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El alcalde de Granada, imputado por prevaricación

El juez de instrucción llama a declarar como imputado por prevaricación a José Torres Hurtado (PP).

El PSOE lo denunció por conmutar la deuda de dos promotores a cambio de solares destinados al Palacio de Hielo.

Estos dos promotores están imputados junto al ex edil de Urbanismo por ‘robar’ terrenos al Estado en el convenio del Palacio.

Uno de estos promotores acusó en el pasado a Torres Hurtado de ser responsable de dicho convenio.

El alcalde de Granada, citado a declarar como imputado por una operación urbanística

Torres Hurtado, investigado por favorecer supuestamente a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' / EFE

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha llamado a declarar como imputado por un presunto delito de prevaricación al alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), investigado por supuestamente favorecer a dos promotores inmobiliarios implicados en el 'caso Palacio de Hielo' por aceptar la cesión de solares al Ayuntamiento a cambio de perdonarles la deuda que mantenían con este precisamente por no construir el mencionado proyecto del Palacio. La información la adelantaba en su edición de este martes el diario Ideal de Granada.

En concreto, el magistrado Basilio García interrogará a Torres Hurtado el próximo 22 de julio, a las 9.00 de la mañana, acerca de su actuación en el acuerdo que canceló la deuda de alrededor de 8,2 millones de euros de dos promotores con el Ayuntamiento de Granada al no realizarse la obra del Palacio de Hielo en la zona del Cerrillo Maracena, por lo que estos nunca habían llegado a ceder al municipio los aprovechamientos correspondientes en el convenio urbanístico.

En 2011, el alcalde aceptó dos parcelas de dicho convenio a cambio de perdonar la deuda, aunque los activos de ambos empresarios ya estaban embargados gracias a una sentencia judicial, algo que el PSOE denunció por considerar que "lesionaba los intereses" del Ayuntamiento y que el juez instructor intenta aclarar, de momento imputando al regidor, a los dos promotores y a los responsables de la Caja Rural de Granada, también parte del convenio.

Robo de terrenos al Estado

El 'caso Palacio de Hielo', estrechamente relacionado con esta investigación, sentará en el banquillo el próximo mes de octubre precisamente a los mismos promotores imputados junto al alcalde, aunque no a este ni a ningún representante de la Caja Rural, y al ex concejal de Urbanismo de Granada, Luis García Royo (PP), que formó parte del equipo de gobierno de Torres Hurtado en el mandato 2003-2007.

El ex concejal García Royo y varios funcionarios del Ayuntamiento de Granada, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo y actual Jefe de Obras, Manuel Lorente, están acusados de ponerse de acuerdo con las promotoras (JJ Consulting SL y Promociones Arcomarex) así como la Caja Rural, para, en 2005, al trazar el convenio urbanístico para la construcción del Palacio, incluir como si fuesen terrenos municipales parcelas de la zona que en realidad, pertenecían al Estado, en concreto al Ministerio de Fomento y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Fue el propio Estado quién denunció los hechos, abriendo una investigación que ya había salpicado al alcalde Torres Hurtado y a la actual edil de Urbanismo, Isabel Nieto, ya que uno de los imputados –que ahora también acompañará a declarar al regidor en este nueva investigación–, el promotor José Julián Romero, los acusó de ser los responsables últimos del convenio del Palacio.

Acusaciones del promotor

De hecho, el acuerdo de compensación de la deuda de los 8,2 millones a cambio de parcelas se produjo tras una de las primeras declaraciones en prensa de Romero acusando a Nieto y Torres Hurtado de haber mantenido la validez del convenio por el que se lo embargaba más allá de las municipales de 2007, cuando García Royo fue sustituido al frente de la concejalía de Urbanismo.

Aunque el acuerdo de 2011 templó los ánimos, Romero volvió a acusar ante los micrófonos a Torres Hurtado de estar implicado en el 'Palacio de Hielo' en vísperas de las autonómicas de 2012, poco después de que Fiscalía pidiese juicio oral.

El Estado ha conseguido la anulación de al menos dos convenios urbanísticos similares más entre 2010 y 2011, en este caso en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Se trata de las parcelas conocidas como Azucarera San Isidro y Villa Pineda, la primera fruto de un convenio de 2004 que firmó García Royo y la segunda de otro de 2007 ya con Nieto como edil. Actualmente también está en los tribunales el Plan Parcial PPT-17, que el Ministerio de Fomento denunció en 2012 que contabiliza como municipales casi 4000 metros cuadrados de propiedad estatal.

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