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La Guardia Civil sostiene que ACM fue un “comodín al servicio” de Antonio Gutiérrez Limones
La extinta empresa municipal Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra e investigada por supuestos gastos privados o sin control cargados a sus cuentas, se regía por un objeto social que propiciaba su funcionamiento como un “comodín al servicio” del gobierno local presidido por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE), según el reciente atestado de la Guardia Civil. El mismo abunda en el “papel protagonista” del regidor, y candidato del PSOE para el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales, en una ampliación estatutaria de la empresa que los investigadores creen “irregular”.
En el citado atestado, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social “enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos (...), como su propio nombre indicaba”, fue ampliado dos años más tarde “de forma indeterminada”. Cabe recordar que la jurisprudencia de los tribunales “es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución”.
En el caso de ACM, según la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, “se amplió de forma indeterminada su objeto social” y “en multitud de ocasiones”, esta empresa pública era “una mera intermediaria entre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba”.
Los investigadores, en ese sentido, recuerdan que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local estipula que el objeto social de estas entidades “es gestionar servicios públicos en forma de gestión directa”, si bien ACM habría incurrido en contrataciones administrativas ajenas a la “naturaleza de servicio público”. También apuntan que “en multitud de ocasiones”, las contrataciones de ACM “incumplían la legalidad vigente en lo referente a la Ley de Contratos del Sctor Público (...), sin existir muchas veces contratos previos que avalasen la prestación del servicio”.
Por otra parte, apuntan que “nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Antonio Gutiérrez Limones un papel protagonista”.
