El Gobierno central pospone sin fecha un convenio para ampliar la protección de víctimas de maltrato

25 de noviembre de 2013. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jorge Zurita, del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, pronuncia en Sevilla una conferencia en el 'IV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres', organizado por la Junta. Durante su intervención anuncia que Andalucía será la primera comunidad en integrarse en el sistema informático del Gobierno de protección a víctimas de violencia de género. La mirada cómplice entre los altos cargos de la Consejería de Justicia reflejaba la satisfacción por el anuncio, esperado desde hacía tiempo, y por el consecuente acuerdo. Pero hasta la fecha, ni se ha suscrito el convenio ni hay fecha prevista para ello.

La base de datos 'Viogen', como se le denomina técnicamente, es una aplicación informática del Ministerio de Interior que integra los recursos operativos para asistir a las mujeres víctimas de violencia de género y que aglutina la información generada por las instituciones y organismos que intervienen en la protección y seguridad de las víctimas (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía, jueces, Instituciones Penitenciarias, unidades de coordinación y de violencia sobre la mujer y servicios sociales).

La importancia del acuerdo entre Junta y Gobierno reside precisamente en que permitiría la conexión de 'Viogen' con la aplicación del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de la Consejería de Justicia e Interior, facilitando a los múltiples agentes implicados compartir de manera inmediata la información sobre las medidas judiciales de protección que se acuerden respecto a víctimas de malos tratos, mejorando la eficacia y coordinación entre ellos.

Más de seis meses después de aquel anuncio en el marco del congreso regional, el acuerdo sigue sin rubricarse. Parece cuestión de “casar agendas”, según señalan fuentes gubernamentales. Porque dos ministerios (Interior y Sanidad) tendrían que ser los firmantes, junto a la Consejería de Justicia de la Junta y, si el convenio se firmara en Andalucía, como parece previsible, la delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, Carmen Crespo, según marca el protocolo. Se da la circunstancia añadida de que, una vez suscrito el convenio, los trabajos de integración conllevarían en torno a seis meses, indican desde la Consejería.

Un acuerdo varias veces aplazado

Según argumentan fuentes de la Junta, “no existe ningún motivo por el cual no podamos firmar el convenio ya, puesto que los trabajos previos están realizados”. La Consejería de Justicia e Interior añade que la interconexión que se alcanzaría en virtud del acuerdo interinstitucional es “fundamental” para su proyecto de detección precoz y “para garantizar de manera adecuada la protección y seguridad de las víctimas”.

La historia del perseguido convenio se alarga en el tiempo. Fuentes de la Consejería recuerdan que “la firma del acuerdo estaba prevista para primeros de año. Después de varios correos electrónicos donde nos decían la posibilidad de firmar con Carmen Crespo, nos pusimos desde los gabinetes a concretar y y se fijó el día 3 de marzo; en ese momento suspendieron la firma y nos remitieron de nuevo al Ministerio para firmar con Interior el día que ya nos avisarían”. En la siguiente comunicación “nos indican que además del Ministerio de Interior también firma la ministra Ana Mato; la directora general de Violencia de Género de la Consejería ha mandado una carta y correos para ver cuándo se podía proceder a la firma y no han contestado”.

Desde el Ministerio de Interior, tras varios intentos de eldiario.es/andalucia para conocer los motivos del retraso o si existe alguna previsión de suscribir el convenio, derivaron la posición oficial del Ejecutivo a la Delegación del Gobierno desde donde, igualmente después de diversas tentativas, indicaron que el convenio está “en marcha” y que “sólo se trata de cuadrar agendas” ya que “tienen que firmar dos ministerios”, confirman.

Pero tampoco dan fecha ni aclaran los motivos de los aplazamientos, queriendo dejar claro a través de un comunicado reciente que la voluntad del Gobierno es “ratificar el convenio tan pronto como sea posible” y defendiendo que ha sido el Ministerio del Interior el impulsor de la elaboración del convenio con el objetivo de implantarlo en todas las comunidades autónomas, según se recoge en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-16 impulsada por el Ministerio de Sanidad. El caso es que varios meses después del aviso, no hay acuerdo.

Una interconexión “muy necesaria”, según la Junta

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, decía recientemente en una respuesta parlamentaria que Junta y Gobierno llevan trabajando más de dos años para conectar la aplicación del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección con el sistema 'Viogen' gestionado por la Secretaría de Estado de Seguridad. “Todo está dispuesto” para su materialización, lamentaba el responsable de la materia en Andalucía. Según De Llera, “la interconexión de los dos sistemas es muy necesaria por cuanto que establece un canal rápido, seguro e integrado” de comunicación entre todos los agentes implicados.

A través de la aplicación 'Viogen' se realizan las valoraciones del riesgo de la víctima de sufrir una agresión y se adoptan las medidas de protección necesarias, implantando un sistema de alertas que permite, según los protocolos establecidos, reaccionar de forma rápida. En el sistema interactúan más de 37.000 agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Instituciones Penitenciarias o Unidades de Coordinación, con formación y habilitación específica, que realizan una valoración del riesgo de la víctima de violencia de género que se incorporan al atestado policial y se comunican a la autoridad judicial y fiscal.

El Punto de Coordinación de Órdenes de Protección de Andalucía de la Consejería es el primero en España que notifica de forma telemática dichas medidas a las entidades que dan protección social a las víctimas de violencia de género, prestándoles información, asesoramiento y acompañamiento durante el proceso judicial al que se enfrentan. La intención ahora es ponerla en conocimiento inmediato de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de Instituciones Penitenciarias y de los operadores judiciales (fiscales y jueces). Pero para eso es necesario un convenio que no llega.