Montero confirma a la Junta andaluza que “no puede compaginar” los fondos del FLA con captar recursos en los mercados

Andalucía, aún bajo Gobierno socialista, incumplió por una décima el objetivo de déficit de 2018. Eso automáticamente, según la Ley de Estabilidad Financiera, la expulsó de los mercados privados, donde venía financiando parte de su deuda -en torno a 5.000 millones de euros al año- desde hacía poco más de un año. Quien notificó la expulsión fue el Ministerio de Hacienda, en manos de María Jesús Montero, ex consejera de la Junta y, a la sazón, responsable de las cuentas andaluzas de 2018, año del desvío.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno inició entonces un pulso con el Ejecutivo central, acusándole de haber “intervenido Andalucía” por un desfase en los objetivos de estabilidad heredado del PSOE. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, escribió a Montero pidiendo una solución mixta ad hoc para Andalucía, esto es, que pudiera compatibilizar los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para regiones incumplidoras, y seguir financiándose en los mercados. Bravo quería preservar la “confianza” que Andalucía inspira en los mercados financieros, que han comprado deuda imponiendo un interés bajo y a un plazo muy prolongado en el tiempo.

El consejero intuía que la ley deja poco margen para esa solución mixta, pero confiaba en que Montero encontrase una fórmula política “por el bien de Andalucía”. No ha sido así. La ministra de Hacienda en funciones ha respondido este 26 de diciembre a la carta de Bravo para trasladarle que Andalucía “no puede compaginar la financiación a través del Fondo de Financiación para Comunidades Autónomas con la captación de recursos en el mercado”.

Tras agradecer al consejero que en su escrito no haya hecho alusión a la “intervención” de la Junta por parte del Gobierno de España, afirmaciones que, a su juicio, son “absolutamente desproporcionadas”, ha recordado que “no hay precedentes de que una comunidad adscrita al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) haya solicitado salir a los mercados”, informa Europa Press.

Así, le insiste en que la adhesión al FLA y la aceptación de las condiciones fiscales y financieras que se derivan de este mecanismo es “voluntaria”. En este sentido, ha detallado que algunas comunidades, “en el libre ejercicio de su autonomía, han renunciado a los mecanismos extraordinarios para financiarse por sí mismas recurriendo únicamente a los mercados financieros”.

En la carta de Montero se trasluce la confrontación que hay entre ambas administraciones. “Permíteme expresar mi satisfacción porque en tu escrito no hayas hecho alusión a la 'intervención' (...), en contraposición con algunas expresiones vertidas” por otros responsables de la Junta “en las que se llegaba a hablar textualmente de un 155 económico”, dice. Son “unas afirmaciones absolutamente desproporcionadas, alejadas de la realidad y carentes de justificación, que podrían devenir en un coste reputacional importante para Andalucía, por lo que merecen una rectificación por vuestra parte, dada la gravedad de los hechos”. Y concluye: “Andalucía no está intervenida, puede abandonar los mecanismos extraordinarios de liquidez y salir a los mercados si así lo decide, en el ejercicio de su autonomía”.

El mantra de la “Andalucía intervenida” ha estado en boca de todos los miembros de la Junta andaluza hasta que hace unos días, en una entrevista con eldiario.es, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, admitía que “no aconsejaba utilizar el término intervención. ”Andalucía no está intervenida. Intervención es cuando se produce un desastre financiero en una institución, y no es el caso“.

Montero también recuerda al consejero Bravo que Andalucía podrá volver a salir a los mercados si cumple con el objetivo de déficit de 2019, algo que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ya ha descartado. “Confío estés poniendo todo tu empeño [en cumplir con el déficit de 2019], ya que es el mejor camino para conseguir la sostenibilidad”, subraya.

La semana pasada la Junta hizo pública una carta del Ministerio de Hacienda en la que advertía a Andalucía de que no podría seguir financiando su deuda en los mercados internacionales, además de la obligación de presentar un plan de ajuste para corregir un desvío de una décima en el déficit de 2018, último año del Gobierno socialista.

La misiva ha generado una enorme pugna política entre la Junta y el Ministerio de Hacienda, toda vez que Montero fue responsable de las cuentas andaluzas de 2018, que terminaron incumpliendo el objetivo de déficit, y también quien pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que autorizase la salida de Andalucía a los mercados de deuda.