Gobierno andaluz congela la inversión pública para 2019 por “falta de tiempo para ejecutar” sus obras en seis meses
“Seis meses es muy poco tiempo para presupuestar obra pública y ejecutar lo presupuestado”. Los Presupuestos andaluces de 2018, prorrogados en el presente ejercicio, recogían una partida para inversión pública de 3.709 millones de euros, un 1,2% más que el año pasado. Es decir, un 2,2% del Producto Interior Bruto (PIB) regional. “Una consignación ridícula que no contribuirá a generar empleo”, en palabras del PP, hace sólo unos meses, cuando estaban en la oposición.
El nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ultima las cuentas autonómicas para 2019, su primer presupuesto, con idea de prorrogar esa cifra (que tanto criticaron desde la oposición) para así concentrar el aumento previsto del 5% en sanidad, educación y políticas sociales. La Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo, ha introducido un “cambio técnico” en el borrador de los próximos Presupuestos que permitirá pagar la inversión pública prevista con fondos europeos, ahorrándose los recursos propios inicialmente pensados para infraestructuras, explican desde el Ejecutivo andaluz.
La titular de Fomento, Marifrán Carazo, compareció este martes por primera vez tras el Consejo de Gobierno, pero evitó explicar la parálisis de la inversión pública para este ejercicio. La confirmación vino del departamento de Bravo, que es quien cuadra ingresos y gastos. “La inversión pública se mantiene prácticamente en la misma cifra” que en 2018 (la variación es inferior al 1%), según fuentes de Hacienda, sin precisar si la cantidad disminuye o aumenta levemente.
El “cambio técnico” que suplirá una partida de gasto por otra en los Presupuestos de 2019 se explica en el aumento del 6,6% de los fondos europeos que recibe la Junta, que dan más oxígeno al Gobierno de Juan Manuel Moreno y le permiten “reprogramar” algunas partidas del presupuesto inicialmente financiadas con recursos propios. En el caso de las infraestructuras, son más de 100 millones que antes salían de las arcas de la Junta, y ahora provienen de Bruselas. Este ajuste financiero ha ayudado al Ejecutivo andaluz a lanzar el mensaje, en plena campaña para las municipales del domingo, de que van a aprobar “el presupuesto más social de la historia de Andalucía”.
Medio año, poco tiempo para ejecutar
El sacrificio de la inversión pública para 2019 tiene cierto sentido dentro del ajustado calendario presupuestario: las cuentas llegan al Consejo de Gobierno en fase de anteproyecto de ley la semana que viene, y previsiblemente serán aprobadas a mediados de julio, si PP y Ciudadanos logran convencer a Vox de que les conceda su apoyo. Se avecina una negociación dura en la que los populares tendrán que sentarse en dos mesas paralelas, una con sus socios de Gobierno (Cs) y otra con sus socios de investidura (Vox), cuidando los equilibrios para garantizar la estabilidad de la recién inaugurada legislatura. Si el primer Presupuesto andaluz del centro derecha sale adelante, entrará en vigor muy entrado en verano.
Casi simultáneamente el consejero de Hacienda habrá empezado a diseñar las cuentas de 2020, las primeras para un ejercicio completo y, por tanto, donde esperan depositar todas las promesas políticas vertidas en campaña electoral. Para 2019, Bravo ha pedido contención y cierta resignación a los consejeros, para 2020 espera abrir la mano. En esta estrategia, el gasto para infraestructuras ha quedado jibarizado en el presente ejercicio porque, según fuentes de Hacienda, “en los últimos cinco meses del año no da tiempo a arrancar un proyecto de obra y terminarlo antes del 31 de diciembre”. “Lo normal es prorrogar el gasto de inversión pública, porque lo importante no es programar obras sino ejecutarlas. Si presupuestamos mucho para 2019, en enero o febrero del año que viene el PSOE nos reprochará en el Parlamento que dejamos sin ejecutar el 80% de esa partida”, admite el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.
Hasta la fecha, el PP siempre ha arremetido contra el anterior Gobierno socialista por la escasa inversión pública que apareció en los Presupuestos andaluces durante los años de la crisis. El PSOE prefería entonces preservar las políticas sociales en unos años de clara contención del gasto público. Los de Moreno, en cambio, reprochaban a la ex consejera de Hacienda, María Jesús Montero, su falta de perspectiva, tras recordarle que “la inversión pública generaba empleo y el empleo es la principal política social”. Sin embargo, el nuevo Ejecutivo de PP y Cs también está haciendo bandera contra la falta de ejecución presupuestaria.
Bravo esgrimió unos números demoledores en el Parlamento contra el anterior Gobierno socialista, al que acusó de dejar sin ejecutar casi la mitad de la inversión consignada entre 2013 y 2018. Un 47% de las inversiones presupuestadas en estos años quedó sin ejecutar, es decir, “el Gobierno anterior prometió a los andaluces 9.930 millones de euros más en inversión de lo que realmente ejecutó”, le espetó Bravo a su antecesor socialista, el ex consejero de Hacienda Antonio Ramírez de Arellano.
También Carazo se ha referido este martes al Plan de Infraestructuras impulsado por el Ejecutivo de Susana Díaz (PISTA), con un periodo de ejecución de 2016 a 2020 y un presupuesto de 1.300 millones de euros. A 31 de diciembre pasado, se había ejecutado sólo el 44% de las inversiones, 580 millones de euros, ha denunciado la titular de Fomento. Sólo se ejecutó el 1,3% en áreas logísticas, el 27% en puertos y el 22% del Plan Andaluz de la Bicicleta. En cuanto a las medidas para el transporte de personas, se puso en marcha sólo el 4% de lo plasmado en el PISTA. En el ámbito exclusivo de inversiones de la Consejería de Fomento, el nivel de ejecución del presupuesto en vigor está en el 54%: de 487 millones de euros, se ejecutaron 262 millones, según datos del departamento de Hacienda.
