El Gobierno andaluz descabeza la cúpula “política” de la agencia IDEA tras hallar 1.260 millones en ayudas a empresas sin ejecutar
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha descabezado de un solo tajo la cúpula directiva de la agencia IDEA, un instrumento de la Junta para fomentar el desarrollo económico de la comunidad a golpe de ayudas, préstamos y avales a pequeñas y medianas empresas, y la captación de inversiones en el extranjero. IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) es un instrumento para dinamizar la economía andaluza con un presupuesto acumulado de 1.260 millones de euros, un dinero que el anterior Gobierno socialista tuvo parado cinco años, según denuncia el nuevo consejero de Economía, Rogelio Velasco.
IDEA también era objeto de una macrocausa judicial que investigaba a sus antiguos gerentes y responsables políticos por supuesta malversación y prevaricación y, por ello, ha sido un permanente pozo de denuncias y acusaciones de corrupción y clientelismo por parte de los populares, cuando éstos eran oposición y los socialistas gobernaban. Esa macrocausa acaba de ser archivada por la jueza instructora, María Núñez Bolaños, sin constatar indicios delictivos contra ninguno de los ex dirigentes socialistas imputados. El carpetazo del llamado Caso Avales se ha conocido minutos antes de que el Consejo de Gobierno anunciara la reestructuración íntegra de la agencia IDEA, con el nombramiento de un nuevo Consejo Rector, y el cese fulminante de sus ocho directores provinciales, cargos nombrados por el anterior Ejecutivo del PSOE “por criterios políticos e ideológicos”, en palabras de Velasco, que serán sustituidos por funcionarios de alto nivel.
El Caso Avales ha sido un caballo de batalla del PP en la oposición para denunciar la corrupción en el seno del anterior Gobierno del PSOE, al que acusaban de conceder préstamos millonarios desde la agencia IDEA a empresas afines a su ideología. Ha servido de azote a los populares hasta hace nada, incluso ya dentro del Gobierno andaluz, el presidente Juan Manuel Moreno incluía esta causa en la lista de investigaciones abiertas contra el Ejecutivo anterior por supuestos casos de corrupción. El archivo del caso viene precedido de polémica: los servicios jurídicos de la Junta, que está personada como acusación particular, apoyaron esa propuesta que habían hecho las defensas; mientras el PP, también personado, mantenía la acusación por los mismos delitos.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, no ha querido aclarar este martes si el Gobierno andaluz va a recurrir la decisión de la jueza. No se ha revelado ni la lectura jurídica que han hecho sus letrados ni la decisión política. Sin embargo, en la presentación del nuevo modelo de gestión de la agencia IDEA ya se percibe un cambio notable de registro: el PP cambia el lenguaje jurídico por el político. Donde antes se denunciaban delitos, ahora se denuncian “incompetencias” de los antiguos responsables. Todo ello, dicen, sin renunciar a recuperar por la vía administrativa más de 100 millones de euros en ayudas que se otorgaron, supuestamente, de forma irregular.
Resituados ya en la crítica política, no jurídica, el nuevo Gobierno andaluz ha presentado un plan de choque para darle la vuelta como un calcetín a la agencia IDEA. La razón de partida es que el anterior Ejecutivo socialista dejó sin ejecutar 1.260 millones de euros en ayudas para el desarrollo y la competitividad de las empresas andaluzas (un 93,58%), y que en los cajones de la agencia se han encontrado 2.600 solicitudes de ayudas pendientes de análisis, de empresas que llevaban hasta cinco años esperando. Son los datos que ha ofrecido Velasco para denunciar que “en manos del Gobierno anterior, IDEA se había convertido más en un problema que en una palanca para la economía andaluza”. La ejecución del presupuesto global para subvenciones (a través de los fondos europeos) apenas llega al 6,4%, y de los fondos reembolsables propios de la Junta entre 2010 y 2018, se dejó sin ejecutar el 63,5%.
El consejero cree que ese parón de cinco años en la concesión de ayudas puede deberse a que la agencia estaba inmersa en un proceso judicial -la causa se abrió en 2014-, pero no sólo. “Los que dirigían la agencia no tenían la preparación profesional para hacerlo, estaban ahí por razones políticas”, dice. La Consejería de Economía asegura que en IDEA había gerentes provinciales “de partido” en Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Almería y Huelva, y que en Córdoba y Cádiz están imputados en sendas causas judiciales.
El leit motiv de la reestructuración de la agencia pasa por “despolitizarla y profesionalizar a sus gerentes”. Los nuevos directivos serán seleccionados por convocatoria pública y abierta, siguiendo criterios de promoción, preparación y competitividad de los aspirantes. El nuevo secretario general de IDEA proviene del cuerpo de letrados de la Junta, “para garantizar un alto nivel de formación”. Además, se incorpora a la agencia una nueva Dirección General de Cumplimiento, un órgano que supervisará que se cumpla la norma vigente para minimizar las posibles sanciones. Este instrumento existe en el sector público y privado en empresas o instituciones muy grandes y complejas, que están sometidas a una normativa profusa y variada.
La reestructuración de la agencia IDEA incluye la reordenación de su grupo empre- sarial y la cartera de participadas. Actualmente, cuenta con 35 sociedades, de las que 18 no tienen actividad, por lo que se está estudiando una propuesta de actuaciones y operaciones para la simplificación y racionalización del entramado patrimonial. Ya ha comenzado la con- figuración de los expedientes para la liquidación de las sociedades TecnoBahía y 01IN- NOVA24H, que podrían estar resueltos en el mes de junio.
La nueva agencia IDEA, como el resto de entes instrumentales de la Junta, ya no podrá concede préstamos a cargo de sus propios fondos, como hasta ahora. El nuevo Gobierno considera que esa era una grieta por la que colaron decisiones arbitrarias del anterior Ejecutivo socialista, y ha optado por taponarla. En los Presupuestos andaluces de 2019 no está prevista la concesión de avales en la partida de gasto de ninguna agencia pública, y a partir de 2020, los entes instrumentales de la Junta perderán la autonomía financiera que ahora tienen para conceder préstamos a empresas. El nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos les va a retirar la potestad de prestar dinero a proyectos con cargo a sus propios recursos y, a partir de ahora, “un cambio normativo” en la Ley de Presupuestos les obligará a hacerlo desde el presupuesto de la consejería a la que estén adscritos. “Ahora tendrán que recurrir al fondo público andaluz para la financiación empresarial y desarrollo autonómico”, explica Bendodo.
