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El Gobierno plantea una subasta de medicamentos similar a la recurrida ante el Constitucional en Andalucía

Aquilino Alonso, consejero de Salud de Andalucía.

Lucrecia Hevia

El Gobierno ha planteado este jueves a las comunidades autónomas un sistema de compra de medicamentos a través de concurso público de precios seleccionados similar al que se lleva a cabo en Andalucía desde hace 4 años. Lo que se conoce popularmente como subasta de medicamentos, y que, paradójicamente, está recurrida ante el Constitucional por el Gobierno de Rajoy.

El borrador del proyecto habla de instaurar los precios seleccionados en determinadas “situaciones especiales”, si bien son muchos los supuestos que incluyen, como ya adelantó la prensa especializada.

Fuentes del Ministerio de Sanidad reiteran que no se trata de una “subasta”  sino de “generar un marco jurídico estable” para la compra de medicamentos en todo el Estado. No obstante, admiten que en estos supuestos “especiales” el concurso público marcaría un precio máximo para el medicamento en cuestión y los laboratorios podrían proponer precios a la baja. A los laboratorios se les va a exigir que bajen el precio de los medicamentos un 10%, ha explicado el Secretario General de Farmacia en la Ser . Es “una medida” para hacer “más eficiente” el sistema, sostiene el borrador.

Ante la propuesta, tanto los socialistas como la Junta de Andalucía no han tardado en reaccionar. Los primeros calificando de “hipócrita” la medida cuando se trata del mismo Gobierno que ha recurrido la subasta de medicamentos andaluza ante el Tribunal Constitucional.

Los segundos, en el Parlamento de Andalucía, congratulándose de que se mencione esta posibilidad porque lo entienden como la ratificación de que su método de compra de medicamentos no hospitalarios es correcto  y beneficioso para el ahorro del sistema sanitario, pero lamentando la falta de consenso del mismo y con muchas dudas sobre aspectos destacados del texto: “no es un texto de consenso, sólo se nos ha informado pero no ha habido acuerdo”.

Por eso, en la reunión previa al Consejo Interterritorial del próximo 29 de julio que se ha celebrado este jueves, la administración andaluza ha  mostrado su “disconformidad” y ha pedido la retirada del Proyecto de Real Decreto de Precios y Financiación. “Hay muchos aspectos dudosos -explican desde la Consejería- como la posibilidad de dejar fuera de la financiación los medicamentos que no se consideren sostenibles” y que, a su juicio, abrirían la posibilidad de no incluir en la cartera de servicios medicamentos como el polémico Sovaldi reclamado por los enfermos de Hepatitis C.

“El único que puede fijar los precios es el Gobierno”

Desde el Ministerio afirman que el conflicto con Andalucía está en el reparto de competencias. “El único que puede fijar precios en los medicamentos es el Gobierno”, por eso entienden que no se retirarán los recursos ante el alto tribunal si se aprobase dicho borrador. “Si se retira será por otros motivos”, aseguran.

La Junta de Andalucía, la única comunidad autónoma que de momento ha puesto en marcha un sistema de racionalización del gasto farmacéutico (como se enuncia formalmente), defiende que no invade competencias y que el Constitucional no ha paralizado cautelarmente las subastas (sólo en una ocasión pero rectificó la decisión), si bien es cierto que no hay resolución aún. De hecho, el consejero de Salud andaluz, Aquilino Alonso, mantiene que “nosotros no podemos cambiar el precio, eso es cosa del Estado”, pero “sí podemos lograr bonificaciones” de los laboratorios.

Alonso reitera que “el nuevo formato de compra es una subasta muy similar a la recurrida a la Junta, es casi una copia”. “Nos ha parecido sorprendente porque  llevan tiempo criticando la atención pública del medicamento y ahora sacan un mecanismo similar. Las diferencias se basan en los criterios de inclusión pero con los mismos objetivos, y los mismos mecanismos”. No obstante, matiza que se trata de un borrador aún y que “se habla de criterios muy generales”.

Aún así, recuerda que la Junta de Andalucía lleva ahorrados cerca de 150 millones de euros con este sistema en estos cuatro años y que el ahorro aumenta a medida que se afina el concurso. “Es un dinero que se reinvierte dentro del sistema sanitario”  y entiende que si se aplicara “en toda España, el ahorro en las arcas del Estado” sería muy alto.

De hecho, el SAS acaba de resolver la séptima convocatoria para la selección de medicamentos y ha seleccionado a 16 laboratorios, de los 23 presentados. “Concretamente, se han seleccionado un total de 74 principios activos diferentes de 54 subgrupos farmacoterapéuticos y que se encuentran en el mercado con 168 marcas o denominaciones comerciales distintas. Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, analgésicos, antihipertensivos, opioides, ansiolíticos, preparados contra el vértigo, preparados antigotosos, antibióticos, antihistamínicos, antireumáticos no esteroideos, antiulcerosos, medicamentos para el padecimiento de las vías respiratorias y antidepresivos”.

Proyecto RD Precios Financiación

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