La Guardia Civil apunta la posible responsabilidad penal de Monteseirín y Carrillo por la 'Fundación DeSevilla'

El Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado una ampliación de atestado al juez que investiga las supuestas irregularidades en torno a la gestión de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la 'Fundación DeSevilla', en el que asegura que “en base a lo actuado hasta el momento podrían existir responsabilidades penales por parte de los patronos de la fundación que ejercieron ese cargo durante los años 2008, 2009, 2010 y parte del 2011”.

Entre los patronos en las fechas aludidas, se encontraban el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, en representación del Ayuntamiento hispalense, y varios concejales de este partido, como Emilio Carrillo o Alfonso Mir.

En esta segunda ampliación de las diligencias entregada al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, los agentes del Instituto Armado aseguran que los patronos referidos “eran sobradamente conocedores de la situación económica” de la fundación, “como se ha puesto de manifiesto en las actuaciones policiales, y no tomaron las medidas que solucionaran las deficiencias detectadas año tras año”.

Así, “desde el momento que tenían la información y sus votos en las sesiones del Patronato eran determinantes para continuar o no con esa línea de actuación que ha desembocado en la apertura de diligencias previas”, apunta la Guardia Civil, que investiga en esta caso posibles delitos societarios contra la hacienda pública y seguridad social.

En esta causa permanecen imputados el exprimer teniente de alcalde y actual concejal de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos; Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento durante el anterior mandato, y el exdirector gerente de la fundación Miguel López Adán.

En este sentido, los agentes concluyen que “de lo actuado hasta el momento se desprenden evidentes responsabilidades en la gestión” de la fundación por parte de López Adán, en calidad de gerente, “en los años objeto de investigación”, así como de Carlos Vázquez, “miembro de la comisión ejecutiva del Patronato, vicepresidente de éste y persona que presidía habitualmente las sesiones en las cuales se informaba a los demás patronos de la situación de la fundación y donde se aprobaban las cuentas de los años anteriores y los presupuestos para los posteriores”.

Análisis de las subvenciones

En la ampliación del atestado inicial, los investigadores analizan los distintos expedientes que dieron lugar a la concesión de subvenciones a la fundación, así como las actas de las sesiones que entre junio de 2007 y junio de 2011 se llevaron a cabo, tanto por la Junta de Gobierno como por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en las que se adoptaron acuerdos referidos a la fundación.

De este modo, analiza las actas de 16 sesiones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento celebradas en dicho plazo temporal, presididas por el exalcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, con Torrijos como secretario, en las que se aprobaron distintas propuestas de subvenciones solicitadas a favor de la fundación “sin tenerse en cuenta” los informes de la Intervención Municipal.

La Guardia Civil hace referencia a varios subvenciones recibidas por la fundación “que supusieron una deuda a las arcas municipales” de 935.890,16 euros, destacando en este punto el expediente de subvención 98/08, un caso que guarda “un acentuado paralelismo” con la aprobación por la Junta de Gobierno Local el 30 de diciembre de 2009 de una subvención a favor de la Fundación DeSevilla por importe de 713.315,82 euros --expediente 37/09.

Y es que, en ambos casos, “se adelantó el 75 por ciento de la subvención; se pidieron ampliaciones de los plazos de justificación de los proyectos recogidos en sendos expedientes, y en ambos caso finalmente no se justificaron cantidades de dinero ya recibidas por la fundación, ni se reintegraron ni se tiene constancia documental de que, por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, se acordaran medidas legales tendentes a la recuperación de ese dinero público”.

“Serias discrepancias” de la intervención

A ello se suma que, en ambos casos, “la Intervención General del Ayuntamiento informó planteando serias discrepancias con los expedientes instruidos”.

“La Junta de Gobierno” que aprobó el expediente 37/09, “al igual que en las múltiples ocasiones que la Intervención General informó negativamente sobre aspectos de otros expedientes de subvenciones, estaba o tendría que estar al corriente de estos informes, por consiguiente hizo caso omiso al contenido de sus conclusiones, lo cual debió ser una práctica habitual durante el periodo objeto de análisis, aprobándose una y otra vez las subvenciones solicitadas por la fundación”, reprocha la Guardia Civil.

La Guardia Civil analiza, de este modo, todas las subvenciones aprobadas tanto por la Junta de Gobierno Local como por el pleno municipal extraordinario y urgente celebrado en abril de 2011 en el que se aprobó una modificación presupuestaria de 967.780 euros para el proceso de “reequilibrio patrimonial” de la fundación.

Tras ello, concluye que, en relación a “una inmensa mayoría de las subvenciones analizadas”, el interventor o el viceinterventor realizaron informes donde “recogían conclusiones sustancialmente discrepantes con ciertos aspectos reflejados en los convenios de colaboración objeto de las subvenciones”, a pesar de lo cual “en la inmensa mayoría de las ocasiones las subvenciones fueron aprobadas sin ser tenidos en cuenta éstos” informes de la Intervención.